Justicia que tarda…
Editor periodístico en LaMula.pe
Un registro del sentir de los familiares de las víctimas asesinadas en Cayara, Ayacucho, al escuchar la sentencia condenatoria a los militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en 1988.
Lectura de sentencia del caso Cayara en el LUM (foto: Alejandro Cotrina).
El pasado 11 de agosto, los deudos de las 39 víctimas asesinadas hace 35 años en Cayara se reunieron en Lima para escuchar la sentencia a los militares responsables de la masacre ocurrida entre mayo y junio de 1988, durante el primer gobierno del expresidente Alan García.
El Museo del Lugar y la Memoria (LUM) y sus autoridades los recibieron y acondicionaron las instalaciones del recinto para que puedan presenciar juntos la lectura de la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial.
La sentencia
Durante la audiencia, el juez Jhonny Contreras Cuzcano condenó entre 8 y 15 años de cárcel a los responsables de la matanza: Marco Llontop Jesús y Luis Castañeda Marín, como coautores del delito de homicidio calificado en agravio de Máximo Asto Palomino y otras 28 personas.
También fueron condenados a 8 años de pena privativa de la libertad los 16 integrantes de la patrulla militar Grass como autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado. Se trata de Saúl Fernández Gamboa Reynaldo, Darío Cadillo Valverde, Segundo Valentín Gómez, Eugenio Cerna Arias, Walter Sánchez Ayala, entre otros procesados.
Además de ordenar los trámites para la ubicación y captura de los sentenciados, para su posterior reclusión en el centro penitenciario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la sala determinó que todos ellos deberán pagar una indemnización de 120 mil soles a favor de los familiares de las víctimas.
El Poder Judicial reservó el juzgamiento a cinco procesados ausentes y tres reos contumaces hasta que sean habidos y puestos a disposición de las autoridades. Entre ellos José Valdivia Dueñas, jefe de la segunda división del ejército de Ayacucho y jefe político-militar de la zona, quien dejó de asistir a las audiencias hace un año y medio, por lo que fue declarado reo contumaz y sobre él pesa una orden de captura desde marzo de 2022, pero su paradero aún es desconocido.
El exgeneral del ejército José Valdivia Dueñas saliendo de la Sala Penal Nacional (foto: Wayka).
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y representante de los deudos, aclaró que no se leyó la sentencia contra el exgeneral por encontrarse ausente. “Valdivia fue condenado por otro caso y por eso pasó a la clandestinidad. No se puede condenar a una persona en ausencia, por eso ahora él está como reo contumaz con orden de captura. Una vez capturado, debe ser presentado a una sala para que escuche la sentencia”, aseguró.
“La sentencia contra Valdivia por supuesto que tiene que ser condenatoria de acuerdo a lo que se ha leído. A él se le iba a condenar”, añadió la abogada.
Otro punto de la sentencia que ha causado malestar en los familiares fueron las absoluciones a los acusados de cambiar la ubicación de los cuerpos de las víctimas con fines de entorpecer las investigaciones futuras. Al respecto, Cano manifestó que existieron diversos actos de ocultamiento y desaparición de pruebas además del central (la matanza del 14 de mayo) que no se tomaron en cuenta en la lectura.
“Al igual que en el caso Accomarca, hubo diferentes actos. Uno el central que fue la masacre más grande que ocurrió en mayo de 1988. Pero luego hubo diversos operativos para ocultar lo que pasó. Hubo todo un trabajo de ocultamiento. Que fue no solamente la desaparición de otras personas, la eliminación de testigos, sino también la desaparición de los cuerpos”, señaló la defensa de los familiares.
En efecto, ninguna de esas situaciones fueron tomadas en cuenta en la sentencia del juez Contreras Cuzcano y eso ha dejado un sinsabor en los familiares porque, si bien han condenado a los miembros del ejército responsables de la masacre del 14 de mayo, deja aún impune las desapariciones de junio, las ejecuciones de diciembre de ese mismo año, así como lo ocurrido con el asesinato de Martha Crisóstomo García, una de las testigos principales del caso Cayara, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
“Eso sí es impunidad total al decir que exhumar los cuerpos no era parte del plan criminal trazado desde Valdivia”, indicó Cano, quien además confirmó que ya presentó un recurso de nulidad contra el extremo de la sentencia que absolvió a diversos acusados.
Recorte periodístico de 1988.
La masacre de los 39 campesinos fue perpetrada en 1988 en el distrito de Cayara, del surandino departamento de Ayacucho, una de las zonas dominadas por Sendero Luminoso en ese entonces. De acuerdo a la CVR, el grupo subversivo emboscó a una patrulla militar y asesinó a cuatro soldados. En respuesta, las Fuerzas Armadas iniciaron una operación de persecución y aniquilamiento en la que participaron dos centenares de soldados.
“En el marco de la operación (de) persecución, se causó la muerte a los ciudadanos mencionados en el presente informe, sin que exista enfrentamiento, hecho que implica la comisión del delito de homicidio calificado, encubrimiento real, y el delito de desaparición forzada”, se lee en el informe de la CVR.
Durante la intervención militar, perdieron la vida las siguientes personas: Humberto Ipurre Bautista, Santiago Tello Crisóstomo, Aurelio Palomino Choccña, Julia Crisante Palomino, Esteban Asto Palomino, Emilio Berrocal Crisóstomo, Patricio Ccayo Cahuaymi, Teodosio Noa Pariona, Indalecio Palomino Tueros, David Ccayo Cahuaymi, Solano Ccayo Noa, José Ccayo Rivera, Alejandro Chocña Ore y Artemio González Palomino.
También Ignacio Ipurre Suarez, Eustaquio Ore Palomino, Zacarías Palomino Bautista, Aurelio Palomino Choccña, Fidel Teodosio Palomino Suárez, Félix Quispe Palomino, Dionisio Suárez Palomino, Emiliano Sulca Ore, Ignacio Tarqui Ccayo, Hermenegildo Apari Tello, Alejandro Echaccaya Villagaray, Samuel García Palomino, Jovita García Suárez, Justiniano Tinco García, Fernandina Palomino Quispe y Magdaleno Gutierrez Huamán.
Completan la lista Segundina Marcatoma Suárez, Gregorio Ipurre Ramos, Guzmán Bautista Palomino, Catalina Ramos Palomino, Benedicta Palomino de Ipurre, Antonio Felix García Tipe, Martha Crisóstomo García, Apolinario Quispe y Magalino Gutierrez Huamán.
Sofía Macher, comisionada de la CVR, consideró que la sentencia no cumple las expectativas de los familiares porque las penas impuestas “no son tan altas”. Manifestó, sin embargo, que esta es una confirmación de todo lo que los familiares han venido “luchando y denunciando desde el año 1988”.
“Es un proceso que no ha cubierto el total de la situación que se vivió en Cayara, porque ha sido un caso extremo de buscar encubrir lo que habían hecho los militares. Es de una crueldad tremenda rompiendo todas las reglas, la ética y los valores”, comentó Macher.
Asimismo, relató que en la inspectoría del Ejército sabían que estaban pasando de un lugar a otro los cadáveres, que habían asesinado a los testigos y aun así fueron “indulgentes en su procedimiento militar”. “Para mí, Cayara es un caso tremendo, porque no basta solo con las ejecuciones extrajudiciales, sino todo lo que sigue después de la masacre tratando de ocultar lo que habían hecho”, expresó la comisionada de la CVR.
Exigen los restos de sus familiares
Música, recuerdos, nostalgia y añoranza de justicia fue lo que más resaltó el último 11 de agosto, cuando al menos una veintena de personas —la mayoría desplazados— esperaban por la sentencia condenatoria a los responsables del asesinato de sus padres, hermanos y abuelos. El LUM fue el espacio donde los familiares de las víctimas, llegadas desde distintos puntos del país, compartieron un grato momento a la espera del inicio de la lectura.
Wilder Choccña, Leonardo Valenzuela y Pedro Valenzuela haciendo música previo a la sentencia (foto: Alejandro Cotrina).
Llegada la hora de la audiencia virtual, todos se trasladaron a un auditorio del LUM para ver juntos el momento de la sentencia. A medida que iba avanzando la lectura, los ánimos de los deudos se contagiaban de entusiasmo y esperanza. El momento cuando oyeron que dos oficiales y 16 miembros de dos patrullas del ejército serían condenados a prisión por la matanza de Cayara significó un sentimiento de satisfacción y reivindicación para su pueblo.
Así lo señaló María Luisa Ccayo, presidenta de la asociación de víctimas de Cayara, al recordar todos los años de su lucha por justicia y por deslindar de Sendero Luminoso. “Es una alegría para nosotros que después de tantos años por fin se haya podido limpiar el pueblo de Cayara y que se vea lo que siempre nuestras mamás han mantenido: Que el pueblo ha sido inocente y que los comuneros que han sido asesinados no tenían que ver nada con Sendero Luminoso”, indicó. “Porque durante muchos años no han tildado de que Cayara es una zona roja, pueblo de senderistas”, añadió Ccayo.
María Luisa, que perdió a cinco de sus familiares —entre ellos su padre y un hermano—, señaló que, si bien por ese lado la sentencia les genera satisfacción, los familiares no tienen la certeza que los condenados puedan ser capturados y detenidos para que cumplan su sentencia al haber sido una audiencia virtual.
“Esa es una desconfianza para nosotros. En algunos casos han sido absueltos y por ese lado es disconforme el sentir de los familiares, pero hemos sentido algo de alivio. Se dio una sentencia condenatoria pero no en su totalidad. El temor de los familiares es si van a ser detenidos y van a pagar o no los culpables”, afirmó Ccayo.
Además, ella expresó la preocupación colectiva de los deudos. Es evidente que la falta de información sobre cuándo les entregarán los cuerpos de sus familiares es aún un tema pendiente de la sentencia, ya que, como menciona María Luisa, existe información que los militares saben realmente el lugar donde fueron enterrados los restos de los asesinados.
“Nos preocupan también cuándo nos van a entregar los restos de nuestros seres queridos, porque ellos saben exactamente en qué lugar están y dónde los han dejado y tampoco nos han dicho en qué lugar están”, afirmó Ccayo.
“Los familiares realmente necesitamos el encuentro con nuestros seres queridos. Necesitamos darles cristiana sepultura, como se merecen. Por ese lado, nos sentimos tristes y disconformes. Y dicen que cuando la justicia demora ya no es justicia”, añadió.
Si bien María Luisa tomó a título personal este pedido, los demás familiares coinciden en la necesidad de encontrarse con los cuerpos de sus seres queridos. “Puedo hablar como hija de mi padre y decir que quiero que me entreguen su cuerpo. Que me digan dónde está para poder hacer el traslado y hacer la exhumación y la entrega”, comentó la presidenta de la asociación de víctimas de Cayara.
Francisco Jayo Huayanay, que perdió a su padre a los 11 años, relató cómo él, después de tres días, junto a su madre y otras viudas, encontraron algunos cadáveres por la zona. “Acá no nos vengan que no hubo nada porque yo soy testigo de haber visto a los cadáveres. Había cadáveres sin cabeza con los sesos por todos lados. Los habían botado en una fosa a ocho, tres, cinco de manera lamentable. Como eran madres y yo era un niño no pudimos recuperarlos en ese momento”, recordó Jayo.
Al enterarse que periodistas de Lima viajaban a Cayara a cubrir lo ocurrido, los militares decidieron mover los cuerpos de los campesinos asesinados hacia otro lugar, comentó el testigo. “Que nos entreguen los cuerpos. Los culpables saben dónde están, dónde los llevaron y donde los dejaron”, manifestó Francisco.
Alejandrina Chipana mostrando la imagen de su familiar asesinado (foto: Alejandro Cotrina).
Tras la violación del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad de las personas, también se ha transgredido el derecho a una justicia oportuna. Si bien no se ha terminado porque aún no hay una ratificación de la condena, sí ha habido una sentencia que es histórica. También es histórico el hecho de que un pueblo o una comunidad haya tenido que luchar tanto para lograr verdad y justicia”.
Otro punto de la sentencia que ha quedado en incertidumbre es la reparación civil a favor de los deudos de las víctimas. Al respecto, María Luisa Ccayo indicó que los familiares de la asociación de víctimas de Cayara esperan una “reparación digna para todos”. “Es lo mínimo que puede hacer el Estado, ya que el afecto y el cariño que nos ha hecho falta de nuestros seres queridos no tiene precio. Por mucho o poco que nos den, no será suficiente”, sentenció.
Recordó que ella perdió a su padre cuando tenía solo 6 años, por lo que siendo una niña tuvo que enfrentar la vida sin el acompañamiento de una figura paterna. “Me hizo falta bastante y, como en mi caso, hay muchos hermanos míos que quedaron huérfanos de papá y mamá”, agregó María Luisa.
Por su parte, Francisco asegura que han esperado con ansías “una justa sentencia para nosotros y para el pueblo de Cayara”. En su caso, sí tiene mayores recuerdos de su padre y describe con nostalgia la última vez que lo vio con vida. “Yo no vi a mi papá en el momento en que lo mataron, pero sí lo vi en la mañana que nos separamos, que se fue a la chacra y ya no volvió”, dijo entre lágrimas.
¿Cayara marcará un precedente?
Para la abogada Gloria Cano, la sentencia del caso Cayara se recordará por el esfuerzo del ejército de negar los hechos y montar toda una historia a fin de ocultar las pruebas. “En este más que en cualquier otro caso, hubo hasta libros y todo un esfuerzo para preservar una mentira”, manifestó Cano.
Sin embargo, consideró que la larga espera para obtener una sentencia de parte de los familiares marca una continuidad de impunidad en estos casos de violación de derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas. La abogada de Aprodeh cuestionó que se haya tenido que esperar más de tres décadas para una sentencia, cuando el propio Estado “tiene una obligación con las víctimas para que estas puedan acceder a la justicia”.
“Tras la violación del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad de las personas, también se ha transgredido el derecho a una justicia oportuna. Si bien no se ha terminado porque aún no hay una ratificación de la condena, sí ha habido una sentencia que es histórica. También es histórico el hecho de que un pueblo o una comunidad haya tenido que luchar tanto para lograr verdad y justicia”, afirmó Cano.
Sofía Macher, por su parte, cree que es absolutamente necesario que las sentencias judiciales sirvan, además de una sanción, como un registro histórico de todo lo ocurrido en el país y de esta manera enfatizar que existe una institución que tiene una deuda con los ciudadanos y ciudadanas por los actos que cometieron. “Cayara es un caso donde exageradamente ves la complicidad institucional”, remarcó Macher.
Familiares de los asesinados del caso Cayara escuchando la sentencia (foto: Alejandro Cotrina).
Además, la comisionada de la CVR indicó que este tipo de casos no son garantía de no repetición, puesto que, en muchas oportunidades, los encargados de impartir justicia omiten responsabilidades de altos funcionarios y así dejan de cumplir con su responsabilidad frente a las familias que fueron víctimas del asesinato y con toda la sociedad.
“El sentido de la justicia, además del castigo al crimen, debe ser garantía de no repetición y eso es la responsabilidad del juez. Si es que hay un presidente que no se comportó y que más bien apoyó en la impunidad, no decirlo, no comentarlo adecuadamente, es un pasaporte para que esto siga sucediendo”, comentó.
Es valioso mencionar que, en el balance sobre los casos que fueron presentados al Ministerio Público por la CVR, solo el 35% tienen sentencias condenatorias. Uno de estos ya fue absuelto y 33% de los mismos continúa en alguna etapa del proceso judicial. Este escenario se presenta a 20 años de que la CVR presentó su informe final y luego de haber entregado los expedientes directamente a la fiscalía, además de una copia oficial a la Defensoría del Pueblo.
Ante esta situación, Macher —quien fue una de las autoras del balance— resaltó la falta de un inventario en el sistema de justicia o específicamente en el Subsistema de Derechos Humanos y Terrorismo de la fiscalía. “No tenemos hasta ahora una idea clara de cuántos casos están pendientes. Yo creo que ese es un trabajo que se tiene que hacer y nos lo debe dar el subsistema del Ministerio Público, porque de esa manera nosotros como sociedad civil podemos fiscalizar esos procesos”, manifestó.
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