Escriben: Irene Palla(*) y Alexander Benites (**)
Previamente al inicio de la pandemia, el sistema de salud peruano ya presentaba serias deficiencias. Varias de ellas tenían relación con su alto nivel de fragmentación, poca articulación, baja asignación presupuestaria, limitada cobertura y costos excesivos para la ciudadanía.[1] Llegado el Covid-19 al país, la situación se volvió alarmante.
Perú es uno de los países más golpeados en todo el mundo y presenta la tasa de mortalidad más alta en la región latinoamericana: las cifras más recientes estiman un total de 180 mil víctimas fatales debido a la emergencia sanitaria.[2] La pandemia se configura, así, como el reto más grande que se le ha presentado al país en toda su historia republicana. De forma similar, datos del Fondo Monetario Internacional muestran que 1,8 millones de peruanos y peruanas cayeron en la pobreza producto de la pandemia.[3] Como consecuencia, es claro que esta tuvo y sigue teniendo impactos en aquellos sectores de la ciudadanía que ya se encontraban expuestos a un contexto de vulnerabilidad. Uno de estos grupos es, precisamente, la población venezolana.
Después de Colombia, Perú acoge al mayor número de personas migrantes venezolanas en la región. En cuatro años, la cifra asciende a más de un millón de personas migrantes que han ingresado y se han asentado en territorio nacional.[4] Pero a pesar de la contundencia, la respuesta desde el Estado para aligerar los impactos de la pandemia en este grupo ha sido inexistente, y su responsabilidad derivada a organismos internacionales e iglesias.[5] Peor aún, se observa una creciente ola de indiferencia, discriminación y xenofobia hacia esta población. A pesar de las preocupantes condiciones que enfrentan, una parte de la ciudadanía peruana no cree que las personas venezolanas deban acceder a los servicios de salud que otorga el Estado o, incluso, no consideran que estas personas deban tener acceso a la vacuna contra el Covid-19 en igualdad de condiciones[6]. En ese marco, ¿cómo varía esta postura?, ¿a qué se debe la poca apertura?
Los resultados de la Encuesta de Percepción sobre Migración Venezolana en el Perú dan algunas luces sobre ello. Primero, los resultados muestran que el 69% de las personas encuestadas declaran estar a favor de que las personas venezolanas, independientemente de su condición migratoria, tengan acceso a servicios de salud públicos. Estos datos muestran variaciones regionales. Se observa que la disposición es mayor para el caso de Lima y Callao (75%), que en los casos de Tumbes (69%) y Lambayeque (66%).
Por el contrario, en el caso del acceso a la vacuna contra el Covid-19, los datos no muestran mejores resultados. Solo el 43% de las personas encuestadas considera que el Estado debe garantizar un acceso igualitario a la vacuna, mientras que el 53% cree que se debe priorizar a las y los peruanos. Estos hallazgos son de suma relevancia, ya que, como ha sido reconocido, se necesita que buena parte de la población esté vacunada contra el virus para dejar progresivamente la pandemia atrás.[7] Los datos, además, muestran una situación aún más problemática en la región de Tumbes (59%), seguida esta por Lambayeque (58%) y Lima y Callao (49%).
Para dar cuenta de los elementos que explican esta apertura, se ha llevado a cabo un modelo de regresión, herramienta que permite evaluar qué variables tienen impactos estadísticamente significativos en el hecho de apoyar (o no) que las personas venezolanas tengan acceso a los servicios públicos de salud y a la vacuna contra el Covid-19 en igualdad de condiciones, así como el sentido (positivo o negativo) de dicho impacto.
Modelo de regresión logístico binomial: Determinantes de la oposición a la salud de las personas migrantes venezolanas[8]
| Variable: | ¿Cree que las personas venezolanas, independientemente de su condición migrante, deben tener acceso a servicios de salud públicos? | ¿Considera que es responsabilidad del Estado peruano garantizar que las personas venezolanas accedan a la vacuna del COVID-19 en las mismas condiciones que la población peruana?
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| Género (Mujer)[9] | ||
| Mayor Edad[10] | (+) | |
| Mayor nivel de estudios[11] | (+) | (+) |
| No haber vivido fuera de Perú[12] | (-) | (-) |
| Presencia de personas venezolanas que viven en el barrio[13] | ||
| Mayor frecuencia con la que se ve noticias sobre personas venezolanas[14] | (-) | (-) |
Como se observa en la tabla, los datos muestran que mayores niveles educativos y el haber experimentado la condición de extranjero/a en otro país aumenta la posibilidad de empatizar y reconocer lo fundamental que es poder tener acceso a servicios de salud en casos de necesidad. También se puede apreciar una mayor disposición en cuanto a la universalidad del acceso a la vacuna en el caso de las personas mayores, que sin duda han sido uno de los grupos más perjudicados por esta pandemia, pero que también son más conscientes de que la única forma de alcanzar la inmunidad es la cobertura total de la población, sin distinción de nacionalidad. De igual manera, resulta interesante, pero alarmante, el que no haya una mayor apertura por parte de las y los jóvenes que, frecuentemente, se presentan como un grupo más acogedor y atento de los derechos humanos. Este hecho plantea interrogantes.
En segundo lugar, resulta revelador en el modelo la ausencia de condicionamiento por proximidad de vivienda. En las teorías sociales, es común observar que, en un primer momento, la proximidad entre la comunidad de acogida y la población migrante puede generar incomprensión y tensiones[15]. Sin embargo, en el caso peruano se aprecia que la interacción cotidiana no contribuye a generar prejuicios discriminatorios en cuanto a acceso a la salud. Este es un hallazgo positivo, a la vez que inusual, que nos presenta una convivencia neutral en este momento inicial de asentamiento de la población venezolana.
Finalmente, otro elemento importante, aunque no inesperado, es la influencia negativa que ejercen los medios de comunicación sobre la opinión pública: el modelo prueba la responsabilidad de estos canales en el condicionamiento de prejuicios y de discriminación en cuanto a acceso a servicios. Los medios de comunicación, que deberían facilitar la información y la educación a la ciudadanía en temas como los derechos humanos y el bienestar común, contradictoriamente, en Perú demuestran su discrecionalidad, discriminación y mirada a corto plazo. Frente a un sistema de salud ya colapsado, se favorece una política acotada a una visión nacionalista para unos pocos, más que a una reforma que garantice la salud universal para todos.
Es más, solo el 57,6% a nivel nacional contesta de manera afirmativa cuando se les consulta si consideran que el Estado peruano y los gremios deberían facilitar la incorporación de profesionales de la salud venezolanos en la lucha contra el Covid-19. Lima ha mostrado una mayor apertura a este tema, con un 66%, mientras que en Lambayeque y en Tumbes, los datos ascienden a 48,5% y 43,9%, respectivamente. Así, se podría pensar, que hay personas que preferirían encontrarse bajo un sistema sanitario sin personal médico, a tener que ser atendidos por profesionales venezolanos.
Pero, realmente, en una situación de emergencia ¿el/la paciente se fijaría en la nacionalidad del/la médica tratante que le está salvando la vida? Y más allá de las posiciones políticas ¿todavía podemos darnos el lujo de no considerar un sistema de salud público y universal, cuyo nivel de acceso y calidad deje de estar marcado por la capacidad adquisitiva de quien se atiende en él? La pandemia nos ha enseñado que la salud nos conecta mutuamente.
Por otro lado, los medios de comunicación han demostrado que juegan un rol a la hora de mediar las interacciones entre la población migrante venezolana y la comunidad de acogida. Frente a ello, quedan abiertas algunas preguntas ¿dónde está el límite de la libertad de expresión cuando esta afecta de manera directa la integridad y la salud pública? Y más aún, ¿quién asume la responsabilidad de los discursos de odio que terminan teniendo impactos en la colectividad? La legislación nacional ya reconoce el principio de no discriminación[16]; solo falta el complicado camino para aplicarlo.
Revise el Boletín N° 3 aquí.
(*) Coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos e investigadora principal de la Línea de Movilidad Humana del IDEHPUCP.
