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22 de noviembre de 2022

Por Ludovica Romano*

En este artículo se desarrollará, en dos partes, el tema de los mecanismos de justicia de los pueblos indígenas en el Perú. En la primera parte, con el fin de señalar algunos factores que han impulsado la demanda de dichos mecanismos, se llevará a cabo un análisis de las barreras para el acceso a la justicia de personas indígenas y se introducirán distintos tipos de mecanismos de autodefensa instituidos por las mismas: las rondas campesinas, los comités de autodefensa (CAD) y las guardias indígenas. En la segunda parte, se presentará más en detalle el mecanismo de las guardias indígenas, profundizando en su nacimiento, sus objetivos y el desarrollo de su relación con el Estado.

Según la base de datos del Ministerio de Cultura, el Perú cuenta con 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 pertenecen a la Amazonía y cuatro a los Andes [1]. Además, cabe señalar que el 25% de la población nacional se identifica como indígena u originaria [2], lo que convierte a la temática del acceso a la justicia para los pueblos indígenas en una cuestión de gran interés y urgencia.

De hecho, la necesidad de garantizar el acceso a los mecanismos judiciales estatales se incrementa al involucrar grupos vulnerables, tales como los pueblos indígenas, quienes viven en condiciones de marginalidad debido a su participación política limitada, a sus niveles socioeconómicos inferiores a los promedios nacionales y a las discriminaciones que a menudo sufren por parte de la sociedad mayoritaria [3]. A pesar de reconocer que el perfeccionamiento del sistema de protección de los derechos humanos es condición imprescindible para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, hay que tener en cuenta también que dichos grupos son de los que enfrentan mayores retos para acceder a la justicia en la actualidad. Se suelen identificar generalmente tres grupos de barreras que obstaculizan dicho acceso: las barreras normativas, las barreras institucionales y las barreras socioeconómicas. 

Las barreras normativas son aquellas que están relacionadas con el sistema normativo estatal y con sus leyes, elementos que afectan el acceso a la justicia de distintos grupos de la población de formas diferentes [4]. En este respecto, se señalan entre las obligaciones del Estado peruano el deber de adaptar el marco normativo nacional a los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados, y también la necesidad de desarrollar sus propias instituciones de justicia en caso de ausencia de regulación sobre alguna materia. 

Además de las barreras de corte normativo, se identifican otros impedimentos que dificultan el acceso a instancias judiciales a los grupos más vulnerables: las barreras institucionales. Estas últimas guardan una estrecha relación con las barreras normativas y abarcan las políticas y los procesos institucionales de los sistemas de justicia nacionales. Estas barreras pueden estar vinculadas con la falta de información, la desconfianza, la poca eficiencia o eficacia de los distintos mecanismos judiciales y extrajudiciales [5]. 

Además de los obstáculos mencionados, también hay que considerar a las barreras socioeconómicas, que están relacionadas tanto con las condiciones socioeconómicas propias de las personas como con el sistema de justicia estatal, que no siempre garantiza el acceso a la justicia de todos los grupos de la población indistintamente. Entre las barreras socioeconómicas, se pueden identificar varios tipos: las barreras económicas, las barreras físicas, las barreras culturales y lingüísticas, y las barreras de género [6]. Como resultado de estas barreras, se identifica la ausencia de órganos de justicia en las ubicaciones geográficas de los distintos grupos de población, la falta de servicios cultural y lingüísticamente adaptados a las necesidades de los pueblos indígenas, la presencia de costos monetarios para iniciar distintos trámites y procesos de justicia, así como la existencia de discriminaciones estructurales que afectan principalmente a mujeres y a personas LGBTIQ+ a la hora de enfrentarse a las realidades procesuales [7].

Las barreras de acceso a la justicia estatal para los pueblos indígenas no afectan exclusivamente a la esfera del poder judicial, sino también a aspectos relacionados con la seguridad. De hecho, el análisis anteriormente desarrollado ha servido para justificar el nacimiento de los distintos mecanismos de autodefensa implementados por dichos pueblos como las rondas campesinas, los comités de autodefensa y las guardias indígenas. 

Las rondas campesinas fueron creadas en 1976 en la región de Cajamarca con el objetivo de enfrentarse a la delincuencia. Se configuran como organizaciones autónomas nacidas por la falta de presencia institucional en su territorio, que se veía cada vez más amenazado por intrusiones, principalmente de ladrones de ganado [8]. Con el paso del tiempo, las rondas campesinas se convirtieron en verdaderas autoridades y hoy en día tienen su propia organización interna y mecanismos de funcionamiento estructurados. Cabe destacar que las rondas campesinas tienen reconocimiento oficial del Estado según lo establece el artículo 149 de la Constitución [9].

Los comités de autodefensa (CAD) surgieron en los años 80 del siglo pasado en las comunidades indígenas más aisladas de la región de Ayacucho. Los CAD nacieron como mecanismos de defensa contra las incursiones violentas de los movimientos armados Sendero Luminoso y el MRTA. Estas comunidades fueron armando sus propios grupos de defensa, apoyados sucesivamente por el ejército, que empezó a proveerlos de armamento. La Ley No. 31494 reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana, lo cual generó polémica. En la actualidad se cuentan 915 CAD acreditados por las fuerzas armadas. Estos se ubican en cuatro regiones: Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín [10]. 

Las guardias indígenas nacen con el propósito de brindar protección a los territorios de sus comunidades y garantizar el bienestar de sus miembros [11]. Su origen se remonta al año 2001 en Colombia, donde se configuran como un instrumento ancestral de resistencia [12], llegando sucesivamente a desarrollarse en otros países, como el vecino Ecuador y el mismo Perú. 

A diferencia de las rondas campesinas, cabe señalar que las guardias se distinguen por brindar protección al territorio y a las vidas humanas sin limitarse a una mera resolución de conflictos de miembros internos de las comunidades. En cambio, a diferencia de los CAD las guardias se configuran como mecanismos autónomos y, además de no gozar de reconocimiento estatal, no quieren ser subordinadas al ejército, sino establecer con éste una relación de colaboración. En la segunda entrega de este artículo se profundizará el análisis de este último mecanismo, que se ha constituido más recientemente con aspectos distintivos

(*) Pasante del área académica y de investigaciones del Idehpucp.

[1]  BDPI – Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura Perú, https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas

[2] Estado Peruano, ¿Quiénes son los pueblos indígenas?, https://www.gob.pe/15251-quienes-son-los-pueblos-indigenas

[3] La Rosa Calle Javier, “Acceso a la justicia: elementos para incorporar un enfoque integral de política pública” en Acceso a la justicia en el mundo rural, IDL, 2007, pág. 25, http://www.justiciaviva.org.pe/acceso_justicia/publicaciones/acceso_justicia.pdf 

[4] Zambrano Chávez Gustavo, “Consultoría para elaborar el estado situacional el estado situacional del acceso a los servicios de justicia de poblaciones vulnerables, especialmente de grupos indígenas a nivel nacional – Producto Final”, 2022, pág. 25. 

[5] Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA), Conflictividad Civil y Barreras de Acceso a la Justicia en América Latina, Informe de Salud, Santiago de Chile, 2020, pág. 112,  https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/Informe-de-Salud-OCCA.pdf 

[6] Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA), Conflictividad Civil y Barreras de Acceso a la Justicia en América Latina, Informe de Salud, Santiago de Chile, 2020, pág. 113, https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/Informe-de-Salud-OCCA.pdf 

[7] Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA), Conflictividad Civil y Barreras de Acceso a la Justicia en América Latina, Informe de Salud, Santiago de Chile, 2020, pág. 113, https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/Informe-de-Salud-OCCA.pdf

[8] Neyra Raquel, “Las rondas campesinas, garantes de la justicia ambiental frente a las políticas extractivistas en Perú” en Ideele Revista N°273, https://revistaideele.com/ideele/content/las-rondas-campesinas-garantes-de-la-justicia-ambiental-frente-las-pol%C3%ADticas-extractivistas 

[11] Forest Peoples Programme, “La Guardia Indígena del pueblo Shipibo frente a la conservación excluyente en Perú y propone un área ecológica indígena”, 2022, https://www.forestpeoples.org/es/noticias/peru/guardia-indigena-shipibo-propone-area-ecologica-indigena#:~:text=La%20Guardia%20Ind%C3%ADgena%20del%20pueblo%20Shipibo%20fue%20creada%20en%20noviembre,que%20les%20ofrece%20el%20Estado 

[12] C.R.I.C Consejo Regional Indígena del Cauca, “Guardia Indígenas: Situación de los derechos humanos en Colombia y en Cauca” https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/#:~:text=La%20Guardia%20Ind%C3%ADgena%20se%20concibe,humanitario%20y%20de%20resistencia%20civil

Bibliografía 

Alonso Judit, “Guardia Indígena del Cauca: defendiendo el territorio y la vida” , 2020, https://www.dw.com/es/guardia-ind%C3%ADgena-del-cauca-defendiendo-el-territorio-y-la-vida/a-55233016 

Alvarado Ana Cristina, “Las guardias indígenas se reactivan ante el extractivismo y el narcotráfico”, 2022,https://www.labarraespaciadora.com/medio-ambiente/guardias-indigenas-se-reactivan-extractivismo-narcotrafico/  

Amazon Frontlines, “La Primera Línea de Defensa: Guardias Indígenas de la Amazonía”, 2022 https://amazonfrontlines.org/es/chronicles/primera-linea-defensa-guardias-indigenas-amazonia/ 

BDPI – Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura Perú, https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas  

Berraondo Mikel, Pueblos indígenas y derechos humanos, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2006, https://corteidh.or.cr/tablas/24006.pdf   

CAAP, «Ucayali: «Guardias indígenas» se instalan en más de 11 comunidades para protegerse de invasiones por el narcotráfico», 2011, https://www.caaap.org.pe/2021/11/19/ucayali-guardias-indigenas-se-instalan-en-mas-de-11-comunidades-para-protegerse-de-invasiones-por-el-narcotrafico/

C.R.I.C Consejo Regional Indígena del Cauca, “Guardia Indígenas: Situación de los derechos humanos en Colombia y en Cauca” 

Estado Peruano, ¿Quiénes son los pueblos indígenas? https://www.gob.pe/15251-quienes-son-los-pueblos-indigena

Forest Peoples Programme, «La Guardia indígena del pueblo Shpibo frente a la conservación excluyente en Perú y propone un parea ecológica indígena», 2022,  https://www.forestpeoples.org/es/noticias/peru/guardia-indigena-shipibo-propone-area-ecologica-indigena#:~:text=La%20Guardia%20Ind%C3%ADgena%20del%20pueblo%20Shipibo%20fue%20creada%20en%20noviembre,que%20les%20ofrece%20el%20Estado

La Rosa Calle Javier, “Acceso a la justicia: elementos para incorporar un enfoque integral de política pública” en Acceso a la justicia en el mundo rural, IDL, 2007, http://www.justiciaviva.org.pe/acceso_justicia/publicaciones/acceso_justicia.pdf 

Neyra Raquel, «Las rondas campesinas, garantes de la justicia ambiental frente a las políticas extractivistas en Perú» en Ideele Revista N°273, https://revistaideele.com/ideele/content/las-rondas-campesinas-garantes-de-la-justicia-ambiental-frente-las-pol%C3%ADticas-extractivistas 

Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA), Conflictividad Civil y Barreras de Acceso a la Justicia en América Latina, Informe de Salud, Santiago de Chile, 2020, https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/Informe-de-Salud-OCCA.pdf 

Zambrano Chávez Gustavo, «Consultoría para elaborar el estado situacional el estado situacional del acceso a los servicios de justicia de poblaciones vulnerables, especialmente de grupos indígenas a nivel nacional – Producto Final», 2022.