El Acuerdo de Escazú y la importancia de fortalecer los derechos ambientales y el desarrollo sostenible
Escribe: Bruce Barnaby (*)
Hace algunos días, el recientemente nombrado canciller Mario López declaró públicamente que el Acuerdo de Escazú no debe ser ratificado hasta que exista un consenso entre los actores sociales, lo que ha denotado un cambio de posición del gobierno. Como se sabe, este tratado internacional fue adoptado en Costa Rica en el 2018 entre los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, es el primer tratado de derechos humanos que aborda la protección de los y las defensoras de derechos humanos. Cabe resaltar que el Perú fue uno de los estados que participó del proceso de negociación y que firmó el tratado en la ceremonia inicial.
Si bien es saludable promover el debate e involucrar a diversos actores en los procesos de toma de decisiones, el Congreso, encargado de la ratificación de dicho tratado, debe tomar en cuenta la relevancia de los temas contenidos en el tratado, y su premura considerando el contexto político y económico actual. Asimismo, debe considerar la pluralidad de voces que ya se han pronunciado al respecto.
El actual escalamiento del conflicto social en la provincia de Espinar entre las comunidades aledañas a las actividades extractivas, que ha significado nuevamente un enfrentamiento entre ciudadanos y ciudadanas y las fuerzas armadas, puede ser la primera muestra del posible incremento de la conflictividad social derivada de la crisis sanitaria y económica, así como de las políticas de reactivación económica que están discutiendo el gobierno y el sector empresarial. Todo esto, con un proceso electoral ya en el horizonte.
En ese sentido, ratificar el Acuerdo de Escazú va a ayudar a fortalecer los mecanismos de protección y supervisión de derechos ambientales y de defensores y defensoras de derechos humanos, así como a generar mayor confianza entre la ciudadanía, el Estado y los gremios empresariales. Eso, a su vez, otorgaría mayor previsibilidad al reconocimiento e interpretación de dichos derechos en el marco normativo nacional.
De otro lado, un diálogo abierto debe incluir a los diversos actores socialmente relevantes. En ese sentido, el pronunciamiento de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas -CONFIEP[1] mostrando preocupación frente a la ratificación del acuerdo, contrasta con otras diversas organizaciones de sociedad civil como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos[2] o la Sociedad Peruana de Derechos Ambiental[3], o con la exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien en reiteradas oportunidades han resaltado la importancia de ratificarlo para fortalecer la gobernanza ambiental y la protección a los y las defensoras de derechos humanos.
De la misma forma, diversas entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[4], el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas[5], la Relatoría Especial de NNUU sobre la situación de los Defensores y Defensoras de DDHH[6], o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OECD, han resaltado la importancia de ratificar e implementar dicho Acuerdo.
El informe de la OCDE sobre la Conducta Empresarial Responsable en el Perú presentado hace unas semanas recomendó al Estado peruano que “los impactos sobre los derechos ambientales en Perú ponen de relieve la necesidad de garantizar protecciones regulatorias sólidas y la aplicación de la legislación para prevenir las violaciones por parte de las empresas del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, así como la necesidad de garantizar que los derechos de los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente estén protegidos. Esto incluye salvaguardar las vías de acceso a la información ambiental, los procesos de participación pública, y el acceso a la justicia ambiental a través del sistema judicial. El Gobierno debería priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú como primer paso para garantizar estas protecciones.”[7]
«Es importante abrir el debate para mejorar los derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú, pero sin poner en riesgo la oportuna ratificación de un tratado que fortalece los mecanismos de supervisión para el cumplimiento de derechos.»
Cabe resaltar que ni los funcionarios del Estado ni los representantes de los gremios empresariales han cuestionado el contenido de estos derechos, sino que, al contrario, han saludado la presencia de ellos en varias de las normas ya existentes a nivel nacional. En ese sentido, el debate no debe agotarse en la ratificación o no del tratado, sino que debe extenderse a cómo fortalecer dicho marco normativo para la efectiva implementación del acceso a la información, a los mecanismos de participación en los procesos de evaluación ambiental, y al fortalecimiento de la justicia en materia de delitos ambientales.
No es la primera vez que se generan preocupaciones en relación con el reconocimiento y fortalecimiento de derechos que incrementan el rol de la sociedad civil en las actividades empresariales, tal como lo fue en su momento la discusión sobre la implementación de la consulta previa, o de los mecanismos de participación en el marco de los Estudios de Impacto Ambiental. Sin embargo, más allá de que dichos procesos estén lejos de ser perfectos, es indudable que han ayudado a disminuir el escalamiento de los conflictos sociales medioambientales en los últimos años y, por consiguiente, a reducir el número de víctimas mortales.
En conclusión, es importante abrir el debate para mejorar los derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú, pero sin poner en riesgo la oportuna ratificación de un tratado que fortalece los mecanismos de supervisión para el cumplimiento de derechos, que genera un marco constitucional más estable en momentos de alta incertidumbre política, y que cuenta con un apoyo muy amplio de diversos actores nacionales e internacionales.
(*) Investigador y Coordinador del Área Académica de IDEHPUCP y miembro del Comité Directivo
[1] https://www.confiep.org.pe/noticias/comunicado-publico-sobre-el-acuerdo-de-escazu/
[2] http://derechoshumanos.pe/2020/07/ratificacion-del-acuerdo-de-escazu-para-garantizar-la-preservacion-de-nuestros-recursos-y-medio-ambiente/
[3] https://www.actualidadambiental.pe/que-significa-el-acuerdo-de-escazu-para-el-peru-y-por-que-es-importante-su-ratificacion/
[4] https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/132.asp
[5] https://undocs.org/A/HRC/40/L.22/Rev.1
[6] Declaración de Fin de Misión, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – Visita a Perú, 21 de enero 3 de febrero de 2020
[7] OCDE. Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable (2019). pág. 49
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1 Comentarios:
SAUL CAYO
Perfecta la posición real y objetiva muchos de los conflictos se dan por falta de consensos y desarrollo concertado, el tratado ESCAZU permitirá llenar esos vacíos, democratizar mediante la información ambiental, participación comunitaria y toma de decisiones, justicia en el derecho ambiental, es importante que los empresarios de las transnacionales entiendan que pueden mejorar sus relaciones con la comunidad y producción con ISO, si las tienen por que nunca dieron cuenta, menos las org del estado como OEFA, MINAM, MINEM, temas de fiscalización ambiental, es mas nunca existió este mecanismo DIALOGO, y muchas empresas minera hacen lo que les da la gana, por que reclamos para ellos es nada, solo explotar, contaminar el medio ambiente y con el ello a la población, podrían dar alguna explicación de las muertes por las protestas TIA MARIA, ESPINAR, quien no sabe que gente tiene metales pesados en el cuerpo convive con ella dañando su salud, donde esta el derecho fundamental a la vida, si existe vulneración a sus derechos,, casos de Espinar, Pasco, y mas hablar de sus animales y agricultura dañada por culpa de la minería, se dice desarrollo sostnible el cual NO existe, se debe ratificar el tratado de EZCAZU esta en comisión de relaciones exteriores y algunos detractores como el Sr. eta Francisco Tudela en defiende a la CONFIEP e intereses de las grandes empresas supuestamente, sustenta la perdida de soberanía si se ratifica este tratado, el seria el menos indicado por pertenecer a un gobierno corrupto que fue Fujimori, lamentablemente este señor no conoce el Perú profundo y las necesidades como la realidad socio -ambiental y minera como la vulneración de derechos de la población.