Edición N° 37 06/09/2022 Entrevista

Fabiola Muñoz: “seguimos mirando a la Amazonia como algo distante. Nuestro territorio es una gran oportunidad para el desarrollo del país”

Juan Takehara Mori

Por: Juan Takehara Mori

Periodista, encargado de prensa en IDEHPUCP

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El Perú posee la segunda extensión amazónica más amplia del mundo después de Brasil. Sin embargo, la deforestación en el bosque amazónico parece aumentar cada año indiscriminadamente. A ello, hay que sumarle el daño ambiental ocasionado por factores que van desde la tala y la minería ilegal y la poca gestión de residuos hasta la falta de protección territorial para los pueblos indígenas. MEMORIA conversó con la abogada Fabiola Muñoz, exministra de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (2019–2019) y exministra del Ambiente del Perú (2019–2020), sobre los problemas de la Amazonía vinculados con el cambio climático y la desprotección de los derechos humanos y sobre cómo lograr una agenda ambiental que involucre a la ciudadanía.

Tras el derrame de petróleo que ocurrió en enero de este año en Ventanilla, ¿considera que el actual gobierno ha tomado más en cuenta su agenda ambiental?

El tema ambiental no es prioritario en la agenda país. El problema del cambio climático es un tema clave para un país con una gran diversidad como el Perú, sin embargo, se están tomando decisiones sin incorporar el componente ambiental. Creo que eso es un error. Para lograr priorizar una agenda debes tener un liderazgo dentro del Ejecutivo que pueda hacer que todos los sectores incorporen esa dimensión ambiental en sus decisiones y eso es algo que no estamos viendo.

Incluso con decisión política, tendríamos aún el problema de que la justicia ambiental en nuestro país es bastante precaria.

En muchos casos hay desinformación y falta de capacitación sobre cómo los temas ambientales deben ser abordados en los procesos. Alguna vez discutí sobre cómo valorar la información de lo que significa el daño ambiental. No es lo mismo cortar un árbol en tu jardín que ingresar a un área natural protegida y derribar un árbol que tiene 500 años y que, además, es parte de un ecosistema que decides proteger. Si alguien entra a un museo y se roba un huaco, todos sabemos que es un delito grave porque es un patrimonio que se ha estandarizado en el imaginario como algo valioso, pero no parece haber la misma idea interiorizada cuando se roban recursos de un área natural protegida. Nos faltan criterios definidos por la autoridad para capacitar a los operadores de justicia. Muchos de estos casos están vinculados a la deforestación, la afectación del patrimonio del capital natural, en otros al tráfico de tierras que, en determinadas zonas, tienen un impacto brutal. No solo está el tema de la minería ilegal, sino el uso de algunas prácticas no permitidas y ambientalmente equivocadas. Son varios los elementos en diferentes espacios y actores que requieren cierto nivel de especialización, información y estandarización que actualmente no existen. Hay todavía un camino largo por recorrer.

Sobre la investigación tras el derrame de petróleo, la exministra indicó que “El Estado no generó canales de transparencia que permitieran que la información llegase a las y los ciudadanos.”


El impacto ambiental en la Amazonía es muy grande. No se está tomando en cuenta lo importante que
es la aplicación de la consulta previa.

Seguimos mirando al mundo de la Amazonía como algo distante. No hemos sido capaces de comprender que la complejidad de nuestro territorio es a la vez una oportunidad extraordinaria para la economía, el empleo, el turismo o incluso la medicina. Tenemos una diversidad de plantas medicinales que no estamos aprovechando como deberíamos. Eso puede dar empleo y producir divisas. Por otro lado, los defensores y defensoras ambientales son las personas que están más cerca y luchan a diario, pero no necesariamente tienen ni las condiciones ni el reconocimiento del Estado o suficientes recursos para hacer una tarea de manera segura. Con respecto a la consulta previa, estamos perdiendo una gran oportunidad. Yo he aprendido muchísimo en los procesos de consulta previa en los que he participado. Es una herramienta que ayuda a prevenir conflictos, pero también a potenciar la inversión si realmente la aplicamos de buena fe, respetando al otro y a la otra.

Los candidatos, en general, no están informados sobre temas ambientales y cómo estos temas se cruzan con el resto de las propuestas. Para un alcalde o un gobernador regional, pensar en economía circular hoy debería ser clave.”

Con respecto a la biodiversidad, no se ha actualizado la ley de áreas naturales protegidas y la aplicación de su reglamento.

Esta ley que mencionas tiene oportunidades de mejora. Hay que detectar esas oportunidades y ver cómo pueden ayudar a dinamizar la economía. Por ejemplo, en áreas naturales protegidas puedes tener contratos de administración para la gestión del área, pero solamente con entidades que no tienen fines de lucro. La cooperación es cada vez más escasa para iniciativas como estas. Sin embargo, el sector privado está más comprometido con los emprendimientos sostenibles. Si cambiáramos la ley, podríamos brindar la oportunidad a que empresas del sector privado – con sus requisitos y salvaguardas necesarias – puedan asumir la gestión de áreas naturales protegidas y tener modelos tan exitosos como el de la Huaca Pucllana, que es un restaurante privado pero los recursos que genera van, también, para investigación y puesta en valor de este espacio. Hay fórmulas que tendríamos que mirar, todo el tema de residuos sólidos. La norma se modificó, pero todavía no se ha reglamentado para que sea obligatoria la segregación de residuos en la fuente. Yo puedo tener la idea en papel, pero necesito reglamentarla de tal manera que las y los ciudadanos realmente entendamos que es nuestra primera responsabilidad reducir los residuos y la segunda es segregarlos adecuadamente. Acabo de estar en la Expoamazónica y, al ingresar, escuché un camión con música y a las personas que trabajan en el servicio de recojo de residuos que decían “hoy recojo de residuos orgánicos”. Eso quiere decir que es un municipio que recoge de manera segregada los residuos. ¿Por qué esto no lo podemos tener en la mayoría de ciudades del país? Es un tema de decisión y de generar las condiciones para implementarlas.

En el caso del acuerdo de Escazú, ¿qué cree que faltó desde el Ejecutivo para lograr su implementación?

Escazú es un proceso que empezó hace bastante tiempo. Desde el Ministerio del Ambiente no supimos – me incluyo porque me tocó la etapa de la firma – involucrar activamente a los gobiernos regionales en el pasado, a las autoridades locales y a la ciudadanía en general. No solo se debe informar. Dar a conocer el proceso es una parte de la tarea – que tampoco se hizo de manera efectiva-, pero además de eso se necesita involucrar a los ciudadanos, convertirlos en actores activos de estos procesos, conseguir que se sientan dueños del tema. El gran reto son los cambios de autoridades. Yo puedo involucrar al gobernador de turno, pero cambia el gobernador y el que viene ya no está interesado. Necesitamos procesos que sean institucionales. No basta publicar informes diciendo que estamos negociando el acuerdo de Escazú por si alguien tiene alguna observación. Eso es parte de la tarea, pero no es la tarea completa. Estos procesos deben crecer desde abajo y creo que eso es algo que todavía no hemos aprendido a hacer desde el Ejecutivo. Otro elemento es que hay mucha desconfianza y hay muchos intereses. Honestamente, yo he leído y releído el acuerdo de Escazú y no se me ocurre que alguien pueda interpretar este texto diciendo que estamos renunciando a la soberanía del país. Hay quienes dicen que “es un acuerdo donde el Perú renuncia a su soberanía”. Habría que preguntarse qué intereses están detrás de que el Estado no tenga una política más activa para proteger a los defensores ambientales, defender los derechos indígenas, el territorio y el capital natural.

“Los indicadores de deforestación en el país están creciendo muchísimo, especialmente en la Amazonía. Son números que se han incrementado notablemente durante la pandemia”, afirma Muñoz. Foto: Inforegión


¿Considera que
el combate a la minería ilegal es casi una batalla perdida? 

Soy optimista por naturaleza. No estamos siendo conscientes del impacto que tiene, no solamente para la biodiversidad, sino para las personas mismas, en relación con la pobreza, problemas con la salud pública, la trata de personas, etc. Me parece muy importante que el Estado retome el principio de autoridad. No puede ser posible que la ilegalidad le gane a la autoridad. Hay que generar una estrategia que busque dar oportunidades. Muchísima gente no quiere vivir metida en el lodo, corriéndose de la policía dentro de una actividad ilegal. Quieren oportunidades, y el Estado se las podría dar trabajando de manera articulada y si entendemos que la recuperación económica postcovid tiene que incorporar una dimensión ambiental y que cada empleo que se genere tiene que ser un empleo más verde de lo que hubiera sido hace cinco años.

El derrame fue una desgracia que al menos debió generar un movimiento donde la ciudadanía asumiera el rol activo y reconociera que ella también es importante y tiene poder”.

Se vienen las elecciones municipales y regionales, y pareciera que el recojo de la basura, el alumbrado y la seguridad del barrio fueran todo lo que se puede pedir a los candidatos.  

Los candidatos, en general, no están informados sobre temas ambientales y cómo estos temas se cruzan con el resto de las propuestas. Para un alcalde o un gobernador regional, pensar en economía circular hoy debería ser clave, al igual que pensar en un enfoque de gestión integral del territorio tanto en zonas urbanas y rurales. La cantidad de áreas verdes que tenemos es bajísima en comparación con otros países. El uso eficiente del agua y recursos cada vez se necesitan más en las ciudades. No creo que estemos haciendo la conexión adecuada entre estos elementos; pensamos todavía en el concepto de basura en vez de pensar en residuos. La basura puede ser un problema, pero los residuos son una oportunidad.

Usted estuvo casi un año como ministra en el Ministerio del Ambiente. ¿Qué problemas encuentra en el hecho de que el ministro o ministra dure solo unas cuantas semanas? 

Cada cambio es algo que no dinamiza la gestión, sino que la hace más lenta. El que está entrando debe empaparse de lo que está pasando: eso significa una etapa de aprendizaje, pero también una etapa de inseguridad para la entidad.

Actualmente, ¿qué información debe solicitar la persona que ingrese a dirigir el Ministerio?

Los indicadores de deforestación en el país están creciendo muchísimo, especialmente en la Amazonía. Son números que se han incrementado notablemente durante la pandemia. Esto es algo que debemos mirar pronto junto con los otros sectores para generar una estrategia multisectorial que permita controlar la deforestación. Otro tema a priorizar: no estamos avanzando en la reducción de emisiones. Todo el tema de la electromovilidad es algo que debemos seguir avanzando. El chatarreo se ha detenido. Ahí vemos oportunidades que deberíamos impulsar. Toda la gestión de residuos, en realidad, la economía circular es un tema que se debería priorizar.

¿Diría que a raíz del derrame de petróleo en Ventanilla el gobierno desperdició una oportunidad para generar un sentimiento integral contra los abusos ambientales?

Sí, porque la sociedad se movilizó, se interesó y se pronunció. Pero ante este interés de la ciudadanía, el Estado no generó canales de transparencia que permitieran que la información llegase a las y los ciudadanos. El derrame fue una desgracia que al menos debió generar un movimiento donde la ciudadanía asumiera el rol activo y reconociera que ella también es importante y tiene poder. Nunca debió haber sucedido; pero ya que sucedió al menos se debió haberse manejado de distinta manera.