El viernes 15 de marzo, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó en la sede de Washington, la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sanciona y Erradicar la Muerte Violente de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio). Una semana antes, el 7 de marzo, Marcela Huaita, investigadora asociada del Idehpucp y experta integrante del Comité del Mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana Belém do Pará (MESECVI), comentó junto a Teresa Hernández, titular de la Dirección de Familia y Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Elvira Álvarez, Jueza Superior de familia, en una reunión de especialistas realizada en el Idehpucp, los alcances de dicha norma, aprobada en la Decimoquinta Reunión del Comité de Expertas, realizada en Washington D.C. (3 5 de diciembre de 2018).
Según reportó la ONU en 2018, a través del Estudio Global sobre Homicidios de Mujeres por razones de Género, los casos reportado durante el 2017 dan cuenta que cada día 137 mujeres son asesinadas en el mundo «por parte de alguien de su entorno más íntimo». Datos como este enmarcaron la presentación de Almagro, realizada en el evento Asesinato de Mujeres y Niñas por Razones de Género, la cual se transmitió en vivo a través del sitio web oficial de la OEA, Twitter y posteriormente a través del canal oficial de la organización internacional en YouTube. El panel incluyó la iluminadora y potente ponencia de Rita Segato, antropóloga y feminista argentina.
La ley debe ser considerada por los 32 países suscritos a la Convención de Belém do Pará, entre los cuales se encuentra el Perú como estado garante. De acuerdo al documento, la OEA y el MESECVI, esperan que este dispositivo se utilice en la formulación de la legislación nacional o para revisar la existente.
La propuesta se sustenta, entre otras experiencias, en documentos como el Tercer Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará, presentado por el MESECVI en 2017. En este se advierte que «la visibilización del problema en cifras y la amplia legislación que se ha ido desarrollando, no ha sido aún terreno fértil» para combatir esta problemática. De acuerdo al MESECVI, ninguno de los países de la región superaba el 1% del presupuesto anual para las políticas de prevención en violencia contra las mujeres.
Frente a esta realidad, el Comité de Expertas se ha involucrado activamente en la preparación de este documento, para el cual han dado recomendaciones en los que se hace énfasis en «la necesidad de que las políticas públicas y los recursos destinados para combatir la violencia contra las mujeres tengan una perspectiva de derechos humanos, de género y de diversidad, que se adecúe con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención», como indica la presentación de esta Ley modelo.
Por su parte, el evento organizado por el Idehpucp denominado «Recomendaciones a los Estados para enfrentar las peores formas de violencia contra la mujer». contó con las palabras de bienvenida de Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del Idehpucp y presidenta del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y la participación de las especialistas: Teresa Hernández, y Elvira Álvarez, quienes centraron su análisis en dos recomendaciones adicionales aprobadas por el Comité de Expertas:
- Recomendación General N. 1 del Comité de Expertas del MESECVI sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres de acuerdo al artículo 2 de la Convención de Belém do Pará
- Recomendación General No.2 del Comité de Expertas del MESECVI sobre mujeres y niñas desaparecidas en el Hemisferio de acuerdo a los Arts. 7b y 8 de la Convención de Belém do Pará
Finalmente, la presentación de la Ley Modelo Interamericana, supone un avance de política internacional, toda vez que apunta a ser una herramienta que logre proporcionar a los Estados y los agentes comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres, una mirada integradora del problema, como indica Sylvia Mesa Peluffo, presidenta del Comité de Expertas del MESECVI, al inicio del documento. Para la experta, esta es una oportunidad para gozar del estándar más alto de protección e interpretación a la hora de garantizar y exigir los derechos establecidos en la Convención de Belém do Pará.