El 4 de julio de 1991 una patrulla del Ejercito condujo a 15 pobladores del anexo de Rodeo Pampa, perteneciente a la comunidad campesina de Santa Bárbara, a los que acusaban de tener filiación subversiva, hacia ‘La Misteriosa’, una mina abandonada ubicada alrededor de la comunidad de Chuñumayo, distrito de Huachocolpa (Huancavelica). En ese lugar, los miembros del Ejército ejecutaron a los detenidos con armas de fuego, para luego dinamitar los cuerpos. Días después, los militares regresaron al sitio para destruir las huellas del crimen e impedir el acceso a los familiares y a las autoridades fiscales y judiciales. Siete de las víctimas eran menores de edad, que tenían entre 6 meses y 7 años al momento de ocurrir los hechos.
La Corte estimó la veracidad de estos hechos, a partir de las sentencias judiciales emitidas por el Estado peruano. Sin embargo, ordenó “determinar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones declaradas en la sentencia”, dado que sólo se condenó a un miembro del Ejército por estos sucesos. Asimismo, estimó que estamos ante una desaparición forzada de personas.
Además del procesamiento judicial de los hechos, la Corte Interamericana ordenó el inicio de «las acciones que resulten necesarias tanto para la exhumación como la identificación de los restos humanos localizados en la mina “Misteriosa”», donde se produjo este crimen. Asimismo, estimó una indemnización, la entrega de animales robados a dos familiares de las víctimas, así como la provisión de vivienda adecuada y atención de salud integral.
Puedes revisar la sentencia del caso Santa Bárbara vs. Perú.
(17.11.2015)
