La violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas en Condorcanqui, provincia de Amazonas, ha puesto en evidencia las profundas dificultades que enfrenta el Estado peruano para garantizar sus derechos y protegerlas frente a distintas formas de violencia. En septiembre de 2026, una delegación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitó el país por invitación del Poder Judicial para evaluar esta situación y conocer las condiciones en las que las víctimas acceden a la justicia. Como parte de su misión, las especialistas viajaron a Condorcanqui, donde sostuvieron encuentros con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, lideresas indígenas y mujeres sobrevivientes de violencia.

Durante su estadía en Lima, Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del MESECVI, y Mónica Maureira, vicepresidenta de su Comité de Expertas, también visitaron la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde se reunieron con autoridades universitarias, especialistas en género y el equipo de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad (OIGD). Asimismo, participaron en el conversatorio “Violencia Digital Basada en Género: construyendo respuestas desde las políticas públicas, la tecnología y la educación superior”, organizado también por la OIGD. En esta entrevista, Luz Patricia Mejía reflexiona sobre los hallazgos de la visita a Condorcanqui, las limitaciones de la respuesta institucional y la necesidad de construir soluciones que involucren tanto al Estado como a las propias comunidades indígenas.

¿Qué les llamó particularmente la atención de lo que encontraron en Condorcanqui? ¿Hay alguna diferencia respecto de otros casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes que han conocido en la región?

Creo que es la primera vez que nos enfrentamos a tantas circunstancias complejas juntas. Eso realmente marca una diferencia respecto de otras situaciones de violencia sexual, porque aquí tenemos una afectación no solamente del proyecto de vida de las niñas y de su acceso a la educación o a la salud, sino que, además, tenemos un contexto de pobreza, exclusión, racismo y abandono del Estado. A ello se suma el agravamiento de una enfermedad como el VIH/sida, que tiene consecuencias absolutamente diferentes en términos de calidad de vida para una población afectada por esta problemática.

Ya no solamente tienes niñas víctimas de las consecuencias de la violencia sexual, como el embarazo forzado, las uniones forzadas o la reproducción del ciclo de pobreza, sino que además hay que agregar la transmisión del VIH. Y todo esto ocurre en un contexto en el que, según la información que hemos recibido, existe un 90 % de tolerancia a la violencia contra las mujeres. Y eso también marca una diferencia, porque no se trata solamente de la tolerancia del Estado, sino también de la tolerancia de las comunidades y de las autoridades dentro de las propias comunidades.

Hay que decirlo sin dejar de reconocer que la violencia existe tanto en las sociedades occidentales como en las comunidades indígenas. Lo que vemos en Condorcanqui es una tolerancia muy extendida hacia la violencia que sufren las niñas, las adolescentes y también las mujeres.

Nosotras hablamos con padres, tíos y madres de niñas y adolescentes, pero también con mujeres que han sido víctimas de violencia a lo largo de toda su vida. Mujeres de 30 años que parecen tener 60 o 70, que han vivido diferentes formas de violencia desde que tienen uso de razón.

Lamentablemente, la violencia sexual contra niñas y adolescentes es una epidemia en nuestra región. Pero que ocurra en este contexto, donde las niñas no tienen adónde huir ni encuentran alternativas, hace que la situación sea particularmente grave. La escuela no es una opción segura, el espacio comunitario tampoco y desplazarse hacia otros territorios de la misma zona puede significar quedar todavía más aisladas. Es como un callejón sin salida.

¿Cómo llegó el caso de Condorcanqui al MESECVI? ¿Cuándo comenzaron a darle seguimiento?

Nos enteramos por las denuncias que aparecieron en los medios de comunicación. Empezó a llegarnos información a través del monitoreo de medios y las organizaciones peruanas comenzaron a alertarnos sobre lo que estaba ocurriendo. Nosotras conocíamos los índices de violencia sexual que presenta el Perú, pero no teníamos un conocimiento específico de la situación de Condorcanqui más allá de las denuncias que comenzaron a hacerse públicas.

Cuando recibimos información sobre situaciones que plantean graves violaciones a los derechos de las mujeres, el Comité tiene diferentes maneras de intervenir. Es importante aclarar que no tenemos competencias ni mecanismos para resolver causas individuales, pero sí podemos intervenir frente a situaciones colectivas.Una de las primeras acciones es solicitar información al Estado. Otra posibilidad es emitir un comunicado para llamar directamente la atención sobre la gravedad de una situación.

En el caso de Condorcanqui, el Comité emitió un comunicado en 2024. Posteriormente, durante una visita que hice al Perú en 2025 por otros motivos, se convocó una reunión con autoridades de distintos sectores, en la que nos presentaron las medidas que estaban adoptando.

Después continuamos haciendo seguimiento mediante reuniones con el Poder Judicial. Fue en ese contexto que surgió la invitación para conocer directamente el trabajo que se estaba realizando en Condorcanqui. La planificación de la visita comenzó a principios de este año.

Hay que recordar que nosotras no podemos simplemente presentarnos en un Estado. Somos parte de un mecanismo de la Organización de los Estados Americanos y necesitamos cumplir determinadas formalidades. El Estado, a través de su Cancillería, podría haber señalado que no era el momento adecuado para nuestra visita. No fue el caso. La Cancillería, el Ministerio de la Mujer y las demás instituciones involucradas estuvieron informadas.

A partir de lo que pudieron observar, ¿los problemas de estabilidad política, los cambios de gobierno, ¿han afectado la continuidad de las intervenciones?

Te doy mi opinión personal. Creo que los cambios de gobierno han afectado definitivamente la política dirigida a Condorcanqui desde el Ejecutivo nacional. Otra historia es lo que ocurre con el Poder Judicial y otra es lo que sucede con el Ministerio Público, porque no dependen exactamente del Ejecutivo, aunque sí reciben presupuestos asignados.

La información que manejamos es que diferentes instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Policía, tienen recursos asignados para trabajar en Condorcanqui. Sin embargo, entendemos que no todas han utilizado esos presupuestos de la misma manera.

En el caso del Poder Judicial, hemos observado una labor más persistente y estable. Poco a poco ha ido generando una mayor presencia en el territorio. Pero, aunque tengas un Poder Judicial persistente, continuo y estable, la justicia no puede funcionar sola. Aquí tiene que haber un trabajo de todo el sistema.

Una de las cosas que nos decían las organizaciones de la sociedad civil es que las instituciones siguen trabajando de manera muy separada. El Ministerio Público trabaja para el Ministerio Público, el Poder Judicial para el Poder Judicial, y todavía no se consolida una lógica verdaderamente sistémica. 

Por otro lado, también nos planteaban que la respuesta está pensada desde una lógica intersectorial más que territorial. Puedes tener instituciones y servicios establecidos en un punto, pero hay comunidades que se encuentran a dos días de camino y que están completamente abandonadas. Entonces, no basta con diseñar una respuesta institucional. Hay que pensar cómo esa respuesta llega efectivamente a las comunidades.

¿Qué avances y qué debilidades identifica el MESECVI en la respuesta del Estado peruano frente a la violencia contra las mujeres, en concordancia a los compromisos adquiridos al suscribir la Convención Belem do Pará?

El Perú tiene muchos avances estructurales. Ha avanzado en el diseño de una arquitectura institucional para responder a las situaciones de violencia. La creación de un sistema especializado para abordar estos casos es un ejemplo de ello. También es uno de los países que cuenta con avances importantes en materia de información estadística, algo que constituye un desafío para otros países de la región.

A veces esto puede parecer poco para los peruanos, que naturalmente quieren más y tienen expectativas mucho más altas sobre lo que debería hacer el Estado. Pero, en comparación con otros países, el Perú ha desarrollado una conciencia importante sobre la necesidad de registrar información.

Durante nuestra visita vimos que médicos, policías y otros funcionarios tienen incorporada una cultura del registro y del levantamiento de información estadística.

¿Hace falta más? Sí, por supuesto. Hay que mejorar la calidad de esos registros, lograr que estén coordinados y conseguir que todas las instituciones hablen de lo mismo y manejen criterios comunes. Pero el reconocimiento de la importancia de contar con información ya es un avance.

El Perú también ha avanzado en la identificación presupuestal y en la asignación de fondos a sistemas específicos. Encontramos funcionarios que conocen con precisión las disposiciones presupuestales que sostienen sus intervenciones. Eso no ocurre necesariamente en otros países.

Ahora bien, desde MESECVI no solo evaluamos las estructuras, sino también evalúa los procesos y los resultados. Y ahí es donde encontramos la gran debilidad del Perú.

Podríamos decir que en materia de estructura tiene una calificación muy alta, pero presenta debilidades en los procesos y, especialmente, en el monitoreo de resultados. Los procesos son limitados o insuficientes, no siempre se evalúan y no se monitorean adecuadamente. En consecuencia, los resultados pueden ser pobres o incluso desconocidos porque no existe un seguimiento suficiente.

Tenemos una arquitectura institucional importante, pero necesitamos saber si esa estructura realmente está transformando la vida de las mujeres.

¿Cómo se desarrollará el seguimiento a los hallazgos de esta visita? ¿Qué compromisos se esperan del Estado peruano?

En nuestra jornada de cierre indicamos que habría un plazo de aproximadamente quince días para recibir información adicional de las autoridades nacionales, regionales y locales. Esto lo conversamos en cada una de las reuniones que sostuvimos. Las instituciones pueden hacernos llegar antecedentes, cifras, datos y otra información que consideren importante para fortalecer y contextualizar el informe final.

Nuestra intención es presentar ese informe durante la semana del 19 o 20 de octubre, con un conjunto de recomendaciones de corto, mediano y largo plazo. Esperamos que el Estado pueda responder a esas recomendaciones y que podamos darles seguimiento.

Pero ese seguimiento no debe depender exclusivamente de nosotras. También esperamos que cada institución se comprometa con las recomendaciones y que la sociedad civil se apropie del informe. La sociedad civil tiene un rol muy importante en el monitoreo de su implementación. No se trata solamente de que el Comité formule recomendaciones, sino de que estas puedan convertirse en compromisos concretos y sostenidos.

Durante su visita a Condorcanqui, ¿con qué organizaciones de mujeres y representantes de la sociedad civil pudieron reunirse?

Nos reunimos con mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, y también con Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, quien realiza un trabajo extraordinario. Además, sostuvimos encuentros con apus, mujeres y diferentes representantes de las comunidades. En Santa María de Nieva participaron autoridades indígenas y civiles que nos explicaron el trabajo que vienen realizando. En Lima nos reunimos con diferentes organizaciones de la sociedad civil que participan en iniciativas vinculadas con Condorcanqui, así como con organizaciones de mujeres y de derechos humanos.

Creo que hemos conseguido recoger un panorama bastante amplio, tanto de las respuestas institucionales como de las demandas de las propias comunidades.

¿Qué destacaría de los encuentros que tuvieron con las mujeres indígenas?

Primero, me parece impresionante cómo Rosmery Pioc ha liderado un proceso en el que las mujeres están decidiendo salir de una situación de sumisión y de profunda desesperanza. Eso requiere nadar contra una corriente muy fuerte, porque las prácticas de sumisión son reproducidas tanto por hombres como por mujeres, como ocurre en todos los sistemas patriarcales.

Escuchamos testimonios muy duros, muy profundos, pero también vimos mujeres que están comenzando procesos de empoderamiento y de reconocimiento de su propia situación. Empiezan a comprender que lo que han vivido no les ha ocurrido simplemente por ser quienes son, sino por ser mujeres indígenas en unas condiciones particulares de desigualdad. Y es muy interesante verlas planteando qué es lo que se tiene que hacer. Son mujeres que están ganando capacidad de organización, que se sienten acompañadas y que están orgullosas de mostrar lo que han construido.

Nos recibieron con comida, con artesanías y con expresiones de su cultura, pero también con un esquema de trabajo y una organización muy clara de los testimonios. Habían preparado sus intervenciones de manera que pudiéramos conocer los diferentes problemas que ellas mismas habían identificado. Eso demuestra que no estamos hablando solamente de un trabajo de asistencia. Hay un proceso muy potente de construcción de liderazgo que debe reforzarse y seguir impulsándose.

Creo que ahí está una parte fundamental de la solución: en la transformación de la realidad de las mujeres de Condorcanqui a partir de sus propias experiencias, de su organización y de sus demandas.

En ese proceso de organización, ¿qué relación tienen las mujeres con las autoridades y con los sistemas de justicia comunitaria?

Algo muy interesante es que las mujeres no desconocen necesariamente la autoridad comunitaria. De hecho, nos planteaban que, por más deficiente que pueda ser la justicia comunitaria, confían más en ella que en la justicia ordinaria.

¿Por qué? Porque la justicia ordinaria puede tardar muchísimo y no ofrecer ninguna respuesta. En cambio, la justicia comunitaria, aunque dé una respuesta insuficiente, al menos responde. Entonces, quizás desde ahí podemos comenzar a preguntarnos cómo debe construirse una respuesta verdaderamente justa y eficiente para las mujeres de Condorcanqui. Ahora, la pregunta que se desprende de ahí es ¿Cómo construir una justicia comunitaria que sea realmente justa para ellas? Eso es distinto de llegar desde fuera e indicarles cómo deben administrar justicia. Por supuesto, existen situaciones que superan la capacidad de respuesta de las autoridades comunitarias y que requieren la intervención del sistema de justicia ordinario. Pero también es importante que las propias comunidades participen en la definición de esos límites, desde sus tradiciones y sus conocimientos.

Creo que todavía existe una desarticulación muy grande en este terreno. Necesitamos fomentar soluciones que también nazcan desde dentro de las comunidades, y no solamente desde fuera.

Trabajar directamente con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y encontrarse con situaciones tan graves, debe ser muy exigente. ¿Cómo afrontan ese trabajo?

El Comité que represento está conformado por expertas que tienen muchos años de experiencia trabajando en estas materias. Existe mucho compromiso. Las expertas realizan esta labor porque quieren contribuir a transformar estas realidades y porque tienen una trayectoria importante de trabajo en derechos humanos.

En esta visita, por ejemplo, contamos con una experta de Panamá especializada en derechos sexuales y reproductivos. Nos interesaba tener también esa aproximación para poder evaluar de manera más completa lo que ocurre en Condorcanqui. La experiencia fue muy intensa, muy profunda y también muy desoladora. Hay mucha desesperanza. El trabajo que se necesita hacer es tan profundo que requiere un enorme esfuerzo del Estado y un compromiso político sostenido de numerosos organismos. Por la magnitud del problema sabemos que no va a haber una reacción inmediata que resuelva todo, por eso también es importante que comiencen a producirse respuestas, para Condorcanqui aunque inicialmente sean parciales. Necesitamos evitar que la desesperanza siga creciendo entre las mujeres.

Cuando se trabaja en un contexto como este, no basta con llegar, escuchar y retirarse. Es necesario que las personas puedan comprobar que ese proceso de escucha tiene consecuencias y que las instituciones empiezan a responder.

*Imágenes obtenidas de https://x.com/MESECVI