11/08/2017

A un año de la instalación del Grupo de trabajo para la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas

En el Perú se han reportado más de 13 000 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno 1980 – 2000 en un proceso sistemático y generalizado de vulneración a los derechos humanos[1]. Lamentablemente, en los últimos treinta años es poco lo que se ha avanzado desde el Estado para dar una respuesta ordenada y a la altura de la magnitud del problema —esto sin negar el trabajo esforzado de distintas estancias estatales como el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público—. Es recién con la aprobación y promulgación de la Ley Nº 30470 –Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000, en los últimos meses del gobierno del presidente Ollanta Humala, que se pone en marcha un intento complejo y articulado de respuesta a las necesidades de los familiares de las personas desaparecidas.

El 27 de agosto del 2016, a un día de conmemorarse trece años de la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instaló el “Grupo de Trabajo para los lineamientos de la Ley Nº 30470 con el fin de promover la recuperación y restitución de restos de víctimas de la violencia política, como una tarea humanitaria y en favor de la reconciliación nacional”[2]. A casi un año de la instalación de este grupo, el ministerio cuenta ya con el Plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas (1980 – 2000), asimismo, ha modificado su organigrama con el fin de crear la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas —a su vez conformada por la Dirección de Registro e Investigación Forense y la Dirección de Atención y Acompañamiento—. Sin dudas, avances significativos en la implementación del enfoque humanitario en el Perú; sin embargo, el Perú tiene aún un gran reto que enfrentar de cara a las miles de víctimas.

Pensar en la búsqueda de las personas desaparecidas y el acompañamiento a sus familiares es pensar en formas cómo, luego de más de tres décadas, el Estado y la sociedad deben hacer suyas las demandas y necesidades de las víctimas, comprendiendo su diversidad étnica, generacional y de género. El conflicto armado interno afectó de manera diferenciada a los peruanos y peruanas, la política de búsqueda tiene el reto de evitar situaciones de revictimización a la vez que cumple con las exceptivas de los familiares frente a esta nueva ventana de oportunidad. Es evidente, y sumamente triste, que será imposible recuperar a cada uno de los más de trece mil peruanos y peruanas desaparecidos; es algo que como sociedad debemos asumir y no olvidar, no obstante, los familiares de cada una de estas personas deben ser reparados y su ciudadanía restituida de manera integral; el reto está en comprender las complejidades de la desaparición en distintos contextos y las formas en las que los familiares han vivido en los últimos treinta años con la violencia.

La experiencia peruana no es única en el mundo, hay muchos otros casos en países donde se han vivido periodos de violencia generalizada. Así, hechos como los ocurridos en Chile y El Salvador, en la región Latinoamericana, o Sri Lanka guardan similitudes con lo ocurrido en nuestro país. Pensar en la desaparición forzada desde una perspectiva comparada nos permite descubrir el impacto profundo que la misma tiene tanto en las víctimas y sus familiares como en la sociedad. Así, el experto en justicia transicional, Eduardo González-Cueva afirma que “[L]a práctica de la desaparición forzada por parte de agentes del Estado es utilizada como una táctica perversa de guerra, en la que se radicaliza el conflicto. Incluso luego de la muerte del sujeto, la violencia se ejerce sobre su cuerpo y su memoria”.

Comprender la desaparición en perspectiva comparada se hace una necesidad cada vez mayor, en especial en el contexto nacional en el que la política de búsqueda se encuentra a puertas de ser implementada luego de un año de trabajo. El desafío está en aprender de las buenas prácticas internacionales, a la vez que se comprende la diversidad de nuestro caso particular.

Por todo esto, el IDEHPUCP, en alianza con el Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Transitional Justice Institute de la Ulster University y el Equipo Peruano de Antropología Forense, desarrollaron a fines de abril el panel internacional ¡Hasta encontrarlos! Avances y desafíos en la búsqueda de las y los desaparecidos: Experiencias comparadas – Chile, Perú, El Salvador y Sri Lanka cuyo objetivo era fomentar el diálogo sobre las responsabilidades estatales en materia de desaparición forzada e involuntaria de personas en situaciones de violencia política y dictadura y estimular el intercambio entre las diversas experiencias nacionales de búsqueda, con particular atención a la interacción entre dinámicas humanitarias y judiciales o jurídicas.

Como resultado de este panel, se ha editado un documento de relatoría que ponemos a disposición para profundizar el debate sobre experiencias comparadas a la vez que se aporta en la reflexión sobre la política nacional. Con esto, se nutrirá el debate nacional en el Perú entre actores claves (familiares, organismos de la sociedad civil, y autoridades) y la comunidad en general, y se aportarán elementos para la implementación de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000.


[1] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2016). Plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas (1980 – 2000). Lima: MINJUS. Consulta: 11 de agosto de 2017.

[2] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2016). MINJUS instaló grupo de trabajo para la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante periodo 1980-2000. Lima: MINJUS. Consulta: 11 de agosto de 2017.

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