El 24 de noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, fue asesinado mientras investigaba el homicidio de comuneros atribuido al grupo subversivo Sendero Luminoso, en la provincia de Huanta, región Ayacucho, en el contexto del conflicto armado interno en el Perú.

Bustíos viajaba en motocicleta junto a su colega Eduardo Rojas Arce cuando ambos fueron interceptados por una patrulla del Ejército peruano. Rojas logró huir pese a resultar herido, mientras que Bustíos fue alcanzado por disparos. Según la investigación judicial, cuando aún se encontraba con vida, los militares colocaron una granada sobre su cuerpo, provocándole la muerte.

Tras su asesinato, su esposa, Anita Patiño, y sus hijos asumieron un papel central en la defensa de su memoria y en la búsqueda de justicia. Durante más de tres décadas impulsaron acciones legales, acompañaron el proceso judicial y mantuvieron vigente el recuerdo de Hugo Bustíos frente a los intentos de impunidad y olvido. Su perseverancia fue determinante para que el caso continuara siendo investigado y para que los responsables fueran finalmente llevados ante la justicia.

Paralelamente a esta lucha, la familia ha conservado diversos objetos personales de Bustíos que hoy constituyen importantes testimonios materiales de su vida y trayectoria profesional. Entre ellos se encuentran la camisa que llevaba puesta el día de su asesinato, su cámara fotográfica y su máquina de escribir. Estas pertenencias no solo evocan su historia personal, sino también su labor como periodista de Caretas, ejercida en una de las etapas más violentas de la historia reciente del Perú.

Por este crimen, el Poder Judicial condenó en 2007 al exmilitar Víctor La Vera Hernández como coautor del asesinato. Años después, en abril de 2023, el exministro del Interior y excongresista Daniel Urresti Elera también fue condenado a doce años de prisión como coautor del homicidio, al establecerse que en 1988 se desempeñaba como oficial de inteligencia de la base militar de Castropampa, en Huanta.

Sin embargo, el proceso judicial dio un nuevo giro tras la aprobación, en 2024, de la Ley N.° 32107, que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. Diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron que esta norma podía abrir la puerta a la impunidad en numerosos casos vinculados al conflicto armado interno. En marzo de 2026, el Tribunal Constitucional aplicó esta ley al caso Bustíos, anuló la condena impuesta contra Daniel Urresti y ordenó su inmediata liberación, al considerar que el asesinato no podía ser calificado como crimen de lesa humanidad y que la acción penal había prescrito.

La decisión reavivó el debate sobre los alcances de la Ley N.° 32107 y sus efectos sobre los procesos por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ese periodo dejó cerca de 69 mil personas asesinadas o desaparecidas, mientras que organizaciones especializadas han advertido que la nueva legislación podría afectar más de un centenar de casos con sentencia firme y cientos de procesos aún en trámite.

En ese contexto, preservar la memoria de Hugo Bustíos adquiere una relevancia que trasciende el ámbito judicial. Los objetos que pertenecieron al periodista, así como la persistencia de su familia en la búsqueda de justicia durante más de tres décadas, constituyen testimonios de una historia que interpela tanto el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia como la defensa de la libertad de prensa en el Perú. Su caso continúa siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentó el periodismo durante el conflicto armado interno y de la importancia de evitar que el paso del tiempo se convierta en una forma de impunidad.