Visitar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión social (LUM) estos días se ha convertido para muchas personas en un ejercicio de reconocimiento individual y colectivo, especialmente tras la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de la República, momento en el que voces del nuevo gobierno se expresan a favor de reestructurar o incluso eliminar este espacio. Algunos van por curiosidad, nunca antes lo han hecho, y escuchar sobre él en medios de comunicación tradicionales o alternativos en redes sociales les llama la atención. Quieren comprobar si todo lo que se dice es verdad, si reivindica a los terroristas y los pone al mismo nivel que las fuerzas del orden. Quieren confirmar sus sesgos o desafiarlos. Otros van por miedo a que las cosas puedan cambiar en un futuro próximo, o peor aún, desaparecer. Quieren verificar que todo esté como lo recordaban de visitas anteriores y tomar nota para reclamar en caso de que el Ejecutivo decida su eliminación. Creen que será la última vez que podrán recorrerlo.

Pero el LUM siempre fue centro de controversias desde su inauguración en diciembre de 2015. Su creación significó el inicio de un intenso debate que aún no termina y que es el reflejo de un trabajo de verdad y reconciliación no concluido. ¿Cómo debe recordarse la violencia política que sufrió nuestro país entre los años 1980 y 2000? La pregunta pone sobre la mesa un tema que, incluso a quienes estamos de acuerdo con su preservación, nos enfrenta a una realidad que nos cuesta entender: no existe una sola memoria, sino muchas memorias. La forma en la que recordamos los hechos no solo puede ser diferente para las víctimas de un mismo evento traumático, sino que puede cambiar y tener un significado distinto con el paso del tiempo, el contexto personal de quien recuerda y con la incorporación de nueva información que antes no estaba disponible. La memoria tiene esa complejidad, y por lo tanto, su atención merece una respuesta que al menos intente comprenderla.

En mi más reciente visita al LUM me dio mucho gusto ver a más gente curiosa como yo, personas solas, parejas, familias con niños, grupos grandes recorriendo cada uno de los ambientes, leyendo los paneles, comentando entre sí lo que allí se decía. Aunque también me dio pena ver que faltaba mantenimiento en el espacio, varios monitores con videos de testimonios estaban apagados y algunos paneles con información importante se encontraban descascarados. A pesar de esta situación, mi visita me permitió reflexionar y entender algunas cosas: que quienes iniciaron el terror fueron, sin ninguna duda, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), lo difícil que fue al principio para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas analizar, desentrañar la amenaza y diseñar una estrategia para enfrentarla; y dónde hubo éxitos de parte de nuestras autoridades, pero también dónde se cometieron terribles violaciones a los derechos humanos.

Pero el LUM no es únicamente un museo de hechos, aunque nos ofrece una línea de tiempo de cómo el Perú llegó a sufrir este nivel de violencia. El Lugar de la Memoria es, más bien, un museo sobre las consecuencias de esos hechos. No busca que aprendamos lugares, fechas y nombres, sino que sintamos la historia a través de nuestras emociones. El LUM no cuenta solo lo que ocurrió, sino el impacto en las víctimas. Creo que este es el punto clave para comprender el verdadero objetivo de un espacio como este en cualquier parte del mundo; porque, independientemente del análisis racional que uno pueda hacer sobre hechos que son objetivos, o de la justificación que uno pueda encontrar respecto a lo que sucedió, escuchar a las víctimas es indispensable para entender la magnitud del daño y, quizás, hacer las cosas de otra manera para que no se repitan. 

Un espacio en constante cuestionamiento

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social es el resultado de un largo proceso que inició en el 2008 con la visita de la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania Heidemarie Wieczorek-Zeul al Perú. Durante su estadía visitó la muestra “Yuyanapaq: Para Recordar”, en el Museo de la Nación, que fue presentada en el año 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La muestra, una colección de más de 200 fotografías que narran de manera gráfica los 20 años de violencia que vivió nuestro país, fue tan sobrecogedora para la ministra alemana que propuso el apoyo económico de su gobierno para la construcción de un museo como los que tiene su país para recordar las terribles y dolorosas consecuencias del Holocausto Nazi.

A partir de allí, el recorrido para que finalmente el LUM se construyera fue largo y no estuvo libre de cuestionamientos. Solo un año después, en febrero de 2009, el gobierno del presidente Alan García Pérez rechazó la donación de 2 millones de dólares por parte de la Cooperación Alemana para la construcción de este espacio. Su argumento fue que ese dinero debía ser utilizado para la implementación de programas sociales. Su entonces ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, justificó esta decisión asegurando que había otras prioridades y que “las personas que quieren ir al museo, pero no comen, van a morir de inanición”. Yehude Simon, quien fue primer ministro de la administración aprista, fue mucho más enfático y dejó en claro que el Ejecutivo no rechazaba el financiamiento alemán, sino la idea de contar con un Museo de la Memoria. Esta actitud generó duras críticas de diversas personalidades políticas e intelectuales a nivel nacional e internacional, entre ellas, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. La presión forzó al presidente García a cambiar de postura y, tras una conversación con el premio Nobel de Literatura, lo designó en 2010 presidente de la Comisión de Alto Nivel encargada de orientar, organizar, supervisar y gestionar la instauración del proyecto. 

El LUM, construido en un terreno de la bajada San Martín que fue cedido por la Municipalidad de Miraflores en la gestión del alcalde Manuel Masías Oyanguren, se inauguró oficialmente el 17 de diciembre del 2015, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso.

Un par de años después, en 2017, el LUM enfrentó su primera controversia pública debido a la exposición llamada “Resistencia Visual 1992”, una muestra que buscaba rescatar los hechos que marcaron un momento clave en la historia de nuestro país, como el autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril, el atentado a la calle Tarata del 16 de julio y la captura del cabecilla senderista Abimael Guzmán el 12 de setiembre. Eran 36 grabados realizados por artistas y colectivos, quienes, desde sus puntos de vista, retrataban, además de la violencia genocida, la censura y la corrupción de aquella época. Sin embargo, un sector de la política peruana consideró que la muestra no era neutral. El entonces congresista de Fuerza Popular, Francisco Petrozzi, usó sus redes sociales para cuestionar la exposición y aseguró que trataría de “solucionar el tema”. Días después, el entonces director del LUM, el sociólogo Guillermo Nugent Herrera, renunció a su cargo tras sostener una reunión con quien fuera el ministro de Cultura, Salvador del Solar. En su cuenta de Facebook, el propio Del Solar negó un intento de censura a la muestra, la cual permaneció abierta, pero aseguró que la salida de Nugent fue de mutuo acuerdo porque ambos consideraron que, “más allá de la calidad artística de lo expuesto, la muestra despedía una clara sensación general de sesgo que no se corresponde con la que habíamos acordado buscar para el LUM”. “Abrir la posibilidad de que el LUM pueda ser acusado de ser una institución parcializada es, en mi opinión, el peor daño que puede hacérsele. Cualquier persona que haya visitado la muestra permanente puede dar fe del esmerado esfuerzo que se hace por informar al público acerca de todo, pero con el cuidado de buscar la máxima objetividad posible”, agregó en su comunicado. 

Al año siguiente, en el 2018, se produjo un episodio con el congresista de Alianza para el Progreso Edwin Donayre quien ingresó al LUM disfrazado con una peluca para realizar una grabación encubierta a una de las guías y acusarla de apología al terrorismo. Como consecuencia, la ministra de Cultura Patricia Balbuena Palacios, dispuso la separación de la trabajadora al considerar que hizo comentarios personales más allá de lo que correspondía estrictamente a su labor como mediadora. Además, el ministro del interior Mauro Medina Guimaraes, dijo que una unidad especializada de la Policía Nacional evaluaría el video del congresista para adoptar acciones junto con el Ministerio Público. La joven nunca fue denunciada formalmente por ningún delito, sin embargo el Instituto de Defensa legal (IDL), en su representación, presentó una querella contra el parlamentario Donayre por haber afectado gravemente su honor y reputación.

En 2023, horas antes de una conferencia programada en el LUM en la que Amnistía Internacional iba a presentar su informe anual sobre violaciones de derechos humanos —que incluía las protestas sociales durante el gobierno de Dina Boluarte—, la Municipalidad de Miraflores, a cargo de Carlos Canales, del partido Renovación Popular, clausuró el local de forma temporal. Según se argumentó, el espacio no contaba con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). La medida se daba luego de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del mismo partido que la autoridad miraflorina, hiciera duros cuestionamientos al LUM, pidiendo “poner orden en la narrativa”. Dos años después, en 2025, Boluarte dispuso la destitución del historiador Manuel Burga Díaz de su cargo como director del museo, sin ofrecer mayores explicaciones sobre esta decisión.

Hoy, los cuestionamientos al LUM continúan. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, propuso trasladar el espacio, que depende de la cartera de Cultura, a su sector, pues considera que al tratar temas de derechos humanos debería manejarse con un criterio técnico y sin ideologías y, por lo tanto, reorganizarse de principio a fin. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, dijo que siempre pasa por el LUM y que lo percibía como un “elefante blanco al que nadie va”, sin haber considerado las cifras oficiales que lo posicionan como el séptimo museo gestionado por el Estado con más visitas. Y el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, acusó al LUM de ser “un punto de desunión y permanente enfrentamiento entre peruanos”. Aunque negó que su intención sea cerrarlo, sí dijo que su contenido podría ser revisado. Aseguró que sus objetivos eran “lograr el perdón y la reconciliación nacional” y que había logrado “precisamente lo contrario”.

¿Pero acaso son esos los verdaderos objetivos del Lugar de la Memoria? ¿A quién realmente le correspondía lograr el perdón y la reconciliación entre los peruanos? ¿No será que le estamos exigiendo a un espacio físico cumplir con la tarea que todo un Estado no hizo en más de 20 años?

No es un museo de hechos sino de consecuencias

En una segunda visita al LUM, traté de cambiar los lentes con los que observé la exposición. Días antes se habían conmemorado los 23 años de la presentación del informe de la CVR en una ceremonia realizada en su auditorio. Un grupo de personas que se identificó como familiares de víctimas y combatientes del terrorismo ingresó a la sala para protestar contra las conclusiones de la CVR y contra la muestra. Exigían que se conformara un nuevo grupo de trabajo y se elaborara un nuevo informe que recoja lo que ellos consideran que había quedado fuera del relato, todo esto mientras gritaban “terrorismo nunca más”. Los escuché con atención; quería entender el origen de su disconformidad, de su rabia. Hice a un lado cualquier sesgo y me centré en sus voces. Una de ellas era la de Diana Jáuregui Jáuregui. 

Diana tenía 9 años cuando Sendero incursionó en Soras, su pueblo natal en Sucre, Ayacucho. Ese día murió Olimpio Jáuregui De la Cruz, su padre. “Su único ´delito´ fue liderar la resistencia del pueblo contra los senderistas”, escribió en su libro “Los Jáuregui de Soras (1920-2023). Más allá del terror, la adversidad y más cerca de la nación” que publicó en el año 2024 en colaboración con el LUM que ahora mismo cuestiona. La madrugada del 26 de noviembre de 1983 los terroristas, al mando de Víctor Quispe Palomino, alias “José”, ingresaron a la vivienda de Olimpio y lo capturaron delante de su familia. Días antes Olimpio personalmente le había reclamado por tratar de reclutar niños en la escuela. El camarada “José” lo amenazó de muerte. Tras ser secuestrado junto a otras dos personas, fue llevado a una plaza en donde Quispe Palomino lo acusó de “oponerse a la lucha armada y ser soplón”. Con un disparó en la sien, el senderista acabó con su vida.

El atentado en el que Olimpio fue brutalmente asesinado fue el primero que SL cometió en Soras, pero no es el que más se recuerda. Meses después, el 16 de julio de 1984, se produjo la masacre denominada “El Expreso de la Muerte”. Una columna de cerca de 50 senderistas asaltó un autobús de la empresa Expreso Cabanino y, con este vehículo, atravesó varios pueblos desde Sontohocha hasta Soras, derramando la sangre de decenas de personas —hombres, mujeres y niños— a quienes los terroristas asesinaron a balazos, golpes, pedradas, con picos y hachas. Fueron 117 las víctimas de ese cruento recorrido. Sin embargo, no existe en el LUM un espacio dedicado exclusivamente a lo que pasó en Soras, ni en 1984, y mucho menos en 1983, cuando asesinaron al padre de Diana. 

En una entrevista para este artículo, Diana me dijo que reclamó por la ausencia de la masacre en la exposición permanente, y que le aseguraron que la muestra iba a cambiar con el tiempo y eventualmente Soras estaría expuesto como lo están Putis y Uchuraccay. “Obviamente, porque si vamos a hablar de memoria y por ende de reconciliación, se debió haber expuesto todos los casos y además bajo el criterio de que en Perú hubo terrorismo”, me comenta. Es por ello que aceptó la propuesta de escribir el libro sobre su familia como una oportunidad para contar desde su perspectiva lo que pasó en su pueblo. “Yo con toda esperanza entré en el proyecto, pero los años fueron pasando y no cambió nada. Si bien es cierto que el libro está en la vitrina, no tiene mayor alcance, y en el museo en sí como tal, no está el caso Soras y muchos otros casos que conozco de militares y de población civil”, me dice Diana.

Si bien Soras no aparece en la exposición permanente, el LUM sí ha promovido muestras, representaciones y visitas guiadas para que el público pueda conocer lo que sucedió en ese lugar. Además mantiene en su repositorio material audiovisual e información con testimonios de víctimas de la masacre. Pero para Diana hay un asunto de forma que trasciende al fondo. “Yo pienso que debería estar más resaltado que quien empezó todo este caos fue el terrorismo, los terroristas. Y de fondo también, claro está, porque los casos de masacres a comunidades tan inocentes, indefensas, no están expuestos ahí”.

Su argumento es difícil de cuestionar al ser familiar de una víctima directa de Sendero Luminoso. Y cualquiera que vaya al LUM buscando una correlación de eventos, sin duda, lamentará la ausencia de muchos de ellos. Esto es lo que le pasó a la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán. La legisladora no había ido al LUM, pero en una entrevista aseguró que ninguna de las “verdaderas víctimas” del terrorismo se encuentra representada, y habló específicamente de Vanesa Quiroga, la joven que perdió una pierna en el atentado de la calle Tarata en Miraflores cuando tenía cinco años. La parlamentaria acudió recién al día siguiente para grabar un video y señalar lo que ella consideraba carencias en el espacio, como la ausencia de la palabra terrorismo y de más fotografías de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. 

Pero es importante señalar que las miradas de Diana y de la congresista Barbarán sobre esas ausencias parten desde lugares distintos y buscan objetivos distintos. Diana lo hace desde el dolor de una herida que no cierra, reclama visibilidad y justicia. La congresista lo hace siguiendo una consigna que solo busca confirmar sus prejuicios.

¿Pero cómo se explican estas ausencias en el relato del LUM? ¿No es acaso justo el pedido de Diana por ver su historia representada al mismo nivel que el de las otras víctimas? Le trasladé estás preguntas a Manuel Burga Díaz, director del museo entre los años 2018 y 2025. Su respuesta apuntó a la museografía, a la lógica con la que se diseñó el espacio. Me dijo que fueron tantas las familias afectadas durante el periodo de violencia entre 1980 y el 2000 que hubiera sido imposible representarlas a todas, pero que ese tampoco era el objetivo. “Todos los museos de la memoria son también de los derechos humanos porque justamente recuerdan las violaciones a estos derechos y las afectaciones a las víctimas. Son ellas las que han sufrido las consecuencias”, me explicó. Es por ello que dos de las principales salas del LUM llevan por nombre “Un pueblo, muchos pueblos” y “Una persona, todas las personas”, reflejando el carácter universal de estas consecuencias. Es decir, no es necesario que estén listadas todas las masacres y todos los testimonios de todas las víctimas, pues lo que el visitante debería entender al final del recorrido es que lo que sucedió, nos sucedió a todos los peruanos. Todos fuimos víctimas de la violencia. “De lo que se trata es que esas afectaciones sean útiles para saber la verdad, buscar justicia, que haya sanción, reparación y no repetición. ¿Cómo se puede hacer un museo de la violencia de otra manera?”, agrega Burga.

Poner a las víctimas al centro de la narrativa

“La historia la escriben los vencedores” reza una frase atribuida al exprimer ministro del Reino Unido Winston Churchill y popularizada por el escritor británico George Orwell. Por eso, más allá de las discusiones sobre lo que debería o no haber en el LUM, es importante que entendamos la perspectiva, es decir desde dónde y con qué lentes empezamos a narrar lo que sucedió. Y una víctima es alguien que perdió, aunque haya estado en el bando de los ganadores, por eso pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar su versión y conocer el impacto de la violencia en su vida.

“La perspectiva de las víctimas es poner a la víctima en el centro de la narrativa”, me dice en entrevista Julissa Mantilla, excomisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero darle centralidad a las víctimas implica no solo darles voz a través de un museo, esa es solo una parte. Implica una justicia transicional que se aplica cuando transitamos de un periodo de conflicto a uno de paz, o de una dictadura a una democracia, porque cuando se producen miles de muertos y desaparecidos, como sucedió en el Perú, la justicia ordinaria no es suficiente y es necesario crear mecanismos especiales. “La justicia penal es la retributiva, que busca sancionar al que hizo daño con pena de cárcel. Pero la justicia transicional trata de explicar y entender ¿Cómo así murieron tantas personas? ¿Por qué nadie hizo nada por evitarlo? ¿Cómo es que nadie se enteró de lo que estaba pasando?” Entonces la justicia transicional entra con mecanismos como las comisiones de la verdad o de reconciliación y las propuestas de reparaciones”, me explica.

Pero el caso peruano es complejo porque además de transicional, la justicia debe ser intercultural y de género, es decir entender cómo la violencia impactó de forma diferente a personas quechua hablantes, a miembros de comunidades amazónicas, a personas LGTBIQ, a mujeres y a niños. Sin embargo, en opinión de Mantilla, nos estamos enfrascando en discusiones sobre si faltan o sobran palabras en el relato, en vez de ver que el proceso para que las víctimas alcancen justicia está incompleto, y esa no es responsabilidad del LUM, sino de un Estado que no se hace cargo de las víctimas, entre ellos muchos excombatientes de la Policía y las Fuerzas Armadas que quedaron con secuelas físicas y psicológicas, así como viudas que no tienen una pensión asegurada.

Salir del LUM no debería dejarnos contentos de haber visto la versión de una historia de héroes y villanos que nos sea cómoda. Al contrario, deberíamos sentirnos incomodados, perturbados, interpelados. Eso no significa contar los detalles más escabrosos de cada masacre, sino recuperar la capacidad de lograr en nosotros una respuesta emocional profunda, que se sienta incluso en el cuerpo. Que al salir nos preguntemos cómo fue que un nivel tan terrible de inhumanidad fue posible en nuestra sociedad y qué hacemos para que eso nunca más vuelva a suceder. En ese sentido, refrescar su contenido no resulta tan descabellado como creen quienes exigen que no se toque nada, y casos como el asesinato del padre de Diana Jáuregui podrían tener un mejor espacio. Si la memoria es compleja y dinámica porque se alimenta de otras memorias, de emociones y vivencias individuales y colectivas, también en el presente, el Lugar de la Memoria podría igualmente reflejar esa complejidad y dinamismo, sin que ello implique cambiar su enfoque centrado en las víctimas.