Ir al contenido principal Ir al menú principal Ir al pie de página
21 de marzo de 2023

Fuente: Gobierno de Aragón.

Una reflexión sobre la oportunidad que nos presenta el Dia Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Por Mariela Noles Cotito (*)

Cuando hacemos un balance de la situación de los derechos humanos en el Perú, hacia el 10 de diciembre de cada año, solemos identificar varios pendientes. Cuando pensamos en el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la situación es aún más sombría. La complejidad de la crisis actual en el país ha hecho más visible que este momento histórico, y lo que estamos viviendo como sociedad, no es un incidente aleatorio o que sucedió de repente, sino que se asienta en un proceso político y social de larga data relacionado a la forma en que nosotros como ciudadanos peruanos nos relacionamos unos con otros y la discriminación estructural a la que muchos de nuestros conciudadanos y conciudadanas son expuestos día a día. Se planten así preguntas sobre quiénes han hecho parte de la construcción de la nación y quiénes no, y cómo el hoy es la cosecha de ese mal fruto que sembramos hace 200 años y al que todos hemos estado alimentando sin mucho análisis crítico colectivo o ciudadano.

Si bien las protestas actuales tienen una naturaleza específica, que además es distinta de lo sucedido durante el conflicto armado interno, estas vienen siendo leídas como si fueran un fenómeno análogo a aquel conflicto. Y estamos reaccionando igual como colectivo social. Hay ciudadanos “malos” y “buenos”; y no solo eso, sino que los tiempos de fake news, la posverdad y la extrema polarización social de nuestros días nos lleva a “defender” de maneras cada vez más viscerales “nuestra posición”, aunque esta deshumanice al otro. 

El perfil de los manifestantes se homogeniza bajo las etiquetas de “vándalos” o “terroristas” para justificar la violencia institucional desmedida, que además es sostenida y reforzada constantemente en las narrativas oficiales, con claros elementos racistas y clasistas. Como sucedió durante el conflicto armado interno, en el imaginario colectivo, la idea de terrorista, independientemente de que este sea un concepto legal, está fuertemente asociada a personas de origen indígena y campesino del interior del país. 

¿Esto es nuevo en nuestra historia republicana? No. El Perú es un país que nació divido, con una república de indios y una república de españoles, y que arrastra hasta hoy esas mismas estructuras coloniales racistas y clasistas. Concretamente, el devenir de un sistema social de diferencias entre grupos donde las vidas de unos son más valoradas que las de otros: idea que no solo funciona en abstracto, sino que regula nuestras maneras de relacionarnos unos con otros, las que se siguen reproduciendo desde la colonia, de generación en generación, hasta la actualidad. Observemos a nuestro alrededor. Hoy más que nunca es prevalente la cultura del “tú no sabes quién soy yo” y esta necesidad extraña que tenemos de afirmarnos sobre el otro, muchas veces en base a marcadores sociales que tienen que ver con las características étnico-raciales o el origen geográfico del destinatario. La desafortunada construcción narrativa de “vecinos” para referirse a los habitantes de unos distritos y “pobladores” para referirse a los habitantes de otros distritos es también hija de esta idea. Así como lo es la idea de “Lima Moderna” vs. “las otras Limas”, o la división entre Lima y “el resto del país”.

Recordemos, inclusive, los libros de historia que leímos en el colegio. La invisibilización o reducción extrema de la historia de una serie de pueblos en el país. La presencia de la población afroperuana en los libros de historia, por ejemplo, se da en hitos aislados. Se habla de su llegada durante la colonia a causa de la trata trasatlántica de personas esclavizadas y la manumisión o abolición de la esclavitud. Esta reducción no incluye su contribución a la economía del país -la mano de obra gratuita (es decir, esclavizada) fue un gran ahorro para una economía nacional-, o su participación en el proyecto independentista. Respecto de las poblaciones asiáticas (china y japonesa, principalmente) se guarda casi total silencio, aun cuando su aporte a la construcción de nuestra nación y su identidad es mayúsculo. De la misma manera los recuentos sobre la población indígena amazónica son inexistentes, mientras que la población indígena andina es ilustrada como una población derrotista que “se dejó vencer” en vez de mostrarla desde sus fortalezas y su aporte al sostenimiento del país, inclusive en la época de la colonia, y más aún a la economía de hoy.

Estas estructuras de opresión mantienen a grupos que se identifican con los ideales de blanquitud en la cúspide de la pirámide social, mientras otros grupos se mantienen empobrecidos y excluidos de la vida política del país y de los beneficios del modelo económico neoliberal actual; con la consiguiente exclusión histórica de sus voces, necesidades y demandas, así como la minimización de su ciudadanía. 

Los esfuerzos para erradicar la discriminación estructural, aquella basada específicamente en el origen e identificación racial, el color de la piel, la cultura y etnicidad, requieren del involucramiento de todos y que exijamos más de nosotros mismos y nuestras autoridades. La fecha que nos convoca, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, es una buena oportunidad para revisar los pendientes en este sentido: la generación de mecanismos idóneos para igualar la cancha para todos y todas, la implementación de políticas de promoción y protección de las minorías históricamente vulneradas, y prevenir los actos de discriminación a través de estrategias concretas, por lo menos en el ámbito de la salud, educación y administración de justicia. Finalmente, escuchar las voces de todos y todas, sin discriminación; tarea que solo puede redundar en el fortalecimiento de nuestra democracia.

(*) Master en Ciencia Política con una concentración en Etnicidad en Países Andinos, investigadora asociada del CIUP y profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico.