Fuente: IPE.
Por Erika Solis (*).
Todos los años, Transparencia Internacional elabora el Índice de Percepción de la Corrupción (en adelante IPC), uno de los indicadores mundiales más referidos para evaluar la percepción de la población de cada país sobre la corrupción en sus instituciones públicas. A inicios del 2023 se publicó el informe de la evaluación del 2022 sobre el IPC, donde se califica los niveles de percepción de la corrupción pública en 180 países con puntajes que van desde 0 (máxima corrupción) a 100 (mínima corrupción) [1]. Actualmente, Dinamarca es el país menos corrupto, con 90 puntos, mientras que la máxima corrupción la registra Somalia con 12 puntos[2].
Por su parte, Perú obtuvo un puntaje de 36 sobre 100, convirtiéndose en uno de los países con más alto índice de percepción de corrupción a nivel mundial [3]. A nivel regional, se evalúan 32 países incluidos algunos con las mejores puntuaciones a nivel global como Canadá y Uruguay, con 74 puntos, o también Estados Unidos y Chile, con puntuaciones de 69 y 67, respectivamente [4]. El Perú también ocupa un lugar muy desfavorable en este ranking regional, ya que se encuentra en el puesto 22 de 32 países, detrás de Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador y Panamá [5]. Además, los informes del IPC pueden brindar más información, si analizamos los datos en un rango temporal de 5 años (2018 – 2022), por ejemplo. Así, en el 2018 el país tuvo un puntaje de 35 [6], en el 2019 un puntaje de 36 [7], en el 2020 su puntaje fue de 38 [8], en el 2021 el puntaje descendió a 36 [9] y este número se mantuvo para el 2022. Comparativamente, se ve que esde el 2018 el país mejoró ligeramente, pues de 35 se ascendió a 36; no obstante, el puntaje ha variado poco y sin una tendencia marcada.
El IPC brinda una mirada global y regional de la situación del país relacionada a la corrupción; no obstante, no es suficiente para conocer la magnitud de este fenómeno en el Perú, pues uno de los principales problemas para confrontar la corrupción es la necesidad de cuantificar realmente su incidencia, tomando en cuenta que la corrupción es un ‘fenómeno sumergido’[10]. Si bien desde diversas entidades como las procuradurías especializadas o la Contraloría General se realizan esfuerzos para brindar información sobre la corrupción en el país, los datos presentados generalmente permiten conocer la capacidad estatal para la persecución y sanción de los delitos de corrupción, más que la incidencia del fenómeno y sus dinámicas diferenciadas en diversos estratos del ámbito público. Así, la falta de diagnósticos cuantitativos y cualitativos sobre la corrupción en el país impide tener acciones claras y consistentes en el tiempo para abordar esta problemática.
A nivel nacional, hay muchos casos emblemáticos relacionados a la corrupción; a pesar de ello, aún no tenemos clara una ruta para contrarrestar este fenómeno y reducir su incidencia. Si bien existen algunas investigaciones sobre las dinámicas de la corrupción en determinados sectores del ámbito público, estos estudios son ocasionales y descontinuos, lo cual impide obtener evidencia suficiente sobre los patrones y actores que tiene la corrupción en el país. Así, se impulsó normativa y acciones estatales importantes, pero aún generales que desconocen muchas de las particularidades del fenómeno de corrupción, ante una clara deficiencia de evidencia e investigaciones empíricas sobre la materia. Por lo tanto, al mirar las respuestas contra la corrupción de manera sistemática, se observan medidas aisladas y poco coordinadas que muchas veces se basan más en el sentido común que en estudios empíricos sustentados, dejando de lado un poco a la criminología que “(…) debe dedicarse fundamentalmente a desarrollar un ‘conocimiento aplicado’, a suministrar evidencias que permitan hacer una buena política penal”.
Establecer cambios a largo plazo sobre una problemática requiere una estrategia sostenida en evidencia. Tomar como único criterio los casos emblemáticos o el sentido común es peligroso, pues, como indica Pásara, sobre casos donde el sistema dej requiere reformas: “Es preciso efectuar análisis de varios tipos- tanto cuantitativos como cualitativos – debido a que el sentido común no basta y, según se comprueba, a menudo está equivocado”. Si bien hay diversas acciones y esfuerzos realizados en el sistema de justicia y en el ámbito público en general para erradicar la corrupción, es importante tener una ruta clara sobre qué hacer y cómo hacerlo a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el interés político y social parece no considerar como prioridad el reducir e, idealmente, erradicar la corrupción del ámbito público, pues incluso hasta la fecha no se cuenta con una nueva Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, necesaria ya que la anterior perdió su vigencia en el año 2021. La corrupción requiere la implementación de acciones y lineamientos permanentes, no solo por su complejidad sino también por su grave impacto en los derechos fundamentales de las personas y el gran costo económico que genera en perjuicio de la sociedad.
Abordar la corrupción en el país requiere una serie de acciones articuladas, así como la participación de diversos actores tanto al interior como fuera del sector público. También se debe contemplar que la estrategia contra la corrupción en el país no se debe circunscribirse al ámbito penal; por el contrario, “(…) la sola y simple represión penal, aun siendo necesaria, es inadecuada para combatir un fenómeno tan generalizado y complejo”. Es importante abordar esta problemática desde diferentes ámbitos del derecho y también contar con el apoyo de otras disciplinas a fin de brindar acciones concatenadas y especializadas para abordar las diversas aristas que integran las prácticas corruptas en el ámbito público. Los informes del IPC anuales son alertas que nos permiten evaluar si las acciones implementadas son suficientes y observar donde están las falencias para reforzar la estrategia contra la corrupción.
(*) Investigadora en el IDEHPUCP.
[1] Transparency International (2023). Report: Corruption Perceptions Index 2022, p. 2. Ver: https://images.transparencycdn.org/images/Report_CPI2022_English.pdf
[2] Transparency International (2023). Report: Corruption Perceptions Index 2022, p. 2. Ver: https://images.transparencycdn.org/images/Report_CPI2022_English.pdf
[3] Transparency International (2023). Report: Corruption Perceptions Index 2022, p. 3. Ver: https://images.transparencycdn.org/images/Report_CPI2022_English.pdf
[4] Transparency International (2023). Report: Corruption Perceptions Index 2022, p. 12. Ver: https://images.transparencycdn.org/images/Report_CPI2022_English.pdf
[5] Transparency International (2023). Maps: Corruption Perceptions Index 2022. Ver: https://www.transparency.org/en/cpi/2022.
[6] Transparency International (2019). Reporte: Índice de Percepción de la Corrupción 2018, p. 3. Ver: https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_summary_web_ES.pdf
[7] Transparency International (2020). Report: Corruption Perceptions Index 2019, p. 3. Ver: https://images.transparencycdn.org/images/2019_CPI_Report_EN_200331_141425.pdf
[8] Transparency International (2021). Reporte: Índice de Percepción de la Corrupción 2020, p. 3. Ver: https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_ES_0802-WEB.pdf
[9] Transparency International (2022). Reporte: Índice de Percepción de la Corrupción 2021, p. 3. Ver: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2022/01/CPI2021_Report_ES-web.pdf
[10] Instituto Nacional de Ciencias Penales [INACIPE] & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito [UNODC] (2020). La experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Ciudad de México: INACIPE, p. 57.
