Accesibilidad a servicios de salud en el Perú: brechas y oportunidades en el contexto de crisis político-social y pandemia

Foto: Ojo Público

Por Stephany Tafur*

La Defensoría del Pueblo del Perú (2021) define el conflicto social como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia.

En el Perú, según el Reporte de Conflictos Sociales Nº 208 de la Defensoría del Pueblo, existen 193 conflictos sociales hasta junio del 2021. De esos, 138 son activos y 55 latentes. A agosto del 2021, según la Defensoría del Pueblo del Perú, las regiones con mayor cantidad de pugnas son: Loreto (31 casos), Cusco (22 casos), Ancash (17) y Apurímac (13); es decir, zonas del país diferentes a la capital.

Ante este contexto, y la coyuntura político-social inestable del país, resulta importante abordar la problemática del acceso a servicios de salud en las regiones distintas de Lima. Agreguemos a ello que, cuando los conflictos sociales están en etapa de crisis, se expresan en acciones de violencia contra las fuerzas del orden o personas particulares (Defensoría del Pueblo del Perú, 2021); ello, claramente, va a tender a desembocar en la inestabilidad social de, por lo menos, el área local del conflicto. En consecuencia, los servicios básicos como los de salud se vuelven inaccesibles.

La salud al interior del país

En base al MINSA (2020), la Autoridad Regional de Salud es el Gobierno Regional, que la ejerce a través de la Dirección Regional de Salud. Esta estructura organizativa dificulta la ejecución de la rectoría, en la práctica, del Ministerio de Salud, aísla las problemáticas regionales en vez de generar descentralización y politiza la gestión en salud de las regiones en el país. Es importante observar estas consecuencias; sobre todo en el contexto pandémico del Covid-19, durante el cual el Perú ha resultado ser el país más golpeado en el aspecto sanitario y social.

Desatención durante pandemia

Dentro de las medidas tomadas por el gobierno peruano para priorizar el abordaje de los casos de Covid-19 y combatir la enfermedad, está la telemedicina y, consecuentemente, el cese parcial de las actividades en los establecimientos de salud de atención primaria (MINSA, 2020). Para Morán-Mariños et al. (2021), ello debilitó la organización del primer nivel de atención, ya que se redireccionaron recursos a niveles superiores de complejidad, como los hospitales. Aunque en mayo del 2020 se reactivaron los servicios de atención primaria (MINSA, 2020), la pandemia ha mostrado la limitada red asistencial en salud y las brechas de las desigualdades sociales (Tapia, 2020).

Es crucial comprender la importancia de tener mejor proyección de acciones estatales en la planificación de servicios públicos, sobre todo porque estos no son autónomos o excluyentes entre sí (Tapia, 2020). La desatención de situaciones de inequidad, brechas y desigualdades puede generar problemas respecto a la legitimidad del Estado ante la población, y se podría recaer en conflictos como los ocurridos en Ecuador, Bolivia o Chile en 2019 (Tapia, 2020).

Tejada (2020) reconoce la necesidad de planificación del gasto público para tener bases que sostengan servicios públicos esenciales como los de salud. Asimismo, también destaca la necesidad de reestructurar los servicios de salud con una represión más efectiva de actos corruptos, resaltando esto para la mayoría de los gobiernos nacionales, regionales y municipales, en donde se han detectado actos que han condicionado la legitimidad del Estado.

Vacunas COVID-19

Ante la crisis sanitaria, y general, una nueva problemática que ha enrostrado brechas sociales es la vacunación/inmunización contra la Covid-19. En el país, cinco regiones han logrado superar el 60% de vacunas de la tercera dosis según la Dirección de Inmunizaciones del MINSA al 20 de abril del 2022. Estas regiones, de acuerdo al REUNIS (Repositorio Único Nacional de Información en Salud) son: Ancash, Tumbes, Ica, Lima Regiones, Callao y Lima a abril del 2020.

Existen muchos esfuerzos operativos por llegar a la meta en las demás regiones, las estrategias para el acceso a la vacuna contra la Covid-19 han resultado efectivas, sobre todo en Lima ciudad, pero las cifras presentadas hablan de la problemática de la población en las regiones para acceder a servicios de salud y a la inmunización contra la enfermedad causada por el coronavirus.

A esta situación hay que sumarle la inestabilidad política en el país y, en consecuencia, la de gestión en salud a nivel central y local que resultaría un factor negativo para abordar las brechas en acceso a salud a nivel político y logístico.

A manera de conclusión, se puede señalar que el sistema de salud peruano se basa en un modelo estructural fragmentado. Ello ha llevado a que, a pesar de lo positivo que ha sido el inicio de la prestación de servicios de salud remotos para ciertos sectores, se manifiesten nuevas desigualdades para otros sectores menos favorecidos. Por ejemplo, el acceso a internet, la pérdida de nexo con la población al brindar servicios parciales o exclusivamente virtuales ante el contexto pandémico, de inestabilidad política, de gestión y operativa/logística de la prestación de servicios de salud.

Para mejorar el acceso a salud de la población, se requiere con urgencia, entonces, trabajar en una reforma del modelo de sistema de salud en el país. Esto para alcanzar una despolitización de la gestión en salud en las regiones y contribuir a una descentralización efectiva en salud que no aísle a los entes rectores centrales de los problemas sanitario-sociales del interior del país, así como de los problemas relacionados a la administración de recursos en salud.

Los conflictos sociales, y su abordaje hoy en día en medios y redes comunicacionales, son una muestra de cómo la población informa y se informa sobre diversas realidades y problemáticas que aquejan a ciudadanos de una misma nación.

Ello ha de ser visto también como una oportunidad para exponer las necesidades y brechas relacionadas a salud de los ciudadanos del interior del país, y para buscar el camino hacia una mayor autonomía y autorresponsabilidad en salud, como se ha visto en el caso del proceso de vacunación contra la Covid-19.

Es necesario realizar sinergias entre entidades públicas y privadas, ciudadanos y comunidades (de manera participativa, inclusiva y democrática) para intercambiar propuestas, conocimiento, perspectivas y concepciones sobre salud y lograr una población con el mayor estado de salud posible como base para el desarrollo social.

*Investigadora, Licenciada en Administración en Salud por la UPCH, egresada de la maestría de Salud Pública por la UNMSM.