Reacción frente a la pandemia COVID-19: Gobierno y Estado foráneos en el propio país
Por: Jacqueline Fowks
Periodista
Las primeras reacciones del Gobierno de Martín Vizcarra para asistir a los afectados por la crisis del COVID-19, −cuarentena y toque de queda establecidos a mediados de marzo− hicieron explícito que los tomadores de decisiones no incorporan aún en su visión a sectores de la sociedad que fueron los más afectados en los 20 años de violencia 1980-2000: pobres urbanos, comunidades campesinas andinas, pueblos amazónicos. También fue dejado de lado un nuevo grupo social vulnerable que es parte del país hace tres años: los inmigrantes venezolanos.
En el día 67 de la emergencia por el COVID-19, un hombre de unos 50 años con la mirada hacia un punto indefinido, camina por la avenida Guardia Civil de Lima a media tarde, a unas cuadras de clínicas privadas limeñas. Lleva una mochila pequeña y vacía, una banderola de tela blanca y una pizarra en la que con tiza blanca mojada ha escrito que no recibió ningún subsidio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y pide algo para comer. Este ciudadano quizá confió en la solidaridad que podría encontrar en la calle, porque el Estado no funcionó para él.
Tras los cientos de quejas en los medios sociales de los ciudadanos que no recibían ni las canastas de alimentos de las municipalidades ni los subsidios previstos por el Ejecutivo, el presidente anunció el bono universal«
Las primeras respuestas que ofreció el Ejecutivo para paliar el frenazo económico iban destinadas a ciudadanos con CTS y afiliados a las AFP, y también a las empresas con personal cuyo sueldo fuera menor de 1.500 soles.
También anunció 30 mil millones de soles destinados a que el Banco Central de Reserva garantice créditos destinados a mantener la cadena de pago de las empresas. Los créditos tardaron en estar disponibles para la pequeñas y microempresas; primero fueron ofrecidos a las grandes corporaciones. Un informe de Ojo Público reportó que compañías con ingresos anuales mayores de 60 millones de soles recibieron el 36% de los créditos, y las micro y pequeñas empresas representaron el 11% de los préstamos bancarios.
El Midis primero anunció el bono 360 para los pobres, luego el Ministerio de Trabajo se encargaría de otro pago a los “independientes”, que luego el presidente llamó también “informales”. Semanas después, a raíz de preguntas de la prensa acerca del abandono del sector rural, el mandatario anunció un bono rural para unas 600.000 familias. Y finalmente, tras los cientos de quejas en los medios sociales de los ciudadanos que no recibían ni las canastas de alimentos de las municipalidades ni los subsidios previstos por el Ejecutivo, el presidente anunció el ‘bono universal’, para quienes no hubieran recibido los anteriores.
Aunque varios medios han difundido que las familias no seleccionadas para el ‘bono familiar universal’, pueden inscribirse en la web registronacionaldehogares.pe para ser evaluadas, hay dos problemas distintos. La plataforma colapsó y no funcionó las primeras 48 horas. Segundo: el ministerio indica que es solo un registro para complementar, modificar o validar datos.
Muchas personas que intentaron registrarse se quedaron esperando un sms para “completar el proceso” y se quejan en los medios sociales de la imposibilidad de “inscribirse” para que evalúen su caso, tal como la ministra y la viceministra del Midis lo han ofrecido en entrevistas en los medios de comunicación.
Al consultar al ministerio sobre los reclamos ciudadanos y la duda de si la plataforma permite a los no seleccionados que se inscriban para ser evaluados para el bono universal, la respuesta llegó en el lenguaje gris de la burocracia: “El registro nacional de hogares es una plataforma para validar, complementar y/o actualizar información del hogar, la cual tiene carácter de declaración jurada”. Preguntado un programador sobre esas funciones en una plataforma, comenta que “validar, complementar o actualizar, son verbos que no tienen que ver con ingresar (o inscribir) nuevos hogares”.
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Criterios de elección
La socióloga Marisa Glave ha cuestionado la forma en que el Gobierno decide a quiénes paga el llamado bono universal. “El problema central de la plataforma es que a quienes han ‘identificado’ como beneficiarios en otro bono, no los dejan inscribirse. No como receptores directos, sino como supuestos miembros de familias donde alguien ya recibió. Hay un problema serio porque las tres listas previas (Yo me quedo en casa, independiente, rural) no tienen metodologías similares y han colocado a personas en familias a las que no pertenecen. Esas personas son rebotadas y no pueden inscribir los datos de su verdadera familia”, explica.“El otro problema es que personas solas, que no tienen hijos o pareja, no salen en la lista y tampoco pueden inscribirse”, precisa la excongresista.
Glave, además, asegura que el listado de beneficiarios del bono universal no supera las 900.000 familias, a diferencia de lo que informa el Midis: 1.500.000. Pasemos de los que no podrán registrarse a los que sí fueron seleccionados.
Hasta la tercera semana de mayo, un 29% de beneficiarios había cobrado el bono rural y un 83% de hogares, el subsidio ‘independiente’, destinado a 773 mil hogares»
El Gobierno anunció en abril un subsidio para los más necesitados, llamado ‘Quédate en casa’ basado en un padrón de familias existente hace algunos años que se ha ido construyendo “por demanda”, explicó la ministra del Midis, Ariela Luna, a la Comisión de Presupuesto el 19 de mayo. Las personas que en el pasado querían ser beneficiarias de los programas sociales pedían a las municipalidades ser registradas en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), y luego de una verificación de si eran pobres, pobres extremos o vulnerables, entraban al listado, añadió.
El Midis, al tomar ese padrón para asignar pagos dejó fuera a los que no fueron aceptados por el sistema y a quienes nunca hicieron el trámite. Pero, además, dejó fuera a todos aquellos que al 15 de marzo no eran pobres y que por la suspensión masiva de actividades y el confinamiento caerían en pobreza en el curso de una quincena.
Luna informó que 2’749.091 familias, solo del ámbito urbano, recibirían ese bono que empezó a ser pagado en abril. Consultado el Midis para este reportaje, informó que hasta la tercera semana de mayo, un 29% de beneficiarios había cobrado el bono rural y un 83% de hogares, el subsidio ‘independiente’ -destinado a 773 mil hogares-. Acerca del primer pago del bono urbano, para 2,7 millones de personas, la entidad precisó que fue cobrado por el 95% y el segundo, por menos del 90%.
La ministra señaló también al grupo parlamentario que el primer bono se pagaría solo en ciudades por recomendación del Ministerio de Salud, que indicó al Midis que la infección estaba solo en zonas urbanas. Cabe aclarar que ese criterio de selección no fue mencionado cuando empezaron los pagos en abril.
Al hacerse pública esa recomendación del Ministerio de Salud, en la tercera semana de mayo, parece un despropósito del gabinete entero -no solo del sector Salud- pues no fue capaz de considerar que la cuarentena, el toque de queda y el cese de actividades productivas afectaban a todos. Por ejemplo: los habitantes de comunidades amazónicas o andinas que en verano viajan a ciudades para hacer trabajos estacionales remunerados, se quedaron sin medios de subsistencia en marzo. Y por eso se convirtieron en desplazados en abril, intentando huir de las ciudades al campo.
Miles de personas vienen cobrando en el Banco de la Nación bonos por parte del Estado, sin embargo no hay una suficiente data o registro para determinar a cuántas familias realmente necesitan recibir un subsidio. (Foto: El Peruano)
Pero también hay muchos otros grupos de trabajadores a la vista, y el Ministerio de Economía y Finanzas y ningún otro ministerio hicieron algo en particular para ellos, pese a que están organizados y expresaban que no habían sido incluidos en los bonos ni en las canastas familiares: canillitas, estibadores, recicladores, emolienteros, carretilleros, heladeros, etcétera.
No todos los trabajadores de la economía informal, al que antes de la pandemia pertenecía el 70% de la fuerza laboral, son “ambulantes” como dice el documento preparado por expertos en ciencias sociales a pedido del Gobierno, que en ese aspecto tampoco aborda el tema con suficiencia. Están también los cuidadores de autos, los que limpian parabrisas, las mujeres que trabajan limpiando casas o lavando ropa a domicilio, los gasfiteros, electricistas, los mil oficios y un gran número de trabajadores a quienes el Estado no tiene en un padrón.
Debe haber un sinceramiento sobre la calidad de datos y registros que tenemos como país, en los tres niveles de gobierno. Si no se corrige vamos a arrastrar brechas de desigualdad interminable»
Estos grupos de trabajadores coinciden con el perfil de pobre o vulnerable urbano, un amplio sector que no tiene representación ni suficiente voz en una crisis sanitaria y económica como la que atravesamos: el Congreso no ha ejercido ese papel.
Tania Pariona refiere que hay dificultades para saber la lista completa de beneficiarios del bono universal. “Surge la incertidumbre totalmente lógica de si las víctimas de la violencia que no fueron beneficiados para ningún bono ahora podrán serlo. El bono universal es uno por familia. En una familia puede que sea mamá y/o papá, en condición de víctima (reconocida por el Estado). Lo real es que deberían ser atendidos uno por familia. El gran problema nacional que tenemos es en la data, los registros, los censos, que siempre tienen vicios o están mal hechos y el trabajo de cruce de información necesaria en este contexto particular. Lamentablemente, eso no permite que las focalizaciones sean las acertadas”, señala la ex congresista ayacuchana.
“El bono universal es la esperanza que tienen muchas familias, y la demanda de los familiares de víctimas es justa. Recordemos que incluso las reparaciones están como apéndice a los programas sociales (Beca 18, Vivienda, SIS) y uno de los criterios para el otorgamiento de los diferentes bonos es que no seas parte de ningún programa social. Si se hace un cruce es posible que ellos no entren en el grupo de beneficiarios”, precisa Pariona.
“Creo que (las del Gobierno) fueron reacciones rápidas de buena intención, pero sin articulación previa, unificación de registros y criterios de atención a la mayoría de la población, que son realmente pobres. Debe haber un sinceramiento sobre la calidad de datos y registros que tenemos como país, en los tres niveles de gobierno. Si no se corrige vamos a arrastrar brechas de desigualdad interminable”, añade.
Pueblos indígenas
La miopía del Ministerio de Salud, que en marzo le dijo al Midis que solo fijara pagos a población urbana, se ha expresado también en una declaración del ministro Víctor Zamora, de que no pensaba que el virus fuera a llegar con tanta velocidad a las comunidades amazónicas. El comentario de Zamora, publicado por el diario La República el 24 de mayo, es chocante porque desde fines de marzo la prensa extranjera alertó, en las comparecencias diarias del Ejecutivo en Palacio de Gobierno, sobre los focos de contagio de pueblos indígenas, en particular en Loreto y luego en Ucayali.
Cantagallo llevaba semanas pidiendo agua potable y alimentos porque no habían resultado seleccionados para cobrar los subsidios.»
Hasta el 14 de abril, durante los balances del mandatario y parte de su gabinete sobre la pandemia, periodistas de medios internacionales preguntaron en Palacio de Gobierno cuatro veces al Gobierno si había un plan para evitar el contagio de los pueblos amazónicos y andinos. Las preguntas surgían porque las organizaciones y federaciones indígenas de la Amazonía alertaban en sus medios sociales que los comerciantes salían de los puertos de Loreto hacia las comunidades kukamas y kichwa del río Corrientes y otros, por ejemplo.
La comunidad Shipiba en Cantagallo advirtieron que los subsidios no llegaban hasta ellos, viviendo semanas sin agua potable o alimentos. (Foto: Musuk Nolte – SPDA)
Las respuestas fueron evasivas y lacónicas, por decir lo menos. Incluso la ministra de Cultura, Sonia Guillén, dio a entender que usarían las PIAS, los grandes barcos de la Marina que llevan el Banco de la Nación y otros servicios a localidades ribereñas. La antropóloga Luisa Elvira Belaúnde comentó que esas naves, por su amplio calado, no pueden entrar en esta época del año a la mayoría de los puertos de la Amazonía, pero tampoco llegarían a decenas de comunidades.
La segunda semana de mayo, luego de que se hicieron virales noticias sobre shipibos afectados por la COVID-19 -la falta de atención médica al abogado Ícaro Rawa Muñoz y el fallecimiento de tres residentes de Cantagallo con síntomas de la enfermedad-, el primer ministro Vicente Zeballos viajó a San Francisco (Ucayali) y la ministra Sonia Guillén y la jefa del comando COVID-19, Pilar Mazzetti, fueron a la comunidad urbana shipibo-konibo en Lima. Cantagallo llevaba semanas pidiendo agua potable y alimentos porque no habían resultado seleccionados para cobrar los subsidios. 476 de 656 personas fueron diagnosticadas con el virus en Cantagallo. Zeballos viajó llevando algunas medicinas y mascarillas a San Francisco.
En un hogar donde haya más de dos escolares solo llegará una tablet. ¿Cómo harán para estudiar? Pero lo que más preocupa a los padres de familia rurales es ¿Cuándo llegarán?, dado que primero se les tiene que cargar los contenidos.»
Hasta el 22 de mayo, la Red Eclesial Panamazónica calculó que 349 ciudadanos indígenas habían muerto por la COVID-19. La información les fue proporcionada por Aidesep, la principal organización que reúne a las federaciones de pueblos amazónicos en el país. Ese mismo 22 de mayo, en el día 68 de la emergencia, el Gobierno publicó recién un plan para enfrentar la pandemia en los pueblos indígenas. Ciertamente muy tarde, después de muertes que el Estado pudo evitar.
Aprende en casa, si puedes
Desde que el Ministerio de Educación decidió empezar el año escolar a distancia, con gran esfuerzo de esa entidad, de los maestros y el resto de la comunidad educativa, han surgido cientos de comentarios sobre la imposibilidad de que esa educación remota alcance a localidades sin internet, sin electricidad, o donde las radios no captan la señal de las emisoras que están transmitiendo los contenidos. También ha habido quejas de escolares cuya lengua materna no es el español, porque los presentadores de las clases -grabadas en Lima- hablan muy rápido y no se les entiende.
Si bien el ministro Martín Benavides anunció que distribuirían tablets para los escolares de las localidades donde no hubiera conexión a internet ni acceso a las clases vía televisión o radio, esto podría ocurrir -si se cumple su ofrecimiento- en junio. El 22 de mayo fueron publicados los lineamientos para la compra y para la distribución. Uno de los cuestionamientos planteados es que en un hogar donde haya más de dos escolares solo llegará una tablet. ¿Cómo harán para estudiar? Pero lo que más preocupa a los padres de familia rurales es ¿Cuándo llegarán?, dado que primero se les tiene que cargar los contenidos.
No a todos los hogares llegará el acceso a internet para seguir en línea las clases. Habrá que recurrir a la radio o a la televisión. (Foto: Andina)
Por ejemplo, Radioprogramas alertó a mediados de mayo que en localidades de extrema pobreza de Anta (Cusco) no hay señal de internet y si quisieran sintonizar la radio que transmite ‘Aprendo en casa’, los niños tienen que caminar lejos para ello.
“Preocupados por esta triste realidad en Pantipata, la comunidad de padres de familia, encabezados por su presidente Cesar López Camero, exigen a las autoridades del distrito, de la provincia de Anta, Región Cusco y del Gobierno Regional Central, atender este problema educativo que afecta a cerca de 200 estudiantes que corren el riesgo de perder el año escolar 2020. La comunidad campesina de Pantipata se encuentra dentro del mapa de extrema pobreza”, informó Wilfredo Páucar en Facebook, el 11 de mayo.
Brecha en la educación rural
La exministra de Educación Flor Pablo sostiene que en este momento nuestro país “tiene una brecha muy grande en la educación rural en la calidad y la permanencia de los estudiantes”. Y sugiere algunas estrategias para que no haya deserción y los estudiantes puedan concluir la secundaria.
“Desde abril, ‘Aprendo en casa’ ha lanzado programas en diez lenguas originarias, poco a poco han ido ampliando el número de radios locales, hay más de 50 radios locales además de la llegada de la televisión nacional, pero una cantidad de estudiantes no están logrando contactar. La recomendación es la entrada territorial porque sabemos que hay estudiantes que no se están logrando comunicar con sus maestros. Si están en contacto, puede lograrse la permanencia y la continuidad del servicio a los alumnos”, comenta la educadora.
Dentro de los más vulnerables tendría que haber una atención especial a las familias afectadas por el conflicto armado.»
“Mi recomendación es un enfoque por centro poblado, para la gestión y retención de los estudiantes: no solo para contactar a los estudiantes con los maestros -para las clases-, sino también para hacerles llegar los textos y los cuadernos de trabajo (que están en las escuelas), y la alimentación (de Qali Warma)”, añade Pablo.
Cuando el año escolar quedó suspendido, miles de alumnos que tenían como alimentación principal el desayuno escolar, se quedaron sin una cantidad importante de calorías diaria. La antropóloga Mariela Planas señala que en regiones como Loreto, de esa ración comen más personas de la familia además del escolar.
“Acerca de las familias afectadas por el conflicto armado, una recomendación es ver el programa de reparaciones y articular con las organizaciones de la sociedad civil, para verificar si están recibiendo los bonos, o las diferentes estrategias que ha anunciado el gobierno. Dentro de los más vulnerables tendría que haber una atención especial a las familias afectadas por el conflicto armado. Porque seguramente porque las razones de pobreza, y por todo lo que han pasado deben estar en la población de alto riesgo, además de que puedan no estar siendo contactados por ‘Aprendo en casa’», sostiene la ex ministra de Educación.
Las primas Carmen Huallanca y Rita Lavio, dos jóvenes profesionales, naturales de la comunidad de Canchacancha, en la provincia de Cangallo (Ayacucho) empezaron a impartir clases al aire libre para los escolares que no tienen acceso a la educación remota. (Foto: Trome)
La exministra Pablo refiere que en algunos lugares aún no ha empezado la distribución de los alimentos (víveres y no perecibles) de Qali Warma -para los escolares- porque hay temor al contagio. “Una preocupación de los directores de escuelas es que se necesita que los colegios tengan los útiles de limpieza, pero también los equipos de protección personal como mascarillas y guantes, y eso no está contemplado en los kits de limpieza que compró el Ministerio de Educación. Una mirada comunitaria y mucha articulación con los actores locales, los agentes locales y los profesores es importante. Lo más importante es que ningún niño quede rezagado en esta situación de emergencia y de cuarentena en la que estamos. Tenemos un Estado que requiere aún mirar más territorialmente”, plantea.
En este contexto, ha habido iniciativas excelentes surgidas de fuerzas e inteligencias individuales, como las de Carmen Huallanca y Rita Lavio en Cancha Cancha, Chuschi (Ayacucho), jóvenes que viajaron para pasar la cuarentena con sus familiares e identificaron a las pocas semanas que los niños no podían estudiar con ‘Aprendo en casa’ y diseñaron para ellos clases al aire libre, con distanciamiento social. Este caso fue reportado por Cuarto Poder. Otra solución en la educación rural en pandemia es la del profesor Gerson Ames Gaspar, quien camina 10 kilómetros por día para ir a las casas de sus alumnos para una “educación por delivery”, como él mismo dijo al canal de televisión Latina. Estas soluciones son encomiables, pero ellas no deben hacernos perder de vista el foco en lo estructural y en los tomadores de decisiones que tienen una responsabilidad hacia quienes se están quedando atrás, por sus acciones u omisiones.
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