Que el sistema de justicia peruano es estructuralmente corrupto no es novedad. De ello da cuenta la poca o casi nula confianza que los ciudadanos profesan por las instituciones que lo integran (lidera la lista de la desconfianza el Poder Judicial); las denuncias y sanciones contra sus principales magistrados por vínculos con el crimen organizado (entre las más recientes y emblemáticas, la destitución de Carlos Ramos Heredia del cargo de Fiscal Supremo); la calidad de los fallos judiciales (¿cómo olvidar la famosa sentencia redactada por Malzon Urbina?); y el uso de la jurisdicción para garantizar la impunidad de los políticos (las acciones de amparo frente a la Megacomisión que investigaba a Alan García o el fallo del Tribunal Constitucional que excluye a Castañeda del proceso por Comunicore). Sin embargo, los audios expuestos por IDL Reporteros dan prueba irrefutable de la putrefacción.
Los audios, además, tienen la virtud de interpelar al ciudadano, pues nos muestran que ninguna salida institucional es posible: ¿tiene el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la legitimidad para sancionar al juez supremo, César Hinostroza?, ¿tiene el Congreso, liderado por la bancada de la “señora K”, la voluntad política y la legitimidad para sancionar a los consejeros del CNM? La ausencia de los 87 votos que se necesitan para su destitución es la máxima expresión de su complicidad.
Por su parte, el Ejecutivo acaba de anunciar la conformación de una comisión de reforma del sistema de justicia, la misma que tendrá como principal mandato formular proyectos de ley que plasmen las propuestas de reforma. Al respecto, preocupa la poca consciencia que sobre su debilidad política expone el Presidente de la República. La CERIAJUS (2004), el último intento serio e integral de reforma del sistema de justicia, fue posible solo en un contexto de transición democrática y presión de los organismos internacionales, donde los propios actores judiciales se organizaron en asociaciones para recuperar la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público capturados por el fujimorismo. A pesar del consenso que, inicialmente, generó la CERIAJUS entre los actores judiciales, políticos, la academia y la sociedad civil, sus recomendaciones casi no fueron implementadas. ¿Por qué en un contexto de menores posibilidades de liderazgo político, compromiso judicial y participación ciudadana, como el actual, deberíamos esperar un resultado diferente?
Desde la izquierda, en cambio, se ensaya una salida más radical: “que se vayan todos” y se inicie un proceso constituyente. Sin embargo, esta no es una salida pensando en las urgencias del corto plazo, ni en las actuales reglas electorales. Un proceso que nos garantice una Asamblea Constituyente que renueve la representación política no parece próximo, pues exige de un nivel de politización y de compromiso ciudadano que aún está en ciernes.
Entonces, ¿no hay salidas? Para responder a esta pregunta es importante mirar más allá de nuestras fronteras y recoger experiencias de lucha contra la corrupción en contexto de institucionalidad precaria y una clase política y empresarial coludida para la captura del Estado. Dos experiencias destacan: Guatemala y Honduras.
En Guatemala existe la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta se conformó a partir de un acuerdo entre las Naciones Unidades y el Estado de Guatemala con el principal objetivo de investigar y promover la sanción, y desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad que habían surgido como producto de las estrategias contrainsurgentes durante el conflicto armado interno. Para cumplir con dicho mandato la CICIG está facultada a asesorar técnicamente al Ministerio Público, actuar como querellante adhesivo, mantener la confidencialidad de sus colaboradores y denunciar a quienes obstruyan su labor. Entre sus principales logros está el desmantelamiento de una red de corrupción en las aduanas que involucraba al ex presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, causa por la cual dicho presidente se vio obligado a dimitir. Además, en el 2015, presentó un informe titulado Financiamiento de la política en Guatemala, a partir del cual ha destapado las operaciones de lavado de activos, tráfico de influencias y captura del Estado por parte de los principales partidos políticos de dicho país. A causa de su actuar independiente, actualmente la CICIG viene enfrentando hostilidades de parte del gobierno guatemalteco. Sin embargo, la movilización ciudadana ha logrado detener al gobierno y mantener la labor del actual comisionado, Iván Velásquez.
En Honduras existe la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Esta se conformó por un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Estado referido; y surgió como salida a la crisis política generada a partir del caso de corrupción denominado “desfalco del Instituto de Seguridad Social”. Entre sus principales objetivos se encuentran: 1) contribuir con las instituciones encargadas de la prevención y el combate a la corrupción, lo que implica la investigación y seguimiento de casos; 2) formular propuestas de reforma de la justicia penal y del sistema político electoral; y 3) hacer seguimiento a las políticas de seguridad ciudadana y de protección de defensores de derechos humanos. Entre sus principales logros, encontramos: la condena a los responsables del caso de desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social; la denuncia de cinco diputados involucrados en un caso de malversación de fondos a través de ONGs y la captura de la ex primera dama, Elena Bonilla, acusada de malversación de fondos, lavado de activos y asociación ilícita; además de la presentación de varios proyectos de ley. Actualmente, su principal responsable es Luiz Antonio Marrey, reemplazo de Juan Jiménez Mayor, quien renunció a la MACCIH después de denunciar la obstaculización de sus funciones por parte del gobierno hondureño y la falta de respaldo por parte del Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
Estas dos experiencias nos hablan de las posibilidades que se abren para la lucha anticorrupción cuando una misión internacional con autonomía económica, política y administrativa interviene en la investigación y seguimiento de casos de corrupción. Aunque con algunos cuestionamientos vinculados a la soberanía estatal, estas misiones han mostrado una efectividad relativa, teniendo entre sus principales factores de éxito a la adhesión, organización y movilización ciudadana. Estos casos muestran que puede haber otras salidas cuando la institucionalidad ordinaria se agota o se muestra inoperante o inservible como ahora.
* Escribe: Marité Bustamante, investigadora del equipo Lucha contra la Corrupción.
