Escribe: Paola Velarde (*)
Desde la primera semana de enero de este año, y tras haberse anunciado una tercera ola, se ha visto que varios de los reportes diarios del Ministerio de Salud presentan un nuevo récord de número de contagios diarios por COVID-19. Sin embargo, hasta el momento la cantidad de personas fallecidas no sigue la misma tendencia debido a que un considerable porcentaje de la población ha sido vacunada. No obstante, la presencia y movilización de grupos antivacunas, que han adquirido notoriedad en el espacio público, suponen un desafío para un muy precario sistema público de salud.
Un dato que no debe pasar desapercibido es que, a partir del despliegue masivo de vacunación en el Perú y el todo el mundo, las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas representan una gran parte de los casos de hospitalización e ingreso a unidades de cuidados intensivos. Según el ministro de Salud, hasta el 9 de enero el 70% de las personas que se encontraban en UCI no estaban inmunizadas[1]. De otro lado, estudios realizados en países de Europa sobre el impacto de la variante Omicron, muestran que el índice de mortalidad entre los adultos mayores vacunados es cerca de cinco veces menor que entre los no vacunados y que en el caso de hospitalización, esta diferencia se amplía mucho más[2].
«En el caso de las enfermedades crónicas, no transmisibles (ENT), como cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y enfermedades cardiovasculares, el retraso en el diagnóstico y tratamiento las hace más susceptibles a infectarse por COVID-19 y que desarrollen un cuadro grave de la enfermedad»
En el caso de Perú se debe tomar en cuenta que el sistema público de salud es mucho más precario y limitado que en otros países, no solo de Europa sino también de la misma región. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Estado ha destinado sus esfuerzos y recursos a contener la enfermedad y, ahora, a impulsar la vacunación. Como consecuencia de ello, otros servicios de salud se paralizaron a inicios del 2020 y hasta el momento no han retomado la misma capacidad de atención antes de la pandemia. El portal Ojo Público ha recogido casos como el desabastecimiento de medicamentos para enfermedades raras[3] y la gran demanda de citas presenciales para pacientes a finales del año pasado[4], aun cuando no se veía venir el rápido incremento de casos.
En ese sentido, además de los efectos que podría traer esta tercera ola sobre la salud de miles de personas, es fundamental hacer notar que una hipotética saturación del sistema de salud público pondría a miles de personas con una condición de salud ya riesgosa en un estado crítico. En el caso de las enfermedades crónicas, no transmisibles (ENT), como cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y enfermedades cardiovasculares, el retraso en el diagnóstico y tratamiento las hace más susceptibles a infectarse por COVID-19 y que desarrollen un cuadro grave de la enfermedad[5]. Se debe resaltar, también, que este problema afecta de manera diferenciada a sectores socioeconómicos más bajos que no cuentan con recursos para atenderse en el sector privado.
Conociendo el impacto que los antivacunas pueden tener sobre el sistema de salud, desde el año pasado el Estado ha aplicado distintas estrategias para facilitar e incentivar la vacunación de la mayor cantidad de personas. Junto con sociedad civil, se han realizado varias campañas para combatir la desinformación y la desconfianza que propagan los discursos antivacunas. Eso ha ayudado a reducir la proporción de personas no vacunadas o que contaban con solo una dosis. En otros países se ha optado por disponer que la vacunación sea obligatoria para varios sectores demográficos, e incluso se discute la posibilidad de ordenar la obligatoriedad general[6]. La importancia de la dosis de refuerzo y el inicio de la vacunación a menores de entre 5 y 11 años en colegios y puntos móviles[7] reafirma la pertinencia de políticas con enfoque comunitario y que se adapten a las necesidades y rutinas del ciudadano.
La pandemia evidenció la relevancia de plantear respuestas colectivas. No obstante, después de dos años, es igual de importante recordar que el derecho a la salud no debería postergar más la calidad de vida que muchas personas vienen exigiendo.
