Por Equipo Anticorrupción Idehpucp [1]
El día 21 de julio se conoció la intervención realizada por la Policía Nacional del Perú en la investigación en contra de quienes presuntamente integrarían la organización denominada “Los Ángeles Negros”.
La investigación, que está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, indica que “Los Ángeles Negros” estaría conformada por funcionarios de EsSalud y familiares cercanos, así como integrantes de la ONG Donantes de Esperanza que cobraban S/ 82.000 a cambio de que pacientes con COVID-19 accedieran a una cama UCI en el Hospital Guillermo Almenara.
En específico, la organización “Los Ángeles Negros” estaría conformada por las siguientes personas[2]:
| 1 | Pino G. | Coordinador de la Red de Salud Almenara |
| 2 | Pino C. | Hijo de P. Gonzales |
| 3 | Ochoa M. | Coordinadora de Extensión y Cobertura de la Oficina de Atención de Hospitalización |
| 4 | Recuenco O. | Hija de Ochoa M. |
| 5 | Aróstegui G. | Tesorera de la ONG Donantes de Esperanza
|
| 6 | Bazalar A. | Hijo de Aróstegui G. |
| 7 | Muñoz A. | Integrante de la ONG Donantes de Esperanza |
| 8 | Agarini B. | Esposo de Muñoz A. |
| 9 | Moreyra M. | Hijo de Muñoz A. |
(*) Elaboración propia
Según diferentes reportes periodísticos[3], las integrantes de la ONG Donantes de Esperanza Muñoz A. y Aróstegui G. habrían solicitado dinero a familiares de pacientes con COVID – 19 a cambio de interceder ante funcionarios del Hospital Almenara para que sean trasladados a una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos. Luego de tales ofrecimientos, se habrían realizado depósitos de dinero en las cuentas de familiares de Muñoz, Aróstegui y de funcionarios del hospital. Los depósitos se realizaron concretamente en la cuenta del hijo de Aróstegui y del esposo e hijo de Muñoz. Así también se registran transferencias al hijo de P. Pino (coordinador de la Red de Salud Almenara) y a la hija de N. Ochoa (Coordinadora de Extensión y Cobertura de la Oficina de Atención de Hospitalización).
Conforme al reportaje del medio Ojo Público[4]:
El hermano del paciente realizó un primer depósito por S/35.000, el 11 de marzo, a la cuenta de S. Bazalar A. (…) Un segundo depósito, por S/47.000, se realizó en la misma cuenta el 12 de marzo.
Según la fiscalía anticorrupción, luego de que los familiares realizaran el depósito de más de S/80.000, el investigado S. Salazar realizó otras múltiples transferencias hasta por S/53 mil al hijo del funcionario P. Pino, P. Pino C. Asimismo, depositó S/5.000 en la cuenta de su madre, A. Aróstegui, y S/4.532 a M. Agarini B. y L. Moreyra M., esposo e hijo de Muñoz A., respectivamente.
Entre las transferencias identificadas en la investigación se encuentra la del funcionario en salud P. Pino, hacia V. Recuenco O., hija de la también coordinadora de Essalud, N. Ochoa M. A su cuenta se transfirió S/27.000.
Tomando en cuenta lo anterior, nos encontraríamos ante el posible concurso de dos delitos. El primero de ellos, el delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 400° del Código Penal. Este delito sanciona el acuerdo de intercesión o intermediación ante la administración pública, acuerdo que está conformado por el ofrecimiento de interceder ante un funcionario público que está a cargo de un caso judicial o administrativo, la invocación de influencias (que pueden ser reales o simuladas) y la entrega o promesa de entrega de un beneficio (que puede ser o no económico).
De esta manera, preliminarmente podríamos señalar que Muñoz A. y Aróstegui G. habrían cometido el delito de tráfico de influencias, mientras que sus familiares (que recibieron los montos de dinero) serían cómplices de dicho delito. Y todo ello en tanto que Muñoz y Aróstegui, habrían ofrecido sus influencias sobre funcionarios del Hospital Almenara para conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos a cambio de una suma de dinero, el cual sería depositado en las cuentas de sus familiares.
Por otro lado, también tendríamos la comisión de los delitos de cohecho activo genérico (artículo 397° del Código Penal) y cohecho pasivo propio (artículo 393° del Código Penal). El primero de ellos sanciona el ofrecimiento o entrega de dinero a un funcionario público a cambio de realizar una conducta en contra de sus funciones, mientras que el delito de cohecho pasivo propio sanciona al funcionario que recibe o acepta dicho ofrecimiento. En el caso particular, y conforme a los hechos que se han revelado hasta el momento, tanto Muñoz como Aróstegui habrían entregado dinero a P. Pino y N. Ochoa (funcionarios) con el objetivo de que los pacientes con COVID – 19 fueran trasladados a una cama UCI en el Hospital Almenara. Por su parte, la aceptación y recepción del dinero ofrecido se constataría con los depósitos a los familiares cercanos de Pino y Ochoa, quienes serían cómplices del delito.
Un supuesto distinto se presentaría en el caso de que los propios funcionarios del Hospital Almenara solicitaran dinero a los familiares de pacientes con Covid-19 valiéndose de sus parientes cercanos como intermediarios. En tal caso solo se habría cometido el delito de cohecho pasivo propio (por parte de los funcionarios públicos), mientras que los familiares de los funcionarios públicos serían cómplices de dicho delito.
Finalmente, debemos señalar que este caso no solo demuestra las nuevas formas que puede adoptar la corrupción, sino también que esta puede insertarse en situaciones tan particulares y de especial vulnerabilidad como lo es el contexto de la pandemia, afectando directamente el ejercicio de derechos fundamentales como la salud.
