Hubo un tiempo en el que el autoritarismo, el racismo y el extremismo que convocaba al odio a los demás no estaba de moda. Como los tiempos siempre cambian, en este momento del siglo XXI la extrema derecha que enarbola esos discursos ha dejado de ocupar los márgenes de la política para convertirse en una fuerza capaz de conquistar gobiernos, transformar instituciones y disputar los valores sobre los que se construyeron las democracias contemporáneas. 

Su expansión, alimentada por el descontento social, la desinformación y las guerras culturales, amenaza conquistas históricas en materia de derechos humanos. América Latina no es ajena a este fenómeno. En el Perú, las leyes aprobadas por el Congreso y las recientes medidas educativas del gobierno de Keiko Fujimori hacen pertinente la pregunta: ¿cuánto puede retroceder una democracia sin dejar de llamarse democracia?

Una promesa que el mundo olvida

En 1945, después de dos guerras mundiales, millones de personas asesinadas y el horror del Holocausto, la comunidad internacional intentó construir un orden político que impidiera la repetición de semejantes atrocidades. La creación de las Naciones Unidas respondió así al propósito de preservar la paz, promover la cooperación internacional y afirmar que la dignidad humana debía estar por encima de la arbitrariedad del poder. Tres años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, independientemente de su origen, sus creencias o cualquier otra condición.

No se trataba solamente de evitar nuevas guerras, sino de defender la convicción de que ningún Estado debía tener la potestad de decidir qué personas merecían derechos y cuáles podían ser excluidas de la comunidad política. La soberanía nacional no podía seguir siendo una justificación absoluta para la violencia estatal. Era necesario establecer límites al poder y mecanismos internacionales para exigir responsabilidades.

Hoy, 80 años después, aquella promesa enfrenta una de sus crisis más profundas ante la expansión de movimientos de extrema derecha en Europa, Estados Unidos y América Latina. Esto ha coincidido con el debilitamiento de instituciones democráticas, el cuestionamiento de los organismos multilaterales y la normalización de discursos que presentan los derechos de determinados grupos sociales como amenazas para la nación, la familia o el orden público. Lo que durante décadas parecía incompatible con los consensos democráticos de la posguerra ha recuperado legitimidad electoral, presencia mediática y capacidad de gobierno.

El informe Democracy Report 2026, del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, ofrece una dimensión de este deterioro al mostrar que, al finalizar 2025, existían 92 autocracias frente a 87 democracias. El 74% de la población mundial —aproximadamente 6000 millones de personas— vivía en países clasificados como autocracias, mientras apenas el 7% residía en democracias liberales. Para la ciudadanía promedio del planeta, el nivel de democracia había retrocedido a valores comparables con los de 1978. La libertad de expresión figuraba entre los derechos más afectados.

La regresión democrática tiene causas diversas y puede producirse bajo ideologías distintas, sin embargo, el ascenso de las nuevas extremas derechas constituye una de las expresiones más visibles de esta crisis. La paradoja es que muchas de estas fuerzas no necesitan abolir las elecciones para debilitar la democracia. Les basta con conquistar el poder mediante ellas y, una vez dentro, modificar progresivamente las reglas de convivencia, reducir los controles institucionales, hostigar a sus adversarios o restringir los derechos de sectores a los que presentan como enemigos.

Extrema derecha, conservadurismo, fascismo…

No toda derecha es extrema derecha. El historiador Steven Forti, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de diversos libros en torno al análisis de las nuevas extremas derechas, propone entenderlas como una familia política heterogénea, donde sus integrantes pueden discrepar profundamente sobre economía, política exterior o religión, pero comparten tendencias iliberales, discursos excluyentes y una voluntad de confrontar elementos centrales de las democracias pluralistas.

Para Forti el fenómeno ha construido una red internacional de alianzas y ha convertido la oposición al feminismo, los derechos LGTBIQ+ y el supuesto predominio del progresismo en elementos de articulación política. No existe, sin embargo, una fórmula única, pues las extremas derechas adoptan características particulares según las circunstancias históricas y sociales de cada país. 

Esta distinción resulta importante porque, según el investigador, el uso indiscriminado de la palabra fascismo puede dificultar la comprensión del fenómeno. Aunque existen continuidades ideológicas y políticas con los movimientos autoritarios del siglo XX, las organizaciones contemporáneas no siempre comparten sus estructuras, objetivos inmediatos ni mecanismos de actuación.

La ciencia política distingue, además, entre derecha radical y extrema derecha en sentido estricto. La primera puede aceptar las elecciones y la soberanía popular mientras rechaza componentes esenciales de la democracia liberal, como el pluralismo o las garantías para las minorías. La segunda cuestiona abiertamente la legitimidad del sistema democrático. En la práctica, el carácter antipluralista puede reconocerse en propuestas que presentan a un sector de la población como el único pueblo legítimo, convierten al adversario político en un enemigo de la nación o subordinan las libertades individuales a una supuesta identidad colectiva homogénea.

La filósofa Hannah Arendt ofrece una perspectiva histórica para comprender esta amenaza. En Los orígenes del totalitarismo (1951), estudió las condiciones políticas y sociales que hicieron posibles el nazismo y el estalinismo. Entre sus preocupaciones estaban la destrucción del espacio público, la manipulación de la realidad y la conversión de individuos aislados en masas susceptibles de movilización autoritaria. Equiparar automáticamente a los partidos de derecha radical del siglo XXI con los regímenes totalitarios que Arendt estudió sería un error histórico. Sin embargo, su reflexión ayuda a reconocer un peligro que trasciende las ideologías: cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre hechos y propaganda, y cuando la pertenencia a un movimiento sustituye al juicio político, las condiciones del debate democrático comienzan a deteriorarse. 

¿Por qué, entonces, las instituciones construidas después de la Segunda Guerra Mundial no lograron impedir el resurgimiento de estos discursos? El politólogo Cas Mudde en su libro The far right today (Polity, 2019) tiene algunas respuestas. Señala, por ejemplo, que el orden de posguerra asumió erróneamente que la extrema derecha era una anomalía erradicada, ignorando que el nativismo seguía latente en la sociedad occidental. La posterior crisis socioeconómica y el auge neoliberal dejaron un vacío de representación que los partidos tradicionales intentaron contener de forma oportunista, adoptando y legitimando los marcos discursivos de la ultraderecha sobre inmigración y seguridad. Este proceso de normalización política fue amplificado de forma sensacionalista por los medios de comunicación en busca de audiencias masivas. 

Los sistemas de protección de derechos no erradicaron las desigualdades, el racismo, los nacionalismos excluyentes ni las estructuras autoritarias. Tampoco eliminaron las crisis económicas y sociales que alimentan el descontento ciudadano. Los organismos internacionales establecieron normas, compromisos y mecanismos de vigilancia, pero su eficacia siguió dependiendo de la voluntad política de los Estados. 

Forti, en su libro Democracias en extinción (Ediciones Akal, 2024), relaciona el crecimiento de estas fuerzas con una insatisfacción que atraviesa especialmente a sectores de la juventud. Cuando las democracias dejan de percibirse como sistemas capaces de garantizar condiciones de vida dignas, las promesas autoritarias de seguridad, prosperidad o recuperación nacional encuentran un terreno favorable. 

La política de las emociones

Una de las características más significativas de la extrema derecha contemporánea es la forma en que construye sus mensajes, pues ha conseguido ofrecer interpretaciones simples para frustraciones que tienen causas estructurales. En su discurso, la inmigración, las políticas de igualdad de género, el feminismo, los organismos internacionales o las élites políticas y culturales pueden convertirse ―dependiendo del contexto―, en responsables de crisis cuyas causas exceden ampliamente su participación. Esta estrategia no supone solo mentir, sino también ordenar la realidad mediante oposiciones emocionales al colocar al pueblo frente a las élites, los ciudadanos honestos frente a los delincuentes, las familias frente a quienes supuestamente amenazan sus valores, la nación frente a los extranjeros.

Franco Delle Donne, comunicador, especialista en el estudio de la ultraderecha y los autoritarismos y autor del podcast y el libro Epidemia ultra. Del fascismo europeo a Silicon Valley: anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo (Planeta, 2025), ha estudiado estas estrategias comunicacionales. En una reciente entrevista a propósito de la visita de Javier Milei a España, el autor abordó la provocación y la descalificación pública como métodos de construcción de poder. Lejos de perjudicar necesariamente al dirigente, sus excesos verbales refuerzan entre determinados seguidores la idea de que representa una ruptura con el orden establecido. 

Para Delle Donne la provocación cumple una función doble. Por un lado, atrae atención mediática y domina la conversación pública. Por otro, convierte cualquier crítica en una oportunidad para fortalecer el relato de persecución del propio movimiento. Sin embargo, el problema no es que la política movilice emociones. El miedo, la esperanza, la solidaridad y la indignación siempre han formado parte de la participación democrática y los movimientos por los derechos civiles, las luchas feministas y las demandas de justicia también han convertido experiencias de sufrimiento e indignación en acción colectiva. La diferencia está en el uso político de esas emociones. Mientras una movilización democrática puede aspirar a ampliar derechos o exigir respuestas institucionales, la retórica autoritaria tiende a transformar el malestar en hostilidad hacia grupos específicos y a presentar la eliminación de obstáculos democráticos como condición para resolver los problemas.

Tampoco sería correcto sostener que la extrema derecha ha sustituido por completo la razón por las emociones. Sus organizaciones elaboran estrategias, producen investigaciones, construyen redes intelectuales y diseñan campañas sofisticadas. Lo que ocurre es que su comunicación pública puede privilegiar la identificación afectiva y la confrontación por encima del razonamiento verificable. Esa dinámica encuentra condiciones especialmente favorables en las plataformas digitales. La velocidad de circulación de los mensajes, la fragmentación informativa y la competencia por la atención permiten que afirmaciones falsas, exageraciones o discursos estigmatizantes alcancen grandes audiencias antes de ser contrastados.

Hannah Arendt, en su ensayo “Verdad y política” (1967) ya había advertido sobre el peligro de perder un mundo compartido de hechos al señalar que cuando los integrantes de una sociedad dejan de reconocer criterios comunes para determinar qué ocurrió, el debate político se vuelve más vulnerable a los relatos construidos exclusivamente desde la identidad y la lealtad. La consecuencia no es solamente una conversación pública más agresiva. Es una ciudadanía con mayores dificultades para evaluar las decisiones de quienes gobiernan. Su preocupación, como vemos, sigue siendo pertinente. 

De los fascismos del siglo XX a las nuevas redes autoritarias

La derrota militar del nazismo alemán y del fascismo italiano no eliminó todas sus corrientes ideológicas. Algunas sobrevivieron en organizaciones marginales, partidos neofascistas y redes políticas que fueron modificando sus discursos para participar nuevamente en el escenario electoral. Durante las décadas posteriores, la derecha radical europea desarrolló distintas estrategias de legitimación. Un sector mantuvo vínculos explícitos con el fascismo histórico; otro comenzó a priorizar las disputas culturales, el nacionalismo identitario y la oposición a la inmigración. 

Esta cuestión es central en las investigaciones de los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. En su libro Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018), explican que el deterioro democrático contemporáneo no necesariamente comienza con tanques en las calles o la suspensión formal de una Constitución. Puede producirse desde las propias instituciones, cuando gobernantes elegidos democráticamente comienzan a desconocer las reglas de competencia, a deslegitimar a la oposición, a tolerar la violencia política o a restringir libertades civiles. Estos criterios, dicen los autores, permiten observar las señales de alerta sin depender exclusivamente de la ubicación ideológica de un dirigente. La democracia puede deteriorarse cuando un gobierno utiliza su popularidad para debilitar al Poder Judicial, cuando transforma organismos autónomos en dependencias políticas o cuando intenta limitar la actuación de organizaciones que fiscalizan sus decisiones. Lo decisivo no es únicamente quién gana las elecciones, sino qué hace con el poder después de ganarlas.

América Latina y el retorno del orden como promesa política

América Latina posee una relación especialmente compleja con las promesas autoritarias. Durante el siglo XX, numerosos países vivieron dictaduras militares, persecuciones ideológicas, desapariciones forzadas y graves violaciones de derechos humanos. Si bien las transiciones democráticas permitieron recuperar libertades políticas, no resolvieron muchas de las desigualdades económicas, sociales y territoriales de sus sociedades.

Décadas después, la región enfrenta nuevos desafíos, como la inseguridad ciudadana, la expansión del crimen organizado, la desconfianza institucional, la precariedad económica y el debilitamiento de los partidos políticos. Y la extrema derecha ha encontrado en estas frustraciones un terreno fértil para presentar el autoritarismo como una solución eficaz frente a la supuesta incapacidad de las democracias.

La experiencia brasileña constituye uno de los ejemplos más importantes. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en 2019 con un discurso que exaltaba la mano dura, reivindicaba aspectos de la dictadura militar y confrontaba con movimientos feministas, ambientalistas y organizaciones de derechos humanos. El bolsonarismo no desapareció con su salida del gobierno. Se consolidó como una fuerza política y cultural que continúa disputando el rumbo de Brasil, más allá de la trayectoria personal de su principal referente.

En Argentina, Javier Milei ha construido una versión distinta de esta ofensiva. Su promesa de destruir los privilegios de la clase política, reducir drásticamente el Estado y librar una batalla cultural contra lo que denomina “el colectivismo” ha articulado el descontento económico con una retórica de confrontación permanente. Dicho en sencillo, para Milei el colectivismo es una doctrina en la que el Estado o un grupo de burócratas intenta planificar la vida de los ciudadanos, sacrificando la libertad individual y la propiedad privada en favor de un supuesto bienestar grupal. Entonces, su discurso presenta las políticas de género, determinadas instituciones públicas y los movimientos progresistas como expresiones de un orden político que debe ser desplazado. 

En otros países, los proyectos conservadores radicalizados han construido sus principales ofertas alrededor de la seguridad pública y el control migratorio. Es el caso de Chile, donde José Antonio Kast ha promovido una agenda de orden y valores tradicionales. Y en El Salvador, Nayib Bukele ha implantado una política de seguridad que responde a su concentración de poder, lo que ha debilitado las garantías constitucionales de la sociedad civil. El denominador común de estas experiencias no reside en una única política económica ni en una misma forma de religiosidad, sino en la capacidad de presentar determinadas restricciones de derechos como sacrificios necesarios para restaurar el orden.

En sociedades atravesadas por la violencia criminal, esta promesa tiene una capacidad de convocatoria considerable. Las personas necesitan respuestas concretas frente al miedo, la extorsión y la impunidad. Pero la pregunta democrática no es si debe combatirse el delito; sino cómo hacerlo sin transformar la excepcionalidad, la arbitrariedad o el castigo colectivo en formas permanentes de gobierno.

La batalla por el género: convertir los derechos en amenazas

Uno de los espacios donde la extrema derecha ha logrado mayor articulación internacional es la oposición a determinadas conquistas feministas y de la diversidad sexual bajo un discurso que proclama la defensa de la familia, el retorno a los valores tradicionales y una supuesta protección de la infancia. 

La socióloga y activista Nuria Alabao ha estudiado cómo los movimientos de derecha radical utilizan las llamadas guerras culturales para construir identidades políticas. En su artículo “La extrema derecha que dice defender a las mujeres”, analiza cómo ciertos sectores de la ultraderecha europea emplean un lenguaje aparentemente favorable a los derechos de las mujeres para justificar discursos de hostilidad contra la población migrante, especialmente musulmana. 

Lo peligroso de este discurso es que los derechos dejan de entenderse como garantías universales y pasan a ser utilizados selectivamente para señalar a grupos considerados ajenos a la comunidad nacional. La antropóloga argentina Rita Segato propone otra dimensión de este asunto. Su obra en conjunto puede entenderse como un análisis de las propuestas de las nuevas derechas, pero podemos acudir a una entrevista realizada por Alejandro Grimson, donde Segato plantea que las estructuras patriarcales permiten comprender algunas dinámicas de las nuevas derechas al construir una comunidad política mediante jerarquías, lealtades corporativas y enemigos comunes guarda relación con estructuras históricas de dominación.

Su reflexión sitúa el autoritarismo más allá de las instituciones formales al dejar en evidencia que también puede reproducirse mediante relaciones sociales que naturalizan la obediencia, la desigualdad y el disciplinamiento. Esto ayuda a comprender por qué los cuerpos, las identidades y la sexualidad ocupan un lugar tan importante en disputas que aparentemente deberían concentrarse en asuntos económicos o de seguridad. Regular la apariencia, restringir contenidos educativos, cuestionar la autonomía reproductiva o limitar el reconocimiento de determinadas identidades permite establecer simbólicamente quién tiene autoridad para definir lo aceptable. En ese contexto, las mujeres y las personas LGTBIQ+ no son solamente destinatarias de políticas específicas, sino que sus derechos se convierten en escenarios donde se disputa el alcance mismo de la ciudadanía.

La periodista y escritora argentina Luciana Peker aporta una perspectiva complementaria. En su artículo “La esperanza de la democracia es verde” analiza cómo el movimiento feminista latinoamericano ha fortalecido la democracia al promover formas de participación que trascienden el voto. Desde esta mirada, las movilizaciones contra la violencia de género y por los derechos reproductivos no constituyen demandas sectoriales desconectadas de los grandes problemas políticos. Son también experiencias de organización social, construcción de redes y ampliación de la participación ciudadana. La reflexión permite invertir una de las principales premisas de los movimientos antiderechos: el reconocimiento de las mujeres y las diversidades no debilita necesariamente a la sociedad, sino que puede fortalecer las condiciones para una democracia más inclusiva.

La defensa de los derechos humanos no exige que todas las personas compartan las mismas concepciones sobre la vida familiar, la sexualidad o la religión; sino que el Estado no convierta una de esas concepciones en una obligación que desconozca la dignidad y los derechos de quienes piensan o viven de otra manera.

El caso peruano: un retroceso con soporte institucional

A diferencia de otros países donde la extrema derecha ha crecido principalmente mediante figuras que se presentan como ajenas al sistema político, en el Perú buena parte de la agenda conservadora y del debilitamiento de las garantías democráticas se ha desarrollado desde instituciones ya establecidas. Durante los últimos años, el Congreso de la República ha aprobado normas cuestionadas por organismos nacionales e internacionales debido a sus consecuencias sobre el acceso a la justicia, las libertades civiles y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

El problema trasciende la orientación de una bancada específica. En el Parlamento peruano han convergido fuerzas de distintas procedencias políticas para impulsar medidas que debilitan los contrapesos institucionales. Esto permite hablar de una deriva autoritaria sin afirmar, incorrectamente, que todos los partidos que respaldaron estas normas pertenezcan a la extrema derecha.

Amnistía Internacional Perú advirtió en su informe anual 2025-2026 que el país experimentó un fortalecimiento de prácticas autoritarias y un debilitamiento de garantías fundamentales. Entre sus preocupaciones identificó los obstáculos para acceder a la justicia, las limitaciones a la actuación de organizaciones de la sociedad civil y la pérdida de independencia de instituciones encargadas de controlar el poder.

Un ejemplo especialmente grave es la Ley 32419, promulgada en agosto de 2025, que establece medidas de amnistía relacionadas con hechos ocurridos durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000. La norma fue cuestionada porque puede impedir la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos, además de beneficiar a personas condenadas por estos delitos. Amnistía Internacional sostuvo que su implementación afectaría al menos 156 casos con sentencia firme y contravendría las obligaciones internacionales del Estado peruano.

La importancia de esta medida no puede comprenderse sin recordar que el conflicto armado interno dejó miles de víctimas que durante décadas han exigido verdad, justicia y reparación. En este escenario, las normas que permiten eludir responsabilidades no constituyen únicamente decisiones sobre procesos judiciales individuales. También transmiten un mensaje político sobre el valor que el Estado concede a las víctimas y a su derecho a obtener justicia.

Otro ejemplo es la Ley 32301, que modificó el marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Aprobada en 2025, la norma recibió cuestionamientos por establecer mayores mecanismos de control sobre organizaciones que reciben cooperación internacional, con posibles consecuencias para su autonomía y libertad de asociación.

Ambas normas dejan el mensaje de que cuando el Estado es investigado o cuestionado por posibles abusos encontrará las herramientas legales para eludir responsabilidades y para dificultar el trabajo de quienes representan a sus víctimas, la capacidad de exigir responsabilidades puede reducirse. Las consecuencias se extienden a familiares de personas asesinadas durante protestas sociales, víctimas de esterilizaciones forzadas y ciudadanos que dependen de organizaciones especializadas para acceder al sistema de justicia.

En materia de derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, el panorama también presenta retrocesos. Human Rights Watch señaló en su Informe Mundial 2026 las limitaciones persistentes para el reconocimiento legal de la identidad de género, las barreras de acceso al aborto terapéutico y normas que pueden restringir derechos de las personas trans. 

Estos procesos muestran que el debilitamiento democrático no necesita expresarse únicamente mediante una intervención militar, la clausura del Congreso o la suspensión de elecciones. También puede producirse a través de procedimientos legislativos ordinarios. Una ley puede aprobarse siguiendo el procedimiento establecido y, sin embargo, ser incompatible con obligaciones constitucionales o internacionales de derechos humanos. La legalidad de su tramitación no resuelve por sí sola la legitimidad de su contenido. Esa es una de las contradicciones centrales del retroceso democrático contemporáneo: instituciones creadas para representar y proteger a la ciudadanía pueden terminar aprobando medidas que reducen sus garantías.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt hablan de la importancia del contrapeso institucional y las normas democráticas para impedir que líderes autoritarios transformen su legitimidad electoral en un poder sin controles. Pero las instituciones, por sí solas, tampoco pueden preservar indefinidamente un sistema político que deja de responder a las necesidades de la población. Una democracia incapaz de enfrentar las desigualdades, garantizar servicios públicos adecuados o responder eficazmente a la inseguridad corre el riesgo de alimentar el mismo descontento que sus adversarios autoritarios utilizan para cuestionarla.

Frente a los discursos que convierten las diferencias en amenazas y prometen soluciones inmediatas mediante la exclusión, la defensa democrática requiere algo más exigente: reconocer la complejidad de los problemas, producir respuestas sustentadas en evidencia y garantizar que ninguna persona pierda sus derechos por no ajustarse a las convicciones de quienes gobiernan.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional intentó establecer como un principio capaz de impedir nuevas atrocidades que la dignidad humana no puede depender de la voluntad del poder político. Ese principio continúa vigente, pero su cumplimiento no está garantizado. El retroceso democrático no siempre comienza con la desaparición de las urnas. A veces comienza cuando una sociedad se acostumbra a que ciertos derechos sean negociables y ciertas personas, prescindibles.