Escribe: Wilson Hernández (*)
Frente al número de muertes por COVID-19, algunos problemas nos pueden parecen menores. Pero no lo son. Cada muerte es deplorable, especialmente si la podemos evitar. Es el caso de los feminicidios.
Empecemos dimensionando el problema. De acuerdo con datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el año 2012, se registraron 83 feminicidios y siete años después, en el 2019, exactamente el doble (166), lo cual marca una tendencia muy preocupante. Después vino la pandemia y alteró muchos aspectos de nuestra vida diaria, tanto que hasta los feminicidios cayeron. En el 2021, se registraron 136 de estas muertes.
A nivel latinoamericano, Perú está en el tercio inferior de países en el indicador de tasa de feminicidio (muertes por cada 100 mil habitantes), lo cual no es alivio y consuelo. ¿Por qué? Porque cada vida vale, porque estas muertes pueden prevenirse y porque nuestra sociedad muestra niveles preocupantes de machismo y sexismo que son el caldo de cultivo para más femicidios y, en general, más agresiones a mujeres dentro y fuera del contexto de pareja.
Dentro de las preocupaciones de las violencias contra las mujeres, los feminicidios necesitan una agenda independiente que, a la fecha, ha sido débilmente elaborada en el país. En esa línea, sugiero discutir seis temas.
- Homogenicemos las cifras. En el Perú, tanto el MIMP como el INEI reportan datos de feminicidio. El INEI no los produce, sino que sigue un protocolo para contabilizar las víctimas, que es producto del trabajo del MIMP y del Ministerio Público. No obstante, al día de hoy, el INEI y el MIMP publican cifras diferentes sobre feminicidios.
- Ir más allá de contar víctimas. Suena duro, pero contando víctimas no se va a resolver el problema. Lo que sí ayuda es entender dónde hay más feminicidios y por qué. La investigación tiene un rol central ahí. En el Perú, existen varios observatorios estatales que deben unirse para responder preguntas con impacto directo en las políticas públicas.
¿Qué observatorios? Tenemos a los siguientes:
– Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, MIMP.
– INDAGA – Observatorio Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
– Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior.
– Observatorio del Delito y la Criminalidad, Policía Nacional del Perú.
– Observatorio de Criminalidad, Ministerio Público.
– Centro de Investigaciones Judiciales, Poder Judicial.
– Distintos observatorios a nivel regional o distrital.
En la línea de generar evidencia útil para reducir los feminicidios, ¿qué preguntas sería útil responder? Por lo menos, estas:
- ¿Qué modelo de atención a víctimas permite brindarles una mayor seguridad y producir una alta probabilidad de condena?
- ¿Cuál es el impacto de distintos servicios en la reducción del feminicidio, como los CEM regulares, CEM en comisarías, Centros de Salud Mental Comunitarios, comisarías, etc.?
- ¿Cuál es el efecto de los programas psicológicos para el tratamiento de agresores? ¿Qué modelo deberíamos adoptar y masificar?
- ¿Cuál es el impacto del sistema de medidas de protección en la reducción de los feminicidios?
- ¿Cuáles son los perfiles de feminicidas?
- ¿Cuál es la lógica de las resoluciones judiciales que absuelven o reducen pena a feminicidas?
- ¿Cuál es el impacto que tiene la difusión de noticias de casos de violencia contra mujeres sobre la incidencia de agresiones no letales, severas y feminicidios?
- ¿Qué tipo de agresores se ven motivados por este tipo de noticias para cometer agresiones?
- Dejemos de contar tentativas de feminicidio. El MIMP todavía sigue contabilizando tentativas de feminicidio (ver https://portalestadistico.aurora.gob.pe/formas-de-la-violencia-2021). El problema es que lo hace a partir del número de atenciones que reciben en los CEM y no a partir de la real incidencia de tentativas de feminicidio. En breve, esas estadísticas subvalúan enormemente el problema, pues la identificación de casos puede depender más del número de CEM en lugar de la incidencia real del problema. Como ejemplo, en el 2021 se registraron 293 tentativas y 193 feminicidios. Sin duda, los intentos de feminicidio son mucho, mucho mayores, mientras que las estadísticas de tentativas dan la impresión que el problema de agresiones casi letales es menor.
- Preidentifiquemos mujeres en situación de riesgo de feminicidio. En lugar de contar víctimas, es mejor ubicarlas. Es muy complejo, pero hay pistas.
Según el Registro Administrativo de Feminicidios del MIMP, aproximadamente 1 de cada 10 víctimas de feminicidio había denunciado antes a su pareja. Entonces, se puede usar el SIDPOL (Sistema de Denuncias Policiales) para identificar a aquellas mujeres que han interpuesto más de una denuncia contra la misma pareja. Se puede aplicar el mismo procedimiento para usuarias de Centros de Emergencia Mujer y Línea 100.
Una vez identificadas, estas mujeres deben recibir un paquete de atención que incluya, por lo menos, defensa legal, soporte médico y psicológico para ella y sus hijas/os, hogar temporal, soporte económico, protección policial, reconexión con sus redes y soporte escolar. Todo lo que está en ese paquete tiene evidencia de respaldo. Ese “paquete de atención” salva vidas.
- Reformemos el sistema de medidas de protección. Actualmente, hay más medidas de protección que policías. Virtualmente, es un sistema colapsado. Los policías no dan más porque ni siquiera tienen los recursos para el despliegue (y así les exigimos todo). Los grilletes electrónicos pueden servir para evitar contacto entre víctimas y victimarios. El Congreso puede impulsar el tema y el Ministerio de Economía y Finanzas apoyar al Instituto Nacional Penitenciario para la compra masiva de estos grilletes.
- Situemos la responsabilidad lo más arriba posible. Si no visibilizamos responsables, es difícil comprarse el pleito. En el MIMP siempre ha habido impulso para reducir feminicidios. Pero hay que redefinir esa responsabilidad y descentralizarla. En algunos países, crean comités locales luego de cada feminicidio para entender qué pasó, quién falló y cómo remediarlo. Es una decisión expost, pero útil para prevenir casos futuros. Acá, debería mirarse a las instancias locales de concertación (creados por la Ley 30364), y dotarlos de capacidades técnicas, operativas y decisionales, bajo regulación y dirección del MIMP, para que no se conviertan en espacios inertes como se han convertido otros espacios de coordinación local.
Estos son solo seis puntos de una agenda que debería ser más amplia. Prevenir feminicidios debe ser uno de los objetivos más complejos en materia de políticas públicas. Y por ello mismo, merece un espacio de desarrollo independiente en estas políticas.
(*) Investigador adjunto de GRADE
