Escribe: Mattia Comoglio (*)
Para el próximo 15 de mayo están previstas las elecciones parlamentarias en Líbano. La gran sorpresa es la decisión del exprimer ministro Sa’d Hariri de no candidatear y la exhortación que ha hecho a su propio partido, Mustaqbal, a que no participe en la convocatoria electoral. La política libanesa es muy polarizada y fuertemente sectaria: afiliación política e identidad religiosa se entrelazan y se sobreponen, y los principales cargos gubernamentales son asignados según un mecanismo de equilibrio de poderes entre los principales grupos sectarios: musulmanes sunitas, musulmanes chiitas y cristianos maronitas[1].
En este contexto, la familia Hariri ha sido el rostro del sunismo y del occidentalismo desde que terminó la guerra civil, en 1990. Sa’d Hariri ha motivado su defección hablando de las crecientes tensiones sectarias y las excesivas injerencias y presiones por parte de Irán[2], lo cual apoya los partidos chiitas de Amal y, sobre todo, Hezbollah. En los últimos tiempos, el exprimer ministro había recibido muchas críticas por ser demasiado propenso al compromiso y al diálogo con este último, posición que él afirmaba ser necesaria e inevitable para evitar el estallido de una nueva guerra civil. Paradójicamente, en un sistema político extremadamente verticalista y personalista, la decisión de Hariri podría fortalecer aún más la posición de Hezbollah, privando a la facción que se le opone de uno de sus puntos de convergencia electoral más reconocidos e influyentes.
Los protagonistas del panorama político y electoral libanés han sido los mismos desde que terminó la guerra civil y, en muchos casos, fueron altos mandos de una u otra facción durante el conflicto. Con los partidos cristianos equitativamente divididos entre los que apoyan y los que se oponen a Hezbollah, la ausencia de Hariri deja a la facción Sunita disgregada en una multitud de candidatos menores, desprevenidos para enfrentar al bloque compacto de Hezbollah y sus aliados en una carrera electoral que será importantísima. Su éxito decidirá quién va a nombrar el nuevo Presidente de la República, y será determinante para la cuestión del desarme de Hezbollah y el futuro de lo que algunos consideran una ocupación iraní del país, forzada gracias a la considerable capacidad bélica del ala militar del partido chiita[3].
El escenario económico y socioeconómico en que se colocan estas elecciones es uno de los más sombríos del Líbano posterior a la guerra civil: desde 2019 la economía libanesa, tanto financiera como real, está al borde del colapso. La ESCWA[4] ha estimado que, debido a la crisis, más del 82% de la población del país se encuentra hoy debajo del umbral de pobreza[5]: en 2020 el país sufrió un decrecimiento del PIB del -21.5%[6] y la inflación en 2021 fue casi del 155%[7]. En agosto de 2020, la terrible explosión de un depósito de nitrato de amonio en el puerto de Beirut ha agravado aún más la situación, causando más de 200 víctimas y 300.000 personas desplazadas, la aniquilación de distritos enteros en la capital y daños por millardos de dólares.
El país es azotado por una clase política en la cual la corrupción y el clientelismo son generalizados y bien radicalizados, una élite privilegiada que explota las fricciones sectarias para acumular poder y riqueza, dejando al sector público y los servicios estatales en escombros. En este contexto, los grupos-partidos sectarios son los únicos que ofrecen atención sanitaria, programas escolares, paquetes alimentarios, seguridad social y empleos estables. Lógicamente todo esto tiene un precio, que no será calculado en dinero sino en labor realizado para el mismo grupo: las familias de los milicianos de Hezbollah, por ejemplo, reciben un sueldo mensual cuyo pago continúa aún en el caso en que el militante fallezca. De forma similar, un padre o una madre sunita o maronita podría compensar la beca escolar de su hija participando en plantones o marchas, garantizando el voto de su familia para un candidato o trabajando como voluntario en alguna oficina del partido o de sus empresas el fin de semana.
Al igual que el depósito en el puerto de Beirut, Líbano almacena un enorme potencial explosivo descuidado, mal guardado y deteriorado: las élites político-religiosas soplan sobre las chispas de la fricción sectaria y alimentan la crisis económica, desatendiendo las necesidades de la población y explotando sus precariedades. Rumbo a unas elecciones que, a pesar del desbalance causado por el retiro de Hariri, se anuncian como perpetuadoras de un statu quo que deja pocos resquicios de posibles cambios, el riesgo de una desastrosa explosión es cada vez más real.
(*) Magíster sobre Conflictos, Seguridad y Desarrollo Universidad de Sussex (Reino Unido) Colaborador en Idehpucp.
