16/02/2017

La posible extradición de Toledo

Yván Montoya, asesor del IDEHPUCP y profesor del Departamento de Derecho de la PUCP, escribió para el diario El Comercio una columna de opinión donde explica algunos de los detalles de lo que sería el proceso de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo, investigado por la presunta recepción de sobornos para favorecer a la empresa Odebrecht en la construcción de la Carretera Interocéanica. Reproducimos a continuación sus impresiones.

Al término de estas líneas, el expresidente Alejandro Toledo se encuentra todavía en EE.UU. sin una orden de detención activada por un juez de ese país. Y si bien aún puede viajar a otro destino, esta posibilidad no resulta ya ventajosa para él en la medida en que la solicitud de captura internacional está en todas las sedes de Interpol del mundo. En ese supuesto, el ingreso a alguno de esos países es formalmente violatorio de normas migratorias internas y el riesgo de expulsión es mucho  mayor.

Esto parece explicar su actitud resignada de permanecer en EE.UU. y esperar los pasos que tomará el Perú en los próximos días. Dos son los escenarios posibles, uno más probable que el otro (una tercera posibilidad, negada implícitamente por el propio Toledo, es que tome la decisión de venir voluntariamente al Perú o que, iniciado el proceso de extradición, acepte su entrega al Estado Peruano y abrevie el procedimiento).

Por un lado, la deportación y expulsión de EE.UU., situación poco probable debido a su condición de residente. Por otro lado, el inicio del proceso de extradición, la alternativa más probable.

Sobre este último ha habido un inicial traspié del Estado peruano luego de conocer que el Departamento de Justicia no remitió la solicitud de captura internacional de la justicia peruana al juez norteamericano competente debido, según versión del ministro del Interior, a insuficiencias en dicha solicitud. Preocupa este “impasse” porque es difícil saber si se trata de un problema de fondo; es decir, si las autoridades administrativas de EE.UU. consideran que no hay elementos de prueba suficiente que evidencien un delito que vincule a Toledo, o si se trata de un aspecto formal, rápidamente subsanable. Tal vez se haya cuestionado que no se envió específicamente una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, tal como prevé el tratado de extradición con el país norteamericano. De cualquier forma, considero que si no se presentan aspectos políticos de interferencia, los elementos indiciarios que obran en la investigación a cargo del fiscal Castro, y que se sigue por el soborno de Odebrecht al expresidente, son razonablemente suficientes para iniciar judicialmente el proceso de extradición.

Si ello es así, armar el cuaderno en el Perú y remitirlo a EE.UU. tomará, aproximadamente, unos dos meses. Luego, la duración del proceso de extradición puede tomar otros meses o más de un año si la defensa de Toledo activa diversos mecanismos de defensa judicial. En este punto, debo señalar que no será fácil para el Estado peruano defender dicha extradición. Dos aspectos deben cuidarse si se emprende este camino.

Lo primero es ver si el delito de tráfico de influencias es también delito en EE.UU. (principio de doble incriminación). Si no lo fuera –como parece apuntar una revisión rápida de la legislación penal norteamericana–, ese delito no sería susceptible de extradición. Y si el tráfico de influencias no es delito en EE.UU., entonces podría complicarse la posibilidad de que se conceda la extradición por el delito de lavado de activos. Cabe advertir que no queda claro en la investigación fiscal cuál es el delito fuente del lavado de activos que se le atribuye a Toledo. O es el delito de tráfico de influencias –lo que complicaría el procedimiento, pues no habría en EE.UU. un delito de lavado que se origine en un delito inexistente– o es el delito de cohecho pasivo –soborno–, tal como lo refiere el fiscal en la narración de los hechos. Si resulta claro este último supuesto, entonces se facilitaría la extradición por lavado de activos del expresidente (el delito de cohecho sí es delito en EE.UU.), más aun si se lograse adjuntar oportunamente la información y documentación contenida en la investigación por el Caso Ecoteva.

En este hipotético escenario judicial, es decir, si el expresidente es extraditado al Perú por el delito de lavado de activos, se abren nuevamente varias posibilidades. No es este el momento para adelantar más nuestras opiniones sobre tales opciones, pero sí es el momento para advertir, a partir de lo que hemos manifestado en estas líneas, que el eventual proceso de extradición en EE.UU. no será fácil para el Estado peruano. Existen problemas dogmático-penales y de derecho extradicional que deben ser tomados en cuenta por aquellos que nos representen ante la justicia estadounidense.

(16.02.2017)