Fuente: Infobae.
Por Pedro Francke (*)
El Perú es un país altamente desigual en múltiples dimensiones. La diferencia de ingresos promedio entre hombres y mujeres es de 26%. Por su parte, un afroperuano gana en promedio 500 soles mensuales menos que el ingreso nacional promedio. En ingresos, el coeficiente de Gini [1] (indicador que mide la desigualdad) es cercano al 0.7 en las investigaciones Seminario, Cruz-Saco y Campos (2019) y de Alarco y colaboradores (2019). Aunque cifras recientes del “World Inquality Report 2022” que nos ponen en el cuarto nivel más alto de desigualdad del mundo aún están siendo debatidas, está fuera de duda que tenemos una desigualdad extremadamente grande: apenas dos personas concentran el 15% de toda la riqueza que hay en el país.
El Estado hace muy pocos esfuerzos para reducir esta desigualdad. Un estudio de Lustig (2017) sobre 16 países latinoamericanos muestra que el Estado, cobrando impuestos y aplicando su gasto social, apenas reduce el Gini en Perú en 4%, el de menor redistribución en toda Sudamérica. Argentina reduce su Gini en 18% y Brasil en 12%. La razón esencial para ello: el bajo gasto social en Perú, mucho menor al de sus vecinos regionales; en Europa y Estados Unidos el esfuerzo social del Estado es sustancialmente mayor.
Una de las desigualdades más fuertes en el Perú está en su dimensión regional. La tasa de mortalidad infantil en Puno es 3.6 veces más alta que la de Lima. Según la encuesta IEP-Oxfam 2020 de percepción de desigualdades, la mayoría de los peruanos considera muy graves las desigualdades entre ricos y pobres (72%), entre ciudades y zonas rurales (61%) y entre Lima y el resto del país (56%). La pobreza rural es 40% frente a 22% en las ciudades, menos de uno de cada tres colegios rurales tiene luz, agua y desagüe y el porcentaje de hogares rurales con una computadora (5%) es la sétima parte que las ciudades. Han faltado políticas articuladas y de largo plazo para el desarrollo económico rural, así como provisión de servicios básicos e inversión pública en infraestructura. La discriminación a los pueblos y culturas originarias sigue siendo muy fuerte.
Esta enorme desigualdad y lo poco que hace el estado para reducirla, es un factor esencial para que la ciudadanía sea muy crítica de nuestra democracia. Apenas 11% de peruanos está “muy” o “más bien” “satisfecho con la democracia” (Latinobarómetro 2018). Más del 85% de peruanos ha opinado consistentemente, desde inicios del milenio hasta el 2020 (último dato) que “se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio”. Somos el país latinoamericano donde mayor porcentaje cree que quien tiene más poder son las grandes empresas (55%) antes que el Estado. No es sólo un problema del Poder Ejecutivo; apenas 16% tiene “mucha” o “algo” de confianza en el Poder Judicial y la confianza en el Congreso es de apenas 8%, el porcentaje más bajo de los 18 países encuestados de la región.
Si la enorme mayoría de peruanos cree que el gobierno actúa para beneficio de grupos poderosos y tiene poquísima confianza en él, no debiera extrañar que existan resistencias y protestas airadas en determinados momentos, así como informalidad e ilegalidad en la economía. Adolfo Figueroa, gran estudioso de la realidad peruana, propuso una teoría al respecto. “Usualmente se escucha decir ´en el Perú necesitamos un gobierno fuerte que ponga orden’. Pero ¿por qué hay desorden? (…) la desigualdad marcada está a la base de ese desorden social.”.
“En una crisis distributiva (…) las masas considerarían que la distribución del ingreso es injusta y se rebelarían contra el orden social. También se incrementarían las prácticas del ingreso no contractual, es decir, la corrupción. (…)”. Por eso, Figueroa concluyó que “Sociedades con un alto grado de desigualdad serán sociedades inestables y, por ello, autoritarias; sólo así se podría hacer funcionar la sociedad. La democracia será, en esos casos, muy frágil”.
Desde luego, también hay que tener en cuenta consideraciones políticas referidas a la normatividad y condiciones legales de los partidos, la representación y la participación ciudadana, así como recorridos históricos, que son de gran importancia. Pero un análisis social que mire el largo plazo de nuestra historia y las estructuras económicas y sociales indica que para poder tener una democracia sólida necesitamos construir una República con iguales derechos civiles y políticos, económicos y sociales y culturales, que realmente sean gozados por todos y todas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
(*) Magister en economía, docente PUCP, exministro de Economía y miembro de las ONGs Cooperacción y APRODEH.
Referencias:
Alarco, G., Castillo, C y Leiva,F (2019). Riqueza y desigualdad en Perú – visión panorámica. Oxfam. Lima.
Cruz Saco, M. A., Seminario, B. & Campos, C. (2018). Desigualdad (re)considerada. Journal of Economics, Finance and International Business. 2(1), 12-52.
Figueroa, A (1995). Desigualdad y democracia. En El Perú frente al siglo XXI, G. Portocarrero y M. Valcárcel editores, pp. 53 a 76, Fondo editorial PUCP. Lima
Instituto de Estudios Peruanos – Oxfam (2022). I Encuesta nacional de percepción de desigualdades 2022. Lima.
Lustig, N (2017) . El impacto del sistema tributario y el gasto social en la distribución del ingreso y la pobreza en América Latina. Una aplicación del marco metodológico del proyecto Compromiso con la Equidad (CEQ). El Trimestre Económico, vol. LXXXIV (3), núm. 335, julio-septiembre de 2017, pp. 493-568
[1] El coeficiente de Gini mide la desigualdad en el ingreso. Este indicador es un número entre 0 y 1, donde cero implica perfecta igualdad en la distribución del ingreso, y uno, perfecta desigualdad (existe una sola persona u hogar que concentra todo el ingreso). Fuente: Instituto Peruano de Economía.
