Por Kathy Subirana Abanto (*)
La campaña «Somos la mitad, queremos paridad, sin acoso» comenzó como una lucha donde el foco se puso en la representación numérica en las listas electorales. Sin embargo, no era la única consigna. Una vez aprobada la Ley de Paridad, empezó la batalla por el cuidado integral de las mujeres que aspiran a participar en política. Los frutos concretos de esto último se recogieron en año 2021 con la promulgación de la Ley 31155, “Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política”. Sin embargo, la existencia de la Ley no ha eliminado el problema.
«Somos la mitad, queremos paridad, sin acoso», es una iniciativa que nació el año 2011 con el impulso de las organizaciones feministas Flora Tristán y Manuela Ramos —y la Asociación Calandria en sus inicios— y se enfocó en poner en evidencia que el ingreso de las mujeres a los espacios de poder, históricamente masculinos, se ha dado enfrentando una ola de resistencia patriarcal que el Estado peruano aún no logra frenar.
El costo de la irrupción
Diana Miloslavich, vocera de la campaña, explica que la violencia política se intensificó precisamente con la implementación de las cuotas de género. «Antes de las cuotas, los consejos locales eran masculinos», señala, indicando que la inclusión de mujeres generó tensiones y violencia debido a la resistencia de sectores que se negaban a ceder sus espacios de poder.
Aunque casos extremos como asesinatos o agresiones físicas son excepcionales, el acoso cotidiano es la norma. Este consiste mayoritariamente en exclusión, humillaciones en sesiones municipales y violencia simbólica contra aquellas que irrumpen en el espacio público.
En ese sentido, las cifras del Ministerio de la Mujer revelan un patrón preocupante entre julio de 2021 y agosto de 2025:
- Vulnerabilidad: De 38 denuncias registradas, 32 corresponden a mujeres que son nuevas en la política.
- Identidad: El acoso afecta principalmente a mujeres mestizas (25 casos) y quechuas (9 casos).
- El agresor: En la totalidad de los casos (38), el agresor no tiene vínculo de pareja con la víctima, confirmando que la violencia ocurre estrictamente en el ejercicio del cargo o la aspiración al mismo.
- Riesgo: Si bien 14 casos se consideran leves, existen 3 registros de riesgo severo que demandan atención urgente.
Una ley con «dientes» de papel
A pesar de que desde abril de 2021 está vigente la Ley N° 31155, su aplicación es, en el mejor de los casos, deficiente. La norma define el acoso como cualquier conducta que busque anular o limitar los derechos políticos de las mujeres. Entre las manifestaciones sancionables están el restringir el uso de la palabra, divulgar información de la vida privada sin interés público o limitar recursos inherentes al cargo.
Sin embargo, la realidad administrativa choca con la letra de la ley. «La penalización real ha sido escasa y lenta, y la falta de reglamentación de la norma complica su aplicación», advierte Miloslavich. Y el escenario legislativo de los últimos años no ha sido favorable. Mientras que en los periodos parlamentarios que se dieron entre 2016 y 2021 hubo apertura para denunciar estos casos, el Congreso actual —caracterizado por sectores conservadores y fundamentalistas— ha bloqueado avances sustanciales.
Actores políticos como la presidencia de la Comisión de Constitución han sido señalados por obstruir dictámenes que permitirían una fiscalización más rigurosa. “Existe un interés en mantener el statu quo para evitar conflictos internos en los partidos. Con la mira puesta en los próximos comicios, la urgencia de protocolos efectivos es crítica”, señala la también exministra de la mujer.
La sociedad civil y redes feministas continúan acompañando a las víctimas, alertando que sin una reglamentación clara por parte del JNE y un compromiso real de los partidos políticos —que por ley deben incluir medidas de sanción interna—, la Ley 31155 seguirá siendo un marco legal de avanzada sin capacidad de protección real para las mujeres que deciden hacer política en el Perú.
¿Qué pueden decir sobre el acoso político mujeres que han ocupado espacios políticos?
Rocío Silva Santisteban, excongresista
“El acoso político es parte de una estrategia autoritaria y que va en contra de los valores democráticos que se promueven en el país y se basa en la idea de que las mujeres somos subalternas en el ámbito democrático y que nuestra participación no es calificada. A diferencia de lo que plantea la ley, yo pienso que el acoso político debe tener una sanción penal también porque, en tanto que no la tenga, se puede seguir realizando (…). Mientras no haya una sanción penal, creo que esto no va a funcionar”
Tania Pariona, excongresista
“Las mujeres aún tienen barreras que limitan su efectiva participación política en los estamentos de poder y en los espacios donde se toman decisiones, y considera que esto tiene que ver con diversas formas de violencia como el acoso político. Hay mujeres que son amedrentadas, humilladas, restringidas, por ejemplo, en su labor de fiscalización o por ejemplo, los insultos que van más allá de la calificación del desempeño de las funciones, sino tiene que ver con nuestra condición de ser mujer, condiciones físicas, étnicas lingüísticas, entre otras razones”.
(*) Responsable de prensa del IDEHPUCP.
