En el Perú existe una población estimada de 87.000 personas viviendo con VIH, según lo reporta el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Esta cifra incluye 3.409 personas de nacionalidad venezolana en tratamiento antirretroviral, de las cuales 3.003 reciben ese tratamiento en Lima.[3] Si ya la situación durante el 2020 era preocupante[4], este es más inquietante, pues al mes de marzo de 2021 el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis (DPVIH), ha reportado el incremento de solicitudes para recibir Tratamiento Antirretroviral TARV de personas venezolanas viviendo con VIH, lo cual se debe en parte a la escasez de tratamientos en Venezuela[5]. Se observa, así, en el agravado contexto de la pandemia por Covid-19, un considerable número de personas extranjeras en situación de alta vulnerabilidad que migran por sus problemas de salud y que llegan al Perú u otros países con la necesidad y la esperanza de recibir el mencionado tratamiento para salvar sus vidas.
A pesar de la grave urgencia en la que se encuentran, para estas personas llegar a Perú ya no es una garantía de respecto de la vida y ejercicio de derechos fundamentales debido a la existencia de una burocracia que, no solo por la lentitud de sus procedimientos, limita su atención integral.
La ONG PROSA, Programa de Soporte a la Autoayuda de Personas Seropositivas[6], ha observado que, desde agosto 2018 y especialmente durante la pandemia, las camas de las salas de atención a pacientes con VIH de 8 hospitales de Lima han vuelto a estar ocupadas por enfermos graves -lo cual no pasaba desde hace más de una década porque gracias al tratamiento oportuno no se llegaba al nivel de urgencia- y han tenido la información del fallecimiento de 15 personas venezolanas a causa del SIDA, drama que se habría podido evitar en algunos de los casos a través de un ingreso inmediato al Seguro Integral de Salud[7].
Esta situación evidencia un rápido retroceso del derecho de la atención integral y recuperación de las personas extranjeras con VIH durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Como veremos a continuación, esto es consecuencia de un enfoque excesivamente burocrático, que convierte la búsqueda de derechos en un proceso tortuoso, ineficaz y discriminante.
A pesar de que la Ley General de Salud N° 26842 de Perú enuncia que la protección de la salud es de interés público y, por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla, se evidencia que existe toda una serie de barreras estructurales y sistémicas que imposibilitan el efectivo acceso a la atención integral de las personas viviendo con VIH en el Perú. De esta manera se produce un nivel de desprotección general, que se ha visto fuertemente complejizado durante la pandemia y que resulta aún más grave cuando los destinatarios de la atención son la población migrante, refugiada y solicitante de asilo.
Como lo denunció el Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la única forma de afiliarse al Seguro Integral de Salud para Todos[8] es tramitando y obteniendo el Documento de Identidad Nacional o el Carné de Extranjería (C.E.), lo cual afecta a la mayoría de los grupos de personas extranjeras presentes en el país. Estas son las personas solicitantes de refugio (que cuentan con el Carné de solicitante de refugio), las personas venezolanas que continúan con el régimen del Permiso Temporal de Permanencia o que obtendrán el Carné de Permiso temporal de Permanencia, y las personas migrantes en situación irregular[9]. En lugar de eliminar la barrera de la documentación discriminante para la afiliación y permitir a todos el acceso, los esfuerzos del Gobierno se han concentrado en soluciones administrativas parciales, engorrosas y temporales, como por ejemplo reconocer a las personas migrantes y solicitantes de refugio con VIH la calidad migratoria especial residente para conseguir el C.E.[10]
Debido a la crisis sanitaria este trámite se ha vuelto extremadamente lento en la actualidad. Toma un tiempo estimado de 2 a 7 días en el caso de las personas hospitalizadas o de 1 mes a casi 1 año en el caso de las personas asintomáticas. Tiempo burocrático que para una persona que ha contraído esta enfermedad corresponde a tiempo de vida. Julio César Cruz Requenes, director ejecutivo de la ONG PROSA refiere que 5 de 15 usuarios venezolanos fallecidos a causa del SIDA en el Perú no obtuvieron oportunamente sus Carnés de Extranjería para acceder a los cuidados, medicamentos y procedimientos que se requieren.
Esta situación se agudiza cuando la Superintendencia Nacional de Migraciones ha empezado a tener dificultad para generar y repartir Carné de Extranjería físicos, exigidos para la atención por el personal de salud, que a menudo desconoce la normativa,[11] o, más grave aún, cuando la persona atendida requiere de medicinas o procedimientos médicos no disponibles en el centro de salud u hospital y debe costearlos con sus propios recursos, de los cuales muchas veces carece por la precariedad laboral, que afecta más a grupos como la población migrante y refugiada, sobre todo ahora en plena crisis económica nacional[12].
Estas barreras normativas, administrativas, logísticas y económicas no toman realmente en cuenta el enfoque integral de salud, promovido por la ley, y el necesario enfoque interseccional frente a las diferentes vulnerabilidades. Resultan, así, disposiciones que obstaculizan el derecho a la salud de las personas migrantes y solicitantes de refugio con VIH. Como en otros contextos, tenemos un proceso burocrático y engorroso que, en lugar de proteger la vida, alimenta barreras mortales para las personas en situación de vulnerabilidad.
