Hablar de reparaciones en el país está asociado no solo a los procesos judiciales sino también al resarcimiento del Estado peruano frente al daño sufrido por las víctimas durante el conflicto armado interno que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) dejó más de 69 mil víctimas.
El tema cobra actualidad cuando esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desarrollado una nueva audiencia, esta vez sobre la “Implementación del Plan Integral de Reparaciones en Perú”, en el marco del 172° Periodo de Sesiones realizado del 3 al 10 de mayo en Jamaica.
La CIDH ha reconocido el gesto del Estado peruano al solicitar la audiencia, una suerte de escrutinio público donde los funcionarios se someten no solo a la revisión de sus avances y decisiones sino también a la escucha y diálogo con la sociedad civil. En esta sesión, el Estado Peruano representado por el ministerio de Justicia, ha dado cuenta del cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones, donde destacó por ejemplo, que se tendieron reparaciones económicas a 85.954 personas, entre ellas familiares de personas asesinadas, familiares víctimas de desaparición forzada, víctimas con discapacidad y víctimas de violación sexual; así como la atención a las reparaciones colectivas que hasta el 2018 había reparado a 2.620 comunidades. Para el 2019, el ministerio de Justicia ha señalado que se atenderá a 649 comunidades más[1] mediante financiamiento, acompañamiento técnico y seguimiento para la ejecución de proyectos productivos o de infraestructura.
Los Estados asumen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en contextos de violencia como el ocurrido en nuestro país entre 1980-2000. El término reparaciones se puede entender como el diseño de programas de cobertura masiva para ofrecer beneficios directamente a las víctimas (De Greiff, 2011). Los programas de reparaciones son dispositivos de políticas públicas; así, en el Perú esta política fue aprobada el 2005 mediante la Ley Nº 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), dirigido a atender las necesidades de las víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado interno. El PIR incluía reparaciones individuales y colectivas en los sectores de educación, salud, economía; así como en la restitución de derechos ciudadanos y reparaciones simbólicas.
El PIR se encuentra a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN), la cual entrega un monto de reparación de S/. 100,000 por comunidad, centro poblado o grupo de desplazados no retornantes. Esta reparación se brinda a través de proyectos de infraestructura y de desarrollo que buscan mejorar las capacidades productivas de las comunidades, pueblos y organizaciones de desplazados no retornantes, reconstruyendo los lazos sociales rotos por la violencia.
Así, el Estado peruano ha avanzado en configurar de forma progresiva los fundamentos y lógicas para institucionalizar una política de reparaciones para las víctimas de la violencia; sin embargo aún se mantiene una cierta retórica que prioriza el desarrollo por sobre la afectaión. ¿Cuál es la diferencia entre ser pobre en el Perú y ser víctima de la violencia? Más bien, todavía prevalece una perversa similitud: según la CVR el 75% de las víctimas tenían como lengua materna el quechua, eran pobres y procedían del campo.
En ese sentido, la implementación de la política de reparaciones no puede ser analizada solo bajo indicadores económicos, más aún si hablamos de víctimas que llevan esperando más de 30 años. Hace falta dialogar acerca de cómo se entiende la reparación hoy desde las propias víctimas, entendida como un reconocimiento de parte del Estado a la afectación sufrida pero sobre todo a su condición de ciudadanas.
* Iris Jave es investigadora principal de la línea Memoria, Democracia y Posconflicto del IDEHPUCP. Este texto fue publicado en la sección de Opinión de RPP.
