Por Valery Maco (*)
Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística (INEI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares en una conferencia sobre las nuevas cifras de pobreza. Los datos son muy desalentadores: tres de cada cinco peruanos se encuentran en una situación de veulnerabilidad o pobreza. Alrededor de 8.5 millones de personas son pobres monetarios**; ello representa dos millones de pobres adicionales con respecto al 2019.
Otra preocupación son los grupos vulnerables. Los niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años) son el grupo poblacional con la mayor tasa de pobreza al alcanzar el 35,4%. Luego de este grupo, las mujeres son las más vulnerables a vivir una situación de pobreza.
Así, las cifras demuestran que los niveles de pobreza de antes de la pandemia no se han recuperado. Por el contrario, uno de los datos más importantes se relaciona con el aumento de la pobreza urbana. Al compararla con el año 2019, en el área urbana, la incidencia de pobreza creció 7,7 puntos porcentuales. Si en el 2019 habían 3.7 millones de pobres viviendo en una zona urbana, al 2021 esta cifra se ha duplicado con casi 6 millones de personas que viven una situación de carencia monetaria.
La distribución territorial de la incidencia de pobreza demuestra que Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Puno son los departamentos donde persiste la pobreza extrema. Además, muestra que tanto Lima región, como Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao son los departamentos con el mayor aumento de porcentaje de pobreza con respecto al 2019 (ver gráficos). Actualmente, más de 2.7 millones de personas pobres se encuentran en Lima Metropolitana.
Además, la crisis agrícola que se avecina debido a la escasez de fertilizantes amenaza con profundizar la pobreza y aumentar el riesgo de inseguridad alimentaria.
¿Cuáles son los retos del Estado para combatir esta situación? Para comenzar, se debe incluir a los pobres urbanos dentro de las estrategias de lucha contra la pobreza. Esto último, pasa por mejorar el sistema de focalización de tal forma que logre identificar hogares pobres y vulnerables que conviven con hogares no pobres en el mismo distrito. Además, la individualización de la focalización permitiría reconocer personas pobres que conviven en una misma casa con personas no pobres.
Un esfuerzo importante en ese sentido se dio durante la gestión de la exministra Silvana Vargas, donde se eliminó el requisito de focalización geográfica del programa de lucha contra la pobreza Juntos que impedía que el programa intervenga en distritos cuyo nivel de pobreza era menor al 40% de la población. Esta barrera excluía a hogares pobres localizados en distritos urbanos.
Con ello, se evidencia la necesidad de contar con una burocracia social especializada con experiencia y capacitada para diseñar nuevos instrumentos de política e implementar políticas de protección social que se adapten al ámbito urbano y al nuevo contexto de vulnerabilidad de las personas. Enfrentar el hambre y la pobreza debe ser una prioridad para la acción estatal. La crisis de la inseguridad alimentaria está a la vuelta de la esquina.
(*) Politóloga. Miembro del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos en IDEHPUCP.
(**) Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.)
