Por Marcela Huaita Alegre (*)
En las últimas semanas, hemos venido publicando en el boletín de IDEHPUCP una serie de análisis de los planes de gobierno para las elecciones generales de 2026–2031. El objetivo ha sido mirar estas propuestas desde un ángulo que a veces queda en segundo plano: qué dicen —y qué no dicen— sobre igualdad de género y derechos humanos.
No se trata de abordar la igualdad como un tema sectorial o como un capítulo más dentro de un programa de gobierno, sino de leer los planes como lo que realmente son: una señal del tipo de Estado y del tipo de democracia que cada proyecto político imagina.
Cómo aproximarnos a un plan de gobierno con esta mirada
Creemos que la formación democrática consiste, en parte, en aprender a leer críticamente las propuestas que se presentan en campaña. A veces los planes de gobierno incluyen palabras que suenan bien —igualdad, familia, protección— pero esas palabras no dicen mucho por sí solas. Lo importante es preguntarse qué hay detrás: si existen medidas concretas, si hay metas claras, si se asignan recursos para realizar lo propuesto y si se plantean mecanismos para evaluar lo que se promete.
También es importante mirar la coherencia con los estándares de derechos humanos. El Estado peruano tiene compromisos constitucionales e internacionales que no pueden ignorar. Por eso vale la pena preguntarse si las propuestas amplían derechos o si, por el contrario, podrían restringirlos. O si respetan un principio fundamental: que no se debe retroceder respecto de los derechos ya alcanzados.
Otra clave es observar si los planes reconocen las desigualdades que existen en la realidad. Las políticas públicas no afectan a todas las personas de la misma manera. Por eso importa saber si las propuestas identifican brechas concretas y si plantean medidas específicas para reducirlas, especialmente en relación con grupos que han enfrentado históricamente exclusión o discriminación.
Y, por supuesto, está la dimensión institucional del problema. Las políticas no funcionan por sí solas: necesitan estructuras que las sostengan, capacidad técnica, coordinación entre sectores y mecanismos de seguimiento. Sin esa base, incluso las mejores propuestas pueden quedarse en el papel.
Finalmente, está el sustento técnico. Las políticas públicas deberían basarse en diagnósticos claros y en evidencia. Cuando los planes no explican de dónde vienen sus propuestas o cómo podrían implementarse dentro del marco constitucional, resulta difícil saber si estamos ante políticas viables o simplemente ante promesas.
Lo que muestran los planes de gobierno
Al comparar los planes aparecen algunas señales interesantes. En primer lugar, la agenda de igualdad de género tiene hoy una presencia más visible en el debate electoral que en procesos anteriores. La violencia contra las mujeres es reconocida de manera bastante transversal como un problema público, y el Sistema Nacional de Cuidados empieza a aparecer como una respuesta a las desigualdades que genera la distribución del trabajo doméstico y de cuidado. Estos avances muestran que la igualdad de género ya no ocupa un lugar completamente marginal en la discusión política.
Pero el análisis también revela tensiones importantes. En varios planes, por ejemplo, la violencia basada en género se aborda principalmente desde un enfoque punitivo, como si fuera solo un problema de seguridad. En otros casos, los derechos sexuales y reproductivos aparecen como un terreno de disputa ideológica muy marcada. Y cuando se habla de participación política, todavía es frecuente encontrar propuestas que se quedan en la igualdad formal, sin abordar las condiciones reales que limitan el acceso de las mujeres al poder.
También hay diferencias claras en la calidad programática de los planes. Algunos incluyen metas verificables, plazos y mecanismos de seguimiento. Otros se quedan en formulaciones generales que hacen difícil saber cómo se implementarían las propuestas o cómo podrían evaluarse en el tiempo.
La institucionalidad en el centro del debate
Uno de los puntos más sensibles que aparece en el análisis es la discusión sobre la institucionalidad de género y, en particular, el futuro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Algunos planes proponen fusionar ministerios o reducir significativamente su número, lo que podría implicar la desaparición o absorción del MIMP dentro de estructuras más amplias. Otros no mencionan directamente esta posibilidad, pero sí plantean reorganizaciones que abren la misma interrogante.
Más allá de la estructura administrativa, lo que está en juego es el lugar que ocupa la igualdad de género dentro del Estado. Debilitar o eliminar una rectoría especializada puede afectar la continuidad de políticas como la Política Nacional de Igualdad de Género y, con ello, la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos.
Una disputa que también interpela a la ciudadanía
Mirados en conjunto, los planes de gobierno muestran que la igualdad de género se ha convertido en un terreno de disputa política, ideológica e institucional.
Esto no solo interpela a los partidos que compiten en la elección. También plantea un desafío para la ciudadanía, la academia y las instituciones democráticas: seguir de cerca las propuestas, exigir coherencia entre el discurso y las políticas, y poner atención frente a posibles retrocesos.
Porque la democracia no se reduce al momento de votar. También se construye en la forma en que el Estado garantiza derechos en condiciones reales de igualdad.
Finalmente, la verdadera prueba de los compromisos que hoy aparecen en los planes de gobierno no estará en el discurso de campaña, sino en su capacidad de convertirse en políticas sostenibles, con recursos, con evaluación y con continuidad en el tiempo. Solo así podrá saberse si las promesas de igualdad se traducen realmente en cambios duraderos.
(*) Este artículo es parte de la serie de entregas «Elecciones 2026, igualdad de género y democracia: ¿qué está en juego?» a cargo de Marcela Huaita-Alegre. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) e integrante del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (GRIDEH). Su trabajo se especializa en igualdad de género, políticas públicas y estándares internacionales de derechos humanos, con énfasis en democracia y no regresividad de derechos
