Delia Espinoza ha pasado casi tres décadas dentro del sistema de justicia peruano y tiene claro que, en este momento, ese sistema atraviesa uno de sus momentos más delicados. La exfiscal de la Nación y hoy decana del Colegio de Abogados de Lima, sostiene que la separación de poderes se encuentra bajo una presión inédita y advierte que diversas reformas impulsadas desde el Congreso podrían debilitar aún más el Estado de derecho.

En esta conversación, Espinoza analiza la relación entre el poder político y la administración de justicia, cuestiona la ampliación de la competencia del fuero militar policial para juzgar delitos cometidos contra civiles y expresa su preocupación por lo que considera un progresivo deterioro de los controles democráticos. A la vez, explica las acciones legales que ha iniciado tras su inhabilitación y expone las prioridades que busca impulsar desde el Colegio de Abogados de Lima.

Delia Espinoza ingresó al Ministerio Público en 1996 como fiscal adjunta provincial provisional. Recuerda que ese día su familia le entregó una tarjeta de felicitación donde una de sus sobrinas escribió: “Tía, felicitaciones. De aquí hasta la Fiscalía de la Nación”. Hoy, insiste en que buscará regresar al Ministerio Público. “Mientras haya vida, siempre hay esperanza”.

Como abogada y como integrante durante tantos años del sistema de justicia, ¿recuerda alguna situación en la que el Poder Legislativo haya influido tanto en los asuntos de la justicia como ahora?

Respecto a la injerencia del Congreso, por supuesto que la he visto. Ingresé al Ministerio Público en 1996, durante la dictadura de los noventa, y esa influencia era evidente. Después, a partir del año 2000, se reveló con mayor claridad lo ocurrido en el Ministerio Público, incluida la persecución de actos de corrupción cometidos por la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, y por diversos fiscales que terminaron procesados penalmente. Todo eso fue consecuencia de una grave injerencia política del poder de turno para someter la justicia, buscando impunidad, blindaje y que la ley se aplicara para unos, pero no para otros. Esa situación no terminó en 2001, 2002 o 2003. La injerencia política también se ha materializado de otra manera: al Ministerio Público no se le ha otorgado el presupuesto que, de forma técnica y sustentada, solicita año tras año. ¿Quién determina ese presupuesto? El poder político, específicamente el Poder Legislativo. Generalmente se aprueba menos de la mitad de lo solicitado. El año pasado, por ejemplo, se otorgó apenas la quinta parte del presupuesto requerido.

Donde no existe una verdadera democracia, la justicia se debilita. La democracia exige que se respete la separación de poderes. Cuando esa separación desaparece, el sistema de justicia se debilita y comienza la persecución de operadores de justicia.

Ese debilitamiento impide contar con suficientes fiscales, asistentes, médicos legistas, peritos, personal especializado y logística para brindar una correcta administración de justicia. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial. ¿Sabía usted que hay audiencias programadas hasta el año 2028? ¿Qué clase de justicia es esa?

Cuando los procesos demoran tanto, la verdad termina escapándose. El testigo ya no quiere acudir, fue intimidado o corrompido. El agraviado deja de creer en la justicia. Los peritos ya no recuerdan los hechos. Todo eso termina provocando el archivo de los casos.

Por eso la injerencia política es peligrosa. Donde no existe una verdadera democracia, la justicia se debilita. La democracia exige que se respete la separación de poderes. Cuando esa separación desaparece, el sistema de justicia no solo se debilita, sino que además comienza la persecución de operadores de justicia. Primero fueron los fiscales y ahora son los jueces, simplemente por hacer correctamente su trabajo, aplicar el control difuso o perseguir el delito.

Mientras tanto, otros fiscales, que tienen carpetas vinculadas a casos de cuello blanco, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, criminalidad organizada o nexos con corrupción política, permanecen en sus cargos. Parece que ese es ahora el requisito para mantenerse en funciones. Es el mundo al revés.

Pareciera que no existe forma de frenar esa injerencia del Poder Legislativo en el sistema de justicia. ¿Hay alguna manera de ponerle un límite a esta injerencia?

Hasta el 28 de julio, con el Congreso que tenemos, la situación es realmente muy grave. Este Congreso es el origen de todo lo que estamos comentando. Ha actuado en clara coordinación —por no decir contubernio— con la Junta Nacional de Justicia, que empezó conmigo cuando decidió apartarme con argumentos totalmente ridículos y continúa persiguiéndome. También está el Tribunal Constitucional, que ya ha mostrado su verdadera cara. Hablo de la mayoría de sus integrantes, porque considero que el magistrado Manuel Monteagudo es el único que mantiene una posición verdaderamente honorable. A ello se suma un defensor del pueblo que, en mi opinión, no defiende a nadie.

Con ese escenario institucional, lo único que queda es esperar pacientemente. Tengo esperanza en el nuevo Congreso. Además, dado que la señora Keiko Fujimori será la próxima presidenta. Ella tiene una oportunidad de oro para hacer las cosas bien. Si gobierna con una mirada democrática, respetando los derechos humanos, el Estado de derecho y la institucionalidad, puede marcar una diferencia. Espero, además, que no pretenda retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque eso solamente lo hacen los Estados dictatoriales, no los democráticos.

Pero lo que usted plantea parece un acto de fe. El discurso que ha sostenido y el comportamiento de su bancada no parecen orientarse hacia ese camino.

Puede parecer así, pero hay un detalle importante. Las personas que votaron por ella no lo hicieron para tener un gobierno que concentre todo el poder ni para permitir abusos o arbitrariedades. La ciudadanía votó, sobre todo, porque está desesperada por recuperar la seguridad. Está cansada de las extorsiones, de los sicarios y de la delincuencia.

Pero también existe un enorme malestar porque muchos altos funcionarios del poder político nunca enfrentan verdaderas consecuencias legales. La ley se aplica con firmeza al carterista, al ladrón de celulares o al estafador. Sin embargo, cuando los delitos involucran a las más altas autoridades, la población percibe que no existen sanciones. Eso también espera la ciudadanía: que haya justicia para todos.

En nombre de la seguridad ciudadana no se puede sacrificar la democracia. Ya vivimos algo parecido durante la época del terrorismo. Nadie desconoce el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero también hubo una estrategia equivocada que arrasó poblaciones enteras bajo la lógica de que, si entre los muertos aparecían dos o tres terroristas, el objetivo estaba cumplido. Esa no es la manera de enfrentar un fenómeno criminal.

Ahora bien, en nombre de la seguridad ciudadana no se puede sacrificar la democracia. Ya vivimos algo parecido durante la época del terrorismo. Nadie desconoce el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero también hubo una estrategia equivocada que arrasó poblaciones enteras bajo la lógica de que, si entre los muertos aparecían dos o tres terroristas, el objetivo estaba cumplido. Esa no es la manera de enfrentar un fenómeno criminal.

Lo mismo ocurre hoy con la inseguridad ciudadana. La población no va a tolerar que empiecen a morir justos por pecadores ni que se gobierne con discursos de barrer o eliminar personas calificándolas de prevaricadores o enemigos. Eso no es democrático: siembra odio, polarización y discriminación. En esa línea, el Congreso aprobó en segunda votación la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal para que los hechos cometidos por militares o policías, incluso cuando ocurran en la vía pública o involucren lesiones o muertes de civiles, sean conocidos por el fuero militar policial. Desde mi punto de vista, esa norma es inconstitucional desde el inicio, porque vulnera el artículo 139, inciso 1, de la Constitución, que establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. La función de juzgar corresponde al Poder Judicial. Excepcionalmente puede existir justicia arbitral o militar. La justicia militar existe para conocer delitos de función: por ejemplo, una deserción en un contexto bélico o durante el servicio militar. Pero un homicidio, unas lesiones o cualquier delito común cometido contra un civil no constituyen delitos de función. Cuando la víctima es un civil, ese caso no puede quedar sometido a la jurisdicción militar.

Desde el Colegio de Abogados, ¿hay algo que se pueda hacer para prevenir, anular o contrarrestar este tipo de leyes?

Sí. Lo primero, y ya lo he encargado, es emitir un pronunciamiento de total rechazo frente a esta evidente inconstitucionalidad. En segundo lugar, vamos a evaluar una demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, tengo dudas y desconfianza respecto al Tribunal Constitucional. Por eso esa decisión será evaluada con la Junta Directiva.

Existe una tercera alternativa que resulta más práctica, aunque no pueda impulsarse de inmediato porque el Congreso actual simplemente la archivaría: presentar un proyecto de ley ante el nuevo Congreso para derogar esta norma. Personalmente me inclino más por esa opción, porque una demanda de inconstitucionalidad podría significar perder tiempo y esfuerzos. Podrían mantenerla durante meses sin resolverla o darle la espalda, como ya ocurrió con la ley de lesa humanidad, la ley de extinción de dominio y otras normas similares.

Y, por supuesto, es fundamental que la ciudadanía permanezca alerta. Hay muchas formas de manifestarse: a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, mediante intervenciones públicas. La población debe ser una voz constante y vigilante, porque el poder pertenece a todos y el país también. Guardar silencio frente a estos riesgos termina siendo una forma de complicidad.

Pensemos, por ejemplo, en el caso del menor de Manchay, que murió con evidentes signos de tortura. Si esta ley llega a promulgarse, ese caso probablemente pasaría al fuero militar policial. Y eso es gravísimo. Incluso los procesos que actualmente ya se encuentran en trámite dentro de la justicia ordinaria podrían terminar siendo trasladados al fuero militar si el investigado plantea una contienda de competencia. Imagínese lo que ocurriría con los casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales. También pasarían al fuero militar los procesos por graves violaciones cometidas entre las décadas de 1980 y 2000, el caso del menor de Manchay, Cotabambas, los cinco jóvenes deportistas y muchos otros. Eso sería un verdadero descalabro.

Si esa norma finalmente entra en vigencia, creo que estaremos dando pasos muy serios hacia una dictadura. Por eso insisto en que el nuevo Congreso debe tomar una decisión firme y detener todo lo que se viene haciendo. Si las agrupaciones políticas que han logrado la reelección deciden continuar por el mismo camino, el país puede convertirse en una olla de presión.

Ante el escenario que usted describe, ¿cómo entiende hoy el rol de la decana del Colegio de Abogados?

Para mí representa una verdadera ráfaga de aire fresco, no solamente en lo personal, sino para todos los abogados. La votación que recibí fue muy amplia y la interpreto como un mensaje muy claro de mis colegas. Creo que el respaldo que recibí me brinda tranquilidad, confianza y seguridad para asumir este momento. Basta aplicar un razonamiento elemental para comprender qué significa defender la democracia: exigir separación de poderes, equilibrio, autonomía institucional, Estado constitucional de derecho y respeto por los derechos humanos.

Cuando alguno de esos elementos comienza a debilitarse, inevitablemente empezamos a desplazarnos hacia el otro extremo, que es la dictadura. ¿Y qué caracteriza a una dictadura? La arbitrariedad, los abusos, las persecuciones, la utilización del sistema judicial para perseguir selectivamente a determinadas personas, las desapariciones, las detenciones sin debido proceso. También desaparece la tolerancia. En democracia uno puede discrepar. Podemos discutir, pensar distinto e incluso hacerlo con intensidad. En una dictadura eso no existe. Se impone la voluntad del gobernante o del grupo que concentra el poder y quienes piensan diferente deben callar, exiliarse o desaparecer.

Por eso yo veo dos escenarios muy claros a partir del 28 de julio. El primero sería que se corrija buena parte de todo lo que se ha venido haciendo mal: que se deroguen las leyes que favorecen la impunidad, que se atiendan realmente los problemas de seguridad ciudadana, que se legisle mejor y que el nuevo gobierno asuma con responsabilidad la defensa de la institucionalidad. Ese sería el escenario deseable.

El segundo escenario es que todo lo que este Congreso ha venido haciendo —y que considero actos preparatorios— continúe. Hace más de un año dije que los golpes de Estado ya no necesariamente requieren tanques en las calles. Hoy los golpes de Estado ocurren lentamente. Se va tomando el control de una institución, luego de otra, se van copando espacios de poder hasta cerrar completamente el círculo. Y creo que hoy prácticamente ese círculo ya está cerrado.

Si el nuevo gobierno decide continuar por ese mismo camino, el país terminará convirtiéndose en una olla de presión. Por eso ruego sinceramente que se produzca el primer escenario. Ojalá nos equivoquemos quienes hoy advertimos estos riesgos. Serán los hechos los que finalmente hablen.

Usted ocupa un cargo muy expuesto como el decanato del Colegio de Abogados y, si se concreta ese segundo escenario que usted describe, ¿no siente algún temor?

Sí, claro que existe preocupación. Pero hay algo muy importante: yo no estoy haciendo nada malo. No estoy enfrentándome a nadie por razones personales. No insulto ni critico sin fundamento. Todas las críticas que formulo están sustentadas estrictamente en el derecho. Cito los artículos de la Constitución, las convenciones internacionales y las normas aplicables. Como abogada y decana del Colegio de Abogados, tengo la obligación de hablar desde el conocimiento jurídico. Nuestro deber es ser la voz y la conciencia jurídica de la nación, actuar con prudencia, respeto y altura, y convocar a la defensa de una verdadera democracia.

Como abogada y decana del Colegio de Abogados, tengo la obligación de hablar desde el conocimiento jurídico. Nuestro deber es ser la voz y la conciencia jurídica de la nación, actuar con prudencia, respeto y altura, y convocar a la defensa de una verdadera democracia.

¿Temor? Claro que existe. Pero mientras tenga la conciencia tranquila de que estoy trabajando por mi gremio y por el país, ese temor no puede paralizarme. También tenemos una responsabilidad hacia la sociedad. Por eso emitimos pronunciamientos y concedemos entrevistas como esta, porque debemos seguir haciendo pedagogía ciudadana. Es importante que la población comprenda cómo funciona el Estado, para qué sirve la Constitución y por qué es importante defenderla. Tenemos que seguir explicándolo y permanecer atentos frente a leyes como la que acaba de aprobar el Congreso.

Yo estoy tranquila porque estoy actuando en defensa de la democracia y del Estado de derecho. Además, continúo impulsando mis procesos legales para regresar al Ministerio Público. No solamente como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación, porque fui apartada de ese cargo de manera absolutamente irregular.

Ya se publicó oficialmente su inhabilitación. ¿Cómo recibe esa decisión? ¿Qué caminos legales le quedan? ¿Existen todavía instancias nacionales o solo queda acudir al sistema internacional?

Ya mismo presentamos la demanda de amparo. Ya estaba prácticamente lista, pero como durante el día se publicó oficialmente mi inhabilitación en el diario oficial, incorporamos ese nuevo hecho antes de presentarla. Mi abogado, el doctor Rodolfo Pérez, la presentó el mismo día. Voy a agotar absolutamente todas las vías internas. Así como antes logré que se declarara fundada una acción de amparo contra la primera inhabilitación, ahora vamos a cuestionar esta segunda decisión. Existen vulneraciones constitucionales y afectaciones a mis derechos fundamentales: al debido proceso, a la imparcialidad y a otras garantías.

¿Sabe a qué le tengo más miedo? A traicionar mis propias convicciones. Desde muy niña fui educada por mis padres —que fueron maestros— en el respeto por los valores, por la rectitud y por la integridad moral. Sé perfectamente que existen riesgos, y son riesgos importantes. Pero yo no le he hecho nada a nadie.

Jamás le he faltado el respeto a ningún político. En cambio, sí he recibido todo tipo de agravios. Me han dicho ignorante, que no doy la talla, que no sirvo para el cargo y muchas otras cosas. Las opiniones pueden existir. La difamación es otra cosa. Por eso me vi obligada a iniciar acciones legales contra el señor Rospigliosi, porque también tengo derecho a defender mi honor y mi dignidad frente a afirmaciones absolutamente falsas.

Y si esa acción de amparo no prospera, ¿el único camino sería acudir a instancias internacionales?

Exactamente. Primero debe agotarse toda la vía interna. Eso significa llegar hasta el Tribunal Constitucional. Una vez agotado ese camino, corresponde acudir al sistema internacional. Yo voy a seguir cada una de esas etapas. Siento que Dios me ha puesto en este camino. Tal vez por eso hoy estoy en el Colegio de Abogados. He encontrado muchísimo trabajo por hacer y me siento satisfecha con lo que estamos impulsando. También sé que estos procesos legales demoran. Lo único que espero es que no exista interferencia política en mis casos.

También confío en que el nuevo Congreso deberá llamar a rendir cuentas tanto a la actual Junta Nacional de Justicia como al Tribunal Constitucional. Ambas instituciones tendrán que explicar por qué han actuado como lo han hecho. Lo mismo ocurre con el defensor del Pueblo. Todos ellos deberán explicar por qué han dejado de lado la Constitución.

Pensaba justamente en ese escenario más complejo. Si se agotaran las instancias nacionales y, además, el próximo gobierno cumpliera con retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿cuáles serían los principales riesgos?

El mayor riesgo sería que las autoridades nacionales retrasen deliberadamente los procesos judiciales hasta que el retiro del Perú del Sistema Interamericano se concrete. Esa podría ser una maniobra. Según entiendo, ese procedimiento toma alrededor de dos años desde que se denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso estamos trabajando para que nuestros procesos avancen con la mayor rapidez posible. Necesitamos agotar la vía interna mientras el Perú todavía forme parte del sistema. Después ya no existiría otra posibilidad de acudir a una instancia internacional. Y solo quedaría esperar que, en algún momento, la democracia se recupere. Ojalá nunca tengamos que llegar a ese punto.

Si las circunstancias lo permitieran, ¿cuáles son las principales iniciativas que quisiera impulsar desde el Colegio de Abogados?

Lo primero sería insistir en la derogación de las llamadas leyes procrimen. Yo prefiero llamarlas leyes proimpunidad. Ese será uno de nuestros principales planteamientos.

También impulsaremos la derogación o reforma de normas relacionadas con la protección de la Amazonía y leyes que afectan gravemente el medio ambiente, así como la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú, que es un tema pendiente. Representantes de distintos sectores, incluso de otros colegios profesionales, buscan que el Colegio de Abogados impulse iniciativas legislativas. Tenemos esa atribución constitucional y queremos ejercerla.

Otro tema prioritario es la Constitución. Después de tantas reformas, considero que la Constitución de 1993 ha sido desfigurada. Se ha convertido en una especie de Frankenstein. Por eso creo que debe recuperarse el referéndum constitucional, para que la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución. No puede ser que, después de que la ciudadanía rechazó la bicameralidad y la reelección en el referéndum de 2018, esos cambios terminarán aprobándose mediante mecanismos parlamentarios. Esas decisiones corresponden al soberano, no a 130 congresistas. Cuando no existe vocación democrática, la voluntad popular deja de importar.

Cuando empezó su carrera profesional, ¿qué buscaba? ¿Qué esperaba del Ministerio Público?

Ingresé al Ministerio Público en 1996 como fiscal adjunta provincial provisional. Seis años después, en 2002, luego de concursar ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, obtuve la titularidad como fiscal provincial. Recuerdo que cuando ingresé como adjunta era un cargo provisional y podían retirarme en cualquier momento.

[Desde el CAL] impulsaremos la derogación o reforma de normas relacionadas con la protección de la Amazonía y leyes que afectan gravemente el medio ambiente, así como la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú, que es un tema pendiente. Representantes de distintos sectores, incluso de otros colegios profesionales, buscan que el Colegio de Abogados impulse iniciativas legislativas.

Pero desde ese primer día empecé a ilusionarme. Tenía muchos planes, muchas ganas de aportar al país, especialmente en la lucha contra la corrupción. Fui avanzando paso a paso. 

Cuando quedó vacante la Fiscalía de la Nación, postulé. Mis colegas me eligieron. Y, sinceramente, sentí que era la gran oportunidad de mi vida. Llegué con un programa de trabajo muy sólido, con muchas ideas y con enormes ganas de transformar la institución. Lamentablemente, ese proyecto quedó truncado. Eso es lo que más pena me produce. No tanto por mí. Me duele por el Ministerio Público, pues estábamos haciendo las cosas bien. Estábamos limpiando la institución, en el buen sentido de la palabra: retirando progresivamente a quienes no debían permanecer allí, siempre respetando el debido procedimiento. Sin embargo, todo volvió atrás. Todo regresó prácticamente a foja cero. Han retornado personas muy cuestionadas, con denuncias y antecedentes que todos conocen. Ese retroceso es lo que realmente me duele.

A pesar de todo eso, ¿usted sigue teniendo fe en el Ministerio Público?

Claro que sí. A las instituciones se les respeta y también se les puede querer. Las críticas deben dirigirse contra las malas personas, no contra las instituciones. No todos los fiscales son iguales. Hay muchos fiscales provisionales que trabajan con enorme dedicación. También hay fiscales titulares muy comprometidos.

Ahora bien, si hablamos de la actual Junta de Fiscales Supremos, mi opinión es distinta. Ahí considero que todos tienen responsabilidad. Creo que muchos han preferido preservar su zona de confort. Y yo sostengo que, si uno es fiscal o magistrado y no tiene el valor de defender la autonomía de su institución ni la independencia de sus colegas, entonces debería dedicarse a otra actividad. Hay quienes ingresan porque el sueldo resulta atractivo, pero la verdadera vocación es otra cosa. Cuando uno ama su profesión, la defiende. Cuando solo se ama la comodidad o la estabilidad, el compromiso institucional desaparece.

Aun así, sigo queriendo profundamente al Ministerio Público. Allí pasé los mejores años de mi vida profesional. Mantengo la convicción de que voy a regresar. Tarde o temprano voy a volver. Confío en que el Estado de derecho terminará imponiéndose.

En estas circunstancias, esa confianza es también un acto de fe

Absolutamente. Mientras haya vida, siempre hay esperanza. Tengo una familia maravillosa que nunca me ha soltado la mano. Y también recibo muchísimo cariño de la gente y ese cariño alimenta el alma. Da fuerzas para seguir adelante.

¿Ese respaldo no la anima a participar en política?

Hoy no lo tengo previsto. Quizá cuando me jubile, después de regresar al Ministerio Público. Nunca hay que decir nunca. Pero mi prioridad sigue siendo volver a la Fiscalía, terminar mi gestión en el Colegio de Abogados y continuar la defensa de mis derechos para regresar como fiscal de la Nación. Voy a hacer respetar ese derecho. Pase lo que pase.