Los jefes de Estado de países sin mayor gravitación sobre los grandes dilemas globales usualmente suben al podio de la Asamblea General de la ONU para enviar mensajes a sus propias sociedades sobre asuntos de política interna; por ello, no resultó sorprendente que Keiko Fujimori participara en ese foro con una alocución básicamente dedicada a repetir algunas muletillas de su agenda de gobierno para estricto consumo local.
No obstante, dentro de este horizonte previsible cabe señalar un par de notas relevantes. La primera de ellas es que en esa presentación Fujimori ha asumido explícita y personalmente el discurso autoritario y enemigo de los derechos humanos que hasta ahora había delegado en otros miembros de su entorno.
Como se sabe, antes de su llegada oficial al gobierno, y valiéndose de su control del Congreso, Fuerza Popular ya había tejido una tupida red de impunidad para violaciones de derechos humanos pasadas y futuras cometidas por agentes del Estado. Algunos nudos centrales de esa red son la ley que prohíbe la aplicación de los tipos penales de crimen de lesa humanidad y crimen de guerra para garantizar, así, la prescripción de delitos que en realidad son imprescriptibles; la ley que otorga amnistía incondicional a militares o policías que se encuentren procesados por violaciones de derechos humanos o sin sentencia firme, y la ley que extiende más allá de lo permisible el concepto de “delito de función” y dispone que todo delito que caiga dentro de esa definición ampliada abusivamente sea competencia del fuero militar-policial. A ello se suma, evidentemente, el acoso y la represalia contra jueces y fiscales que no acaten ese marco de impunidad, mediante la acción de una Junta Nacional de Justicia digitada por el poder político.
Frente a todo ello, Fujimori había cultivado hasta el momento una actitud de duplicidad: por un lado, se proclamaba respetuosa de las instituciones; por otro lado, dejaba que su agrupación política, y las instituciones que controla, siguieran atropellando al sistema de administración de justicia. Pero ahora, ante las Naciones Unidas, ha optado por asumir ella misma la campaña contra la independencia del Poder Judicial, acusándolo de una persecución contra militares y policías y advirtiendo que su gobierno se opondrá a la administración de justicia sobre violaciones de derechos humanos.
Y aquí surge la segunda cuestión relevante. Lo dicho por Fujimori es, evidentemente, un mensaje de escaso interés para el foro mundial ante el cual fue dado, excepto en dos sentidos: el primero es que ese anuncio hecho en esa ocasión funciona como una adhesión pública y manifiesta del gobierno del Perú al eje de autoritarismo conservador y antiderechos humanos que ha emergido en el continente; el segundo es que esta declaración de la presidenta vino acompañada por una crítica a los sistemas internacionales de defensa de derechos humanos y, por extensión, a las instancias de gobernanza multilateral, denuncia muy en sintonía, también, con la orientación y la retórica del eje mencionado.
Propio de esa retórica fue, también, el anuncio de que las organizaciones criminales serían declaradas organizaciones terroristas, un gesto que es en esencia vacuo. Se dice que de ese modo las fuerzas armadas podrían intervenir contra ellas en apoyo de la policía, cosa que, en realidad, ya es factible bajo estados de emergencia. Vacuo, pero no inocuo: nada cambia en el combate a la criminalidad con una declaración de ese tipo, pero sí se eleva la estridencia del discurso político y se genera una atmósfera de “guerra” en la cual los derechos de los ciudadanos, y en particular los de quienes levanten voces críticas desde la sociedad civil, se ven en mayor riesgo.
Estamos, en suma, ante una profesión de fe autoritaria que, si bien no es sorprendente, sí puede ser vista como más peligrosa aún, pues, lejos de ser un gesto excéntrico, sugiere la incorporación del Perú a un concierto internacional de regímenes represivos que desmantelan la democracia bajo el pretexto de la búsqueda de seguridad.
