Al mediodía del 15 de octubre de 2026, Frank Alexis Ardiles Rodríguez, de 38 años, fue asesinado a balazos en la cuadra 8 de la avenida La Marina, en La Perla, Callao. Tras el crimen, vecinos de la zona denunciaron amenazas y cobros extorsivos contra empresas y trabajadores de las obras de construcción cercanas. Al día siguiente, sicarios a bordo de una motocicleta mataron a un conductor de combi de 23 años en Huachipa, minutos después de que dejara a su hijo de cinco años al cuidado de su suegra.

Estos hechos no son excepcionales. Entre el 28 de julio y el 16 de octubre de 2026, dos diarios de circulación nacional reportaron al menos 36 ataques armados con características de sicariato en el país, que dejaron 40 víctimas mortales. De ellos, 31 ocurrieron en Lima Metropolitana y el Callao. En once de estos ataques las víctimas fueron trabajadores del transporte, entre choferes de combi, colectiveros y mototaxistas; en tres, personas vinculadas a obras de construcción civil; y en dos, artistas de cumbia. Los crímenes ocurren en paraderos, mercados, canchas deportivas, restaurantes, conciertos y en la puerta de las viviendas, muchas veces a plena luz del día y frente a familiares, incluidos niños. Cuando la Policía o la prensa formulan una hipótesis, esta gira en torno a la extorsión al transporte público y a la construcción civil, el cobro de cupos a comerciantes y artistas, o los ajustes de cuentas entre bandas.

El resultado es un clima generalizado de miedo, en el que la presencia del Estado en la calle adquiere un peso particular. La literatura sobre seguridad ciudadana indica que la presencia policial sostenida sí importa. López Villanes (2014), a partir de Mindel y Ferguson (2007), señala que una mayor presencia policial en zonas de alta incidencia puede reducir los delitos de oportunidad y fortalecer la confianza entre la institución y la ciudadanía. Grompone et al. (2024) advierten que la desconexión entre la policía y la comunidad alimenta tanto la inseguridad como su percepción, mientras que los programas de proximidad pueden reducir esa brecha mediante un contacto más constante con el territorio. León et al. (2025), por su parte, muestran que la confianza ciudadana en la PNP mejora cuando existen mecanismos concretos de interacción, como el patrullaje conjunto y la reorganización de los operativos de vigilancia para reforzar la presencia policial en los barrios.

Así, la presencia policial en las calles no es únicamente un recurso disuasivo al que se recurre ante cada coyuntura de violencia. Es también un componente explícito de la política pública de seguridad ciudadana. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 001-2026-IN, incluye entre sus objetivos estratégicos el fortalecimiento de la prevención policial y comunitaria en territorios de alta vulnerabilidad y, entre sus intervenciones estratégicas, la IE002, orientada al «mantenimiento de la presencia de fuerzas integradas en territorios recuperados, para prevenir rebrotes de violencia y consolidar el control estatal». Si la presencia policial es un instrumento de política nacional, la pregunta por su distribución deja de ser un asunto exclusivamente operativo. Importa saber dónde están los efectivos y si su despliegue responde a los territorios donde hoy se concentran la extorsión y el sicariato.

En menos de 5 años, las cifras de denuncias por extorsión aumentaron casi 10 veces, pasando 2605 denuncias en el año 2020 a 26585 en el año 2025. Para diciembre de 2025, 20,730 casos pertenecían únicamente a las regiones de Lima Metropolitana, La Libertad, Piura, Lima Regiones y Callao. Es decir, poco más de las tres cuartas partes del total de casos tenían una clara localización en estas regiones. Esto es sin duda un claro ejemplo de que los mapas del crimen se han reconfigurado con una velocidad que las políticas en seguridad no siempre logran seguir. Este artículo parte de una constatación de que el debate público repite con frecuencia pero que pocas veces se traduce en política y ejecución pública concreta, pues la distribución territorial de los recursos policiales no responde, en varios casos críticos, a la geografía real del riesgo. No obstante, no se trata de que el diagnóstico sea desconocido dentro del sector. Se trata de que redistribuir tiene costos institucionales reales, de infraestructura, de presupuesto, costos familiares y de reorganización de unidades ejecutoras, que explican, al menos en parte, por qué la brecha persiste.

Para discutir esta brecha con precisión, conviene partir de una distinción que el debate público suele omitir. La Policía Nacional del Perú no es una única fuerza homogénea desplegada uniformemente en el territorio. Es, de hecho, una organización amplia, con una alta diversificación de órganos y unidades que se despliega de forma heterogénea a nivel nacional. Conforme al Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, existen dos órganos de línea fundamentales, es decir, dos grandes unidades que concentran la labor “de fondo” de la institución policial. Estas son  la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS), rectora en materias de seguridad del Estado, seguridad integral, operaciones especiales, tránsito, transporte y seguridad vial, policía comunitaria, turismo, protección de la familia y de vigilancia y control de fronteras; y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), responsable de la ejecución de actividades y operaciones policiales de prevención, investigación, combate y denuncia de los delitos contemplados en el código penal. Esta división binomial no es casualidad, de hecho, empieza a forjarse desde los programas de especialidad funcional dentro de las escuelas de formación policial para oficiales y suboficiales (Enrico Headrington, 2026). 

Elaboración propia basada en el Decreto Supremo N°012-2025-IN

El resto de la institución, salud, educación, logística, recursos humanos, cumple funciones de sostenimiento esenciales, pero no se traduce en efectivos disponibles para patrullar o investigar. Medir la presencia policial usando el total de efectivos PNP sin esta distinción sobredimensiona la capacidad operativa real y oscurece las brechas que importan. Considerando que las unidades especializadas de la DIRNIC tienen competencia a nivel nacional, y que, por tanto, principalmente se encuentran en Lima realizando labores de investigación, en las páginas que siguen, la «presencia policial» se refiere exclusivamente a los efectivos operativos de la DIRNOS asignados a las regiones y frentes policiales, es decir, a las comisarías y dependencias con competencia de seguridad territorial, que se encargan del patrullaje efectivo y la seguridad ciudadana.

I. La distribución que los datos revelan

Cuando se cruzan los indicadores de homicidios y presencia policial operativa por región, emergen patrones que requieren un análisis más agudo. La tabla siguiente ordena las diez regiones con mayor tasa de homicidios estimada para 2025 e incorpora la tasa de efectivos operativos de la DIRNOS por cada 1,000 habitantes a junio de 2026. La combinación de ambas variables permite identificar zonas donde la presencia policial disponible no guarda relación con la escala ni con la naturaleza del riesgo.

Tabla 1. Regiones con mayor tasa de homicidios y presencia policial operativa de la DIRNOS

Región	Tasa de homicidios 2025 (x 100 mil hab.)	Efectivos policiales operativos DIRNOS (junio 2026)	Tasa policial DIRNOS (x 1,000 hab.)
Madre de Dios	24.6	729	3.49
Callao	23.6	2,716	2.18
Lima Regiones	23.1	2,466	2.35
Tumbes	20.6	1,238	4.52
Puno	14.8	3,014	2.53
La Libertad	14.5	4,502	2.06
Lima Met.	11.4	18,147	1.72
Ica	10.8	2,517	2.28
Pasco	10.8	815	3.12
Piura	10.1	4,392	2.00
Total nacional	10.7	80,338	2.32

Fuentes: CEIC-INEI, tasa de homicidios estimada para 2025; conjunto de datos de efectivos policiales publicado en el portal del MININTER, procesado mediante tabla dinámica con los cortes año 2026, mes junio, dependencia general Comando de Operaciones Policiales, dependencia Dirección Nacional de Orden y Seguridad, unidades correspondientes a las regiones y frentes policiales y función operativa (OPE), desagregado por departamento; proyecciones poblacionales del INEI (2026). Se excluye el personal administrativo. La desagregación distrital de Lima Metropolitana se presenta en la Tabla 3.

La lectura de la tabla revela tensiones que merecen análisis por separado. Lima Metropolitana registra la tasa policial más baja del país, 1.72 efectivos por cada 1,000 habitantes, pese a concentrar el mayor volumen absoluto de denuncias por extorsión y una tasa de homicidios superior al promedio nacional. Piura (2.00), La Libertad (2.06) y el Callao (2.18) también se ubican entre las siete tasas policiales más bajas de las 26 jurisdicciones y por debajo del promedio nacional de 2.32, pese a registrar tasas de homicidio cercanas o superiores al promedio nacional de 10.7. En conjunto, estas jurisdicciones y Lima Regiones concentran más de tres cuartas partes de las denuncias por extorsión del país. Esta combinación sugiere una brecha creciente entre la demanda de seguridad y la oferta policial disponible a nivel de comisarías y otras dependencias territoriales.

El caso de Tumbes merece un tratamiento específico. No sorprende que una región con 158km de frontera con el Ecuador, con una dinámica de tráfico de migrantes, armas y contrabando, tenga la tasa policial más alta del país, 4.52 efectivos por cada 1,000 habitantes, pues históricamente ha requerido mayor presencia en puntos de control, lo cual es competencia de la DIRNOS. Lo que sí resulta llamativo es que, a pesar de esa presencia, Tumbes mantenga la cuarta tasa de homicidios más alta del país. Sus 17 comisarías son en su mayoría de categoría C y D, es decir, con capacidad operativa media o limitada. Y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), que tiene entre sus funciones la fiscalización de la importación, exportación, almacén, traslado, posesión y uso de armas de fuego de uso civil, y la cadena de suministro de explosivos, inauguró su jefatura zonal en la región recién en abril de 2026, décadas después de que Tumbes presentara una vulnerabilidad alta como corredor de tráfico ilícito en la frontera norte. En suma, en este caso, el número de efectivos no traduce la presencia efectiva de seguridad policial, ni la presencia de otras instituciones del sector interior que deberían operar de forma articulada.

II. La DIRNIC: especialización centralizada y sus costos territoriales

La brecha en la distribución de recursos no se limita a la DIRNOS. Las unidades especializadas de la DIRNIC presentan un patrón de concentración aún más pronunciado. Del total de 10,452 efectivos operativos de la DIRNIC a nivel nacional, 6,069, el 58.1%, se encuentran desplegados en Lima Metropolitana. Este dato no es en sí mismo un problema, pues la lógica de especialización implica que ciertas direcciones, como la antidrogas, cibercrimen, lavado de activos, trata de personas, entre otras, operen desde un nodo central con capacidad técnica y logística suficiente. El problema emerge cuando esa centralización se convierte en la única forma de operar, y las intervenciones fuera de Lima dependen de comisiones con viáticos que encarecen y limitan la presencia de agentes especializados en investigación de forma sostenida en regiones con alto índice y complejidad de estructuras criminales. O también cuando para el análisis criminalístico se requiere transportar las muestras a las regiones más cercanas. 

Tabla 2. Distribución de efectivos operativos de la DIRNIC por región y subdirección (junio de 2026)

Región	Antidrogas	Contra terrorismo	Contra corrup- ción	Trata e inmig. ilícita	Inv. Criminal	Ciber- crimen	Lavado activos	Medio ambiente	Policía fiscal	Total
Lima Met.	714	295	169	256	3,641	187	207	118	156	6,069
Callao	75	—	15	—	311	—	—	178	22	601
Ayacucho	286	1	16	15	12	—	3	19	—	352
San Martín	526	—	10	13	11	—	—	34	—	594
Huánuco	405	—	24	15	10	—	—	35	—	489
Junín	356	—	26	19	29	—	—	30	—	460
La Libertad	—	—	14	15	26	—	12	22	—	89
Piura	74	—	20	18	33	—	5	25	—	175
Tumbes	—	—	11	14	7	—	7	25	—	64
Demás reg.	326	1	248	235	279	20	20	424	6	1,559

Fuente: Elaboración propia a partir del conjunto de datos de efectivos policiales publicado en el portal del MININTER, procesado mediante tabla dinámica con los siguientes cortes: año 2026; mes junio; dependencia general Comando de Operaciones Policiales; dependencia Dirección Nacional de Investigación Criminal; función operativa (OPE).

Esta concentración adquiere un significado particular cuando se contrasta con la situación de las Divisiones de Investigación Criminal (DIVINCRI) de las regiones policiales. Las DIVINCRI tienen competencia territorial para investigar delitos en sus jurisdicciones y dependen orgánicamente de cada región policial. Si bien existe colaboración funcional con las unidades especializadas de la DIRNIC, esta articulación no resuelve la brecha de especialización, una DIVINCRI regional opera con recursos, capacitación y equipamiento distintos a los de una unidad especializada en Lima. Regiones con alta criminalidad organizada como La Libertad, con apenas 89 efectivos operativos totales de la DIRNIC, sin unidades de antidrogas ni cibercrimen, o Tumbes con 64 efectivos y sin presencia antidrogas, o inclusive Madre de Dios, epicentro de la minería ilegal en la Amazonía, con 58 efectivos de la DIRNIC en total y apenas 20 de la Dirección de Medio Ambiente, dependen en la práctica de esa colaboración intermitente para enfrentar delitos que tienen lógica y escala transnacional.

Los patrones descritos en las páginas anteriores apuntan a un déficit de diseño que no se resuelve solo con más recursos. La distribución territorial de la presencia policial, tanto en la DIRNOS como en la DIRNIC, responde en buena medida a una lógica institucional que no ha incorporado de forma sistemática los indicadores actualizados de riesgo en sus decisiones operativas. Avanzar hacia criterios de distribución que consideren la tasa de homicidios, la dinámica de extorsión, la presencia de economías ilícitas y la vulnerabilidad fronteriza no requiere necesariamente ampliar el presupuesto total, sino reorientar la lógica con la que se asignan los efectivos existentes.

No obstante, como ya se ha abordado, esta reorientación tiene costos institucionales importantes, más allá de la reubicación de los recursos humanos policiales, ya que requiere de una infraestructura que no se traslada de un día para otro, unidades ejecutoras con presupuestos asignados, personal con arraigo territorial, familias que construyen su vida en una sede. Así, reconocer estos costos implica reconocer que son una condición para diseñar reformas que sean técnicamente sólidas y políticamente viables. El conocimiento sobre esta problemática existe. Es la falta de ejecución de estos diagnósticos lo que falta implementar, problema que se reduciría con más personal técnico especializado en temas presupuestales, gestión de alianzas público privadas, y en general un esquema que permita a la Policía Nacional absorber talento profesional tanto policial como civil.

III. Lima por dentro, el mismo patrón a escala metropolitana

Lima Metropolitana reproduce a escala urbana el patrón descrito a nivel nacional. La ciudad concentra el mayor volumen absoluto de extorsiones del país, mientras que su mapa policial mantiene una distribución que acumula décadas de inercia institucional.

Un punto de partida útil para leer ese mapa es el estándar orientador que circula en los debates internacionales de política de seguridad. Este sitúa entre 2.8 y 3 efectivos policiales por cada 1,000 habitantes un umbral mínimo razonable de cobertura en contextos urbanos. Bajo ese criterio, la mayoría de los distritos de Lima Metropolitana, 32 de 43, se encuentran por debajo del umbral, y algunos de manera dramática. Comas, con más de 600,000 habitantes, registra 0.27 efectivos operativos por cada 1,000 personas. Villa El Salvador, 0.34. Carabayllo, 0.41. San Martín de Porres, con más de 800,000 residentes, alcanza apenas 0.54.

En el extremo opuesto, Barranco registra 11.93 efectivos por cada 1,000 habitantes, Lima Cercado 13.83 y La Victoria 8.47. Algunos distritos tienen demandas específicas que explican parte de esa concentración. Sin embargo, una brecha de más de setenta veces entre Comas y Santa María del Mar difícilmente puede explicarse solo por criterios técnicos de riesgo o demanda de servicios.

Tabla 3. Efectivos operativos de la DIRNOS en las regiones policiales de Lima Metropolitana por distrito (junio de 2026)

Distrito	Población (2026)	Efectivos operativos DIRNOS	Tasa x 1,000 hab.
Diez distritos con menor tasa
Comas	604,186	162	0.27
Villa El Salvador	445,521	153	0.34
Carabayllo	469,806	192	0.41
San Martín de Porres	812,733	441	0.54
Pachacámac	172,188	105	0.61
Pueblo Libre	104,412	74	0.71
Santiago de Surco	442,660	341	0.77
Ate	756,613	604	0.80
Ancón	108,912	91	0.84
San Juan de Miraflores	437,390	377	0.86
Cinco distritos intermedios
Punta Hermosa	25,892	36	1.39
San Borja	137,130	198	1.44
Chorrillos	384,444	562	1.46
Lince	65,739	105	1.60
Lurín	122,750	214	1.74
Diez distritos con mayor tasa
San Luis	57,055	168	2.94
Santa Anita	235,773	711	3.02
San Isidro	72,204	223	3.09
Rímac	187,556	613	3.27
Independencia	237,983	987	4.15
San Bartolo	10,348	79	7.63
La Victoria	190,925	1,617	8.47
Barranco	37,459	447	11.93
Lima Cercado	265,003	3,665	13.83
Santa María del Mar	1,349	27	20.01

Fuente: Elaboración propia a partir del conjunto de datos de efectivos policiales publicado en el portal del MININTER, procesado mediante tabla dinámica con los siguientes cortes: año 2026; mes junio; dependencia general Comando de Operaciones Policiales; dependencia Dirección Nacional de Orden y Seguridad; unidades correspondientes a las regiones policiales; función operativa (OPE). Los distritos intermedios corresponden a las posiciones 20 a 24 de los 43 distritos, ordenados de menor a mayor tasa. Tasa calculada sobre las proyecciones poblacionales del INEI (2026).

Los distritos con menor presencia policial relativa son, en varios casos, los mismos donde la extorsión ha crecido con mayor velocidad. San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, con 1.06 efectivos por cada 1,000 habitantes, registró 1,461 denuncias por extorsión en 2025. Comas, con 0.27, sumó 722. Villa El Salvador, con 0.34, llegó a 575 (INEI 2026). Entre enero y agosto de 2026, al menos 80 trabajadores del transporte fueron asesinados en Lima Metropolitana en hechos vinculados a la extorsión. San Juan de Lurigancho concentró al menos 10 de estos casos, y Comas, Carabayllo y San Juan de Miraflores, al menos 8 cada uno. Comas, Carabayllo y San Juan de Miraflores figuran entre los diez distritos con menor tasa policial de la ciudad, y San Juan de Lurigancho se ubica por debajo del promedio metropolitano de 1.72.

En otro espacio se ha analizado por qué se produce esta distribución: la acumulación de decisiones históricas, la disponibilidad de infraestructura y el arraigo territorial del personal. También se ha explicado por qué las unidades de emergencia no sustituyen el conocimiento cotidiano que aporta una comisaría (Enrico Headrington, 2026). Lo que interesa subrayar aquí es otra dimensión de la misma brecha. Si la presencia policial es limitada en los distritos más golpeados por la extorsión y el sicariato, la capacidad de investigar los delitos que ocurren en ellos depende de unidades todavía más concentradas.

A modo de cierre: de la presencia a la investigación

La presencia policial en las calles disuade, pero no desarticula. Los ataques descritos al inicio de este artículo responden en buena parte a economías criminales que operan de forma sostenida, con cobros semanales, redes de captación, sicarios contratados y circuitos de dinero. Frente a ese tipo de criminalidad, el patrullaje puede contener el delito en un punto y en un momento, pero solo la investigación permite identificar y desmantelar a la organización que lo comete. Por eso la pregunta por la distribución de los recursos policiales no termina en las comisarías.

La capacidad de investigar es todavía más desigual que la de patrullar. Las comisarías cumplen funciones de investigación acotadas. Las Divisiones de Investigación Criminal regionales tienen competencia territorial, pero operan con menos recursos y menor especialización, y con frecuencia dependen del apoyo de Lima o de desplazamientos entre regiones. Las unidades especializadas de la DIRNIC, por su parte, concentran en Lima el 58.1% de sus efectivos operativos. La concentración es mayor en las direcciones más relevantes para la criminalidad actual: 187 de los 207 efectivos de cibercrimen y 207 de los 254 de lavado de activos están en la capital. La agenda antidrogas tiene una lógica territorial propia, ligada a los valles cocaleros. Pero si la extorsión es hoy el principal motor de la violencia y de la inseguridad ciudadana, la asignación de pesquisas especializados en ese delito no puede quedar al margen del debate.

El modelo de comisiones con viáticos no alcanza para sostener una investigación contra una organización criminal, que exige meses de seguimiento, conocimiento del territorio y continuidad en los equipos. La experiencia del Comando Unificado de Pataz muestra que una intervención concentrada puede producir resultados. Según el Ministerio de Defensa, en septiembre de 2025 había 56 detenidos y 56 bandas desarticuladas Sin embargo, ese esfuerzo se sostuvo con recursos extraordinarios y en el marco de un estado de emergencia. Cuando los recursos de comisión se agotan y no hay continuidad, el conocimiento acumulado se pierde. La alternativa no pasa por incorporar personal sin experiencia en investigación policial. Pasa por constituir grupos especiales de investigación permanentes en los focos de mayor violencia, a partir de los recursos que ya existen en cada región y con una articulación más estrecha con las unidades especializadas de Lima.

De lo anterior se desprenden algunas preguntas que este artículo no agota, pero que orientan una agenda de investigación y de política pública: ¿Con qué capacidad especializada se investiga la extorsión en las regiones donde más ha crecido, como La Libertad y Piura, que no cuentan con efectivos de cibercrimen? ¿Cómo se articula la Policía con la Unidad de Inteligencia Financiera para seguir el dinero de las economías ilícitas que se generan fuera de Lima? ¿Cuántas regiones cuentan con departamentos de criminalística completos, y cuánto se retrasa una investigación cuando las muestras deben trasladarse a otra sede?

Responder estas preguntas no requiere necesariamente ampliar el presupuesto, sino decidir dónde se destinan los recursos que ya existen. Mientras la capacidad de investigar permanezca lejos de los territorios donde se concentra la violencia, la presencia policial seguirá llegando después del crimen y no antes de la siguiente extorsión.

Referencias

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Enrico Headrington, N. (2026, 13 de septiembre). La distribución policial no atiende los territorios más acechados por el crimen. Ojo Público. https://ojo-publico.com/6509/la-policia-no-llega-los-territorios-mas-golpeados-por-el-crimen

Grompone, A., Reátegui, L., Rentería, M., Sánchez, D., & Urrutia, C. (2024). Tensiones en la seguridad ciudadana: reformas, policía y sociedad. Instituto de Estudios Peruanos. 

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