La migración masiva de personas venezolanas, con salidas diarias que rodean las 5 000 personas por día, ha ocasionado un movimiento migratorio sur-sur sin precedentes en la región. De los 4 054 870 de venezolanos y venezolanas en el exterior, el 80% se encuentran en países de Latinoamérica y el Caribe, como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, entre otros. Si bien los países que se han consolidado como nuevos destinos migratorios se han caracterizado por contar con políticas que facilitan la movilidad, en los últimos años la sobrecarga de los sistemas nacionales de gestión migratoria y refugio por el incremento de los flujos ha generado un viraje hacia la adopción de respuestas más restrictivas y abocadas al control.
Los cambios introducidos, que incluyen la imposición de mayores requisitos para el ingreso (pasaportes, visas, etc.) o el cierre de fronteras, se condicen con una tendencia a nivel global de los Gobiernos de concentrar sus esfuerzos en restringir o impedir los movimientos migratorios. Según ha referido la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de las Naciones Unidas, ello resulta alarmante porque desvía la atención de ofrecer canales de protección adecuados a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La falta de adopción de medidas para el respeto y garantía de los derechos humanos de los y las migrantes potencia las posibilidades de que sean víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, secuestros, violencia sexual, estafas, entre otros.
En el caso de la trata de personas en la migración venezolana, llama la atención la escasa información disponible y casos identificados. Un informe del Ministerio del Interior de Colombia, publicado en 2018, daba cuenta del registro de 10 casos en ese país entre 2015 y 2017. En Ecuador, entre 2017 y junio de este año se habrían identificado 43 víctimas venezolanas de trata de personas. Algunos reportes más preocupantes informan sobre la existencia de redes de trata de personas entre autoridades y tratantes en las fronteras de Venezuela con otros países, como Trinidad y Tobago.
En Perú, información brindada por la Policía Nacional indica que en 2018 se rescataron a 102 personas venezolanas víctimas de trata, y entre enero y febrero de 2019 a 59 víctimas de esta nacionalidad. A pesar de los incrementos registrados sobre las denuncias y el rescate de víctimas de este delito, y más allá de campañas de concientización, no se identifica la implementación de acciones específicas para reforzar una identificación, asistencia y rescate que tome en cuenta los factores que las hacen especialmente vulnerables ni en el país ni en otros de la región.
Por ejemplo, una encuesta realizada de forma reciente por ACNUR determinó que las principales carencias que enfrentan quienes huyen de Venezuela actualmente incluyen la carencia de documentación (34%); el desconocimiento de sus derechos y los procedimientos migratorios para regularizarse, o cómo solicitar refugio; el no contar con empleo (66%); y dificultades para encontrar alojamiento (43%) en los países de tránsito y destino de la ruta migratoria en Latinoamérica y Caribe.
En el caso peruano, la población venezolana que ha llegado de forma reciente es predominantemente joven (55% se encuentra entre los 18 y 29 años), en su mayoría no cuenta con educación superior (60%), y al llegar a Perú se inserta en el mercado laboral informal según identificó el nuevo Estudio sobre procesos de inclusión de las personas venezolanas en Lima Metropolitana, realizado por el IDEHPUCP con apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). Todas las características citadas implican un grado de vulnerabilidad que requiere de la adopción de medidas urgentes y concretas en todos los aspectos posibles, fundamentalmente en los sistemas de lucha contra la trata de personas.
Aunque es clara la necesidad de innovar estos sistemas para incorporar cambios que consideren las características mencionadas y los riesgos específicos que implican, cualquier cambio que se introduzca debe tomar en cuenta los retos que esto supone. La implementación de medidas adecuadas debe partir de la comprensión del vínculo entre ambos fenómenos, y el contexto especial de cada país de la región en materia de trata y migración. También es vital la coordinación de mecanismos para la identificación de las víctimas, tomando en cuenta que la dinámica de los movimientos migratorios no necesariamente supone un traslado directo de la víctima al país de destino, sino que podría esta permanecer en diversos países de tránsito en la ruta migratoria de la región por diversos lapsos, dependiendo de las circunstancias.
A su vez, para la correcta identificación y asistencia de víctimas de trata, deben dejarse de lado los perfiles o estereotipos que puedan existir sobre estas. Este punto será especialmente relevante al realizar fiscalizaciones laborales, las cuales deben ser reforzadas con una perspectiva migratoria. En países como Perú, donde el mercado laboral informal está más extendido que el formal y, además, se han reportado casos de explotación laboral que podrían estar asociados con trata de personas, las fiscalizaciones laborales son particularmente necesarias.
Finalmente, todo ello debe ser complementado con la incorporación de los estándares desarrollados a nivel internacional sobre víctimas de trata extranjeras, como los Principios y Directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas. A pocos días de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, reflexionar sobre lo señalado es imprescindible para trazar nuevas metas que permitan garantizar los derechos de las víctimas de este delito y prevenir que se den más casos.
*Escribe Génesis Vargas, integrante del área de Investigación Académica del IDEHPUCP.
