Por: Rosa Arévalo León [1]
En las mujeres migrantes se entrecruzan diferentes categorías que las ponen en la necesidad de especial atención. Uno de los ámbitos más importantes, y en el que se puede observar grandes brechas, es el de la salud; en específico, el derecho a la salud sexual y reproductiva.
Según el UNFPA, gozar de una buena salud sexual y reproductiva incluye tener un buen estado físico, mental y social sobre las diferentes dimensiones del sistema reproductivo; asimismo, es considerar la libertad para disfrutar de una vida sexual satisfactoria, que incluye decidir si procrear o no, elegir cuándo y con qué frecuencia; consecuentemente, incluye tener información para conocer métodos anticonceptivos; así como, de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. En las mujeres, en específico, se debe considerar, también, la higiene menstrual, el embarazo, el parto y el período posterior a este.
La Recomendación General N° 24 de la CEDAW señala que los Estados deben ser garantes del derecho a la salud durante todo el ciclo de vida de una mujer, incluyendo la salud sexual y reproductiva. En ese sentido, se debe eliminar todas las formas de discriminación que bloqueen su acceso; asimismo, se debe considerar las demandas y atenciones especiales que requieren las mujeres en situación de movilidad humana.
Sin embargo, las mujeres migrantes no suelen gozar de este derecho, principalmente, por dos motivos; el primero, tiene que ver con el bloqueo en el acceso a derechos y la interpelación que suele hacer la sociedad receptora, cuando la población migrante decide optar por los “beneficios de bienestar universal”,[2] como salud o educación. Así, el no pertenecer originalmente a la sociedad o país de destino, no es solo una sensación, sino que se materializa en discursos que van a excluir a esta población de políticas públicas.
En segundo lugar, no se visibiliza su importancia y más bien se prioriza otros servicios de salud, los cuales no solo no tienen enfoque de género, sino que no atienden necesidades básicas de esta población.[3] En consecuencia, si bien varias mujeres migrantes pueden llegar al país de destino en buenas condiciones de salud, esta situación podría cambiar rápidamente.
En el caso de los embarazos, las mujeres migrantes son más propensas a la violencia obstétrica, en comparación a mujeres nacionales; por lo que, existe una relación directa con el riesgo de trastornos de salud mental, mortalidad materna y nacimientos prematuros. En el estudio de Heslehurst (2018),[4] las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas demostraron tener un mayor impacto en la afectación a su salud mental, donde fue más recurrente la depresión posnatal y aumento de la tasa de mortalidad debido a la misma. Además de otras afectaciones a su salud física, producto de la mala atención perinatal.
Es importante señalar que las mujeres migrantes están más expuestas a tener embarazos no deseados. Siendo, una de las principales razones de muerte y secuelas, ya que son embarazos mal llevados o sin acompañamiento médico. Como resultado, es de necesidad integral que puedan contar con procedimientos si es que deciden no continuar con el embarazo. En ese sentido, el acceso al aborto es clave, dado que suelen tener resultados positivos en las mujeres migrantes en condiciones de alta vulnerabilidad. Un estudio sobre un programa de acompañamiento a mujeres migrantes que deseaban realizarse procedimientos de aborto en Tailandia – SARP,[5] demostró, en sus resultados, las experiencias positivas narradas por ellas mismas, lo cual puede indicar que este tipo de servicios puede mejorar su calidad de vida (Tousaw et al., 2018).[6] Asimismo, es necesario que se discuta el tema desde los Estados receptores, dado que trabajar en las modificaciones jurídicas, puede reducirse estas prácticas que ya se están dando en condiciones de ilegalidad. No obstante, es importante considerar que el acceso a este derecho es diferenciado según la condición migratoria.[7]
«Las mujeres migrantes son más propensas a la violencia obstétrica, en comparación a mujeres nacionales; por lo que, existe una relación directa con el riesgo de trastornos de salud mental, mortalidad materna y nacimientos prematuros.»
En cuanto a métodos anticonceptivos, Agadjanian y Hyun (2018) señalan que las mujeres en situación migratoria regular, tienen un mejor entendimiento sobre su ciclo reproductivo, por lo que no solo consideran mejores métodos para no salir embarazadas, sino que demandan mejores condiciones en las políticas de salud. Este último detalle es clave, dado que se podría considerar que los flujos migratorios podrían influir positivamente en los cambios de las políticas sociales de un país, ampliando derechos que también impactan en las y los nacionales.
Las mujeres migrantes sufren choques culturales que brotan a partir de la llegada a un nuevo contexto geográfico, lo cual incluye cuestiones técnicas como la falta de interpretación en su idioma. Si bien en América Latina sucede en menor frecuencia, las razones de cultura si llegan a tener un impacto en el tipo de experiencias. El éxito que tuvo el SARP, entre la comunidad de mujeres migrantes, fue por el hecho que se brindó acompañamiento oportuno, servicios gratuitos, personal programático y amigable y seguridad de servicios.
El tema de la higiene menstrual ha sido poco desarrollado. Para entenderlo hay que concebir a la menstruación como un constructo socio-cultural relacionado a lo que se entiende por ser mujer.[8] Ello tiene un impacto en las limitaciones que tienen las mujeres; sobre todo de aquellas que deben desplazarse en su condición de migrante. Así, el bajo acceso a productos y servicios sanitarios puede afectar directamente su condición de vida, no solo porque pone en peligro su salud, sino porque su movilidad se ve limitada, lo cual impacta en su agencia y autonomía.
A pesar de lo mencionado, aún se señalan lagunas en los informes y datos referidos a salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes. Eso se debe a la invisibilización del problema en el sistema de salud y los Estados en general, pero también a la condición migratoria que tengan. En ese sentido, integrarlas en los programas y políticas de salud sexual y reproductiva, puede tener efectos positivos. De esta manera, se garantiza que este grupo de mujeres sean agentes activos para seguir construyendo una sociedad más equitativa e inclusiva.
