Escribe: Michela Locci (*)
Aunque muchos pueblos amazónicos se fueron a zonas más alejadas y otros se aislaron voluntariamente, el Covid-19 alcanzó a la población indígena en su totalidad, causando la muerte de 730[2] personas (en su mayoría en Puno, Ayacucho, Amazonas y Cusco) y 310.178 contagios[3] (en su mayoría en Loreto, Amazonas, Ayacucho y Ucayali). Esto evidencia problemas en la atención del Estado a los pueblos indígenas durante la pandemia, lo que produjo consecuencias graves sobre el ejercicio de diversos derechos colectivos. En la presente nota se listan algunos de ellos.
Cuando llegó el primer caso de Covid-19 a Perú, en marzo de 2020, golpeó primero la ciudad de Lima. Hasta ese momento, el virus estaba lejos de la Amazonía, una región donde habitan el 93%[1] de sus 55 pueblos indígenas. Sin embargo, considerando las graves carencias de servicios públicos, y la falta de mecanismos adecuados de coordinación entre el Estado y las organizaciones indígenas, se podía prever el terrible alcance de sus consecuencias en esas zonas.
Desde un inicio, hubo demoras en activar protocolos y planes de atención específicos para la población indígena. Si bien el Estado tradujo los boletines informativos del Ministerio de Salud (MINSA) a 32 de las lenguas indígenas, no hubo una respuesta adecuada u oportuna para el escaso acceso a las medidas de saneamiento y de salud básicas: agua potable, jabón, atención en salud, entre otros.
Asimismo, se debió tener en cuenta las características particulares y los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas para implementar un real modelo de salud intercultural, el cual debe integrar la medicina tradicional y los servicios de salud pública. A pesar de ello, según lo reportado por las propias comunidades, se logró atender mediante conocimientos ancestrales a muchas de las personas que sufrieron los estragos de la pandemia frente al avance del virus en sus comunidades[4].
Por otro lado, cabe mencionar que recién, el 4 de noviembre, el Estado peruano ha lanzado una plataforma sobre los casos de Covid-19 en Población Indígena Amazónica y Andino[5], donde es posible tener una fotografía, casi en vivo, del impacto de la pandemia sobre los pueblos indígenas. Asimismo, se cuenta con información de que, a la fecha, han sido aplicadas 206.168 dosis (120.627 primera dosis, 83.388 segunda dosis, 2153 tercera dosis) de la vacuna contra la Covid-19 en las comunidades nativas de la Amazonía, y 383.236 (210.227 primera dosis, 165.932 segunda dosis, 7.077 tercera dosis) en comunidades andinas[6]. Según el plan del gobierno, la meta es incrementar la vacunación a más de 50% de los miembros antes de culminar el año. Para ello, se cuenta con 77 enlaces en las comunidades que facilitan el ingreso de las brigadas de salud y brindan información en las propias lenguas originarias a los apus (jefes). El objetivo es impulsar diálogos interculturales, difundir las ventajas de la vacunación, y aclarar las dudas y mitos existentes sobre esta protección ante la Covid-19.
Aun así, es preciso contar con otras formas efectivas de llegar a todos los habitantes de pueblos indígenas. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[7] detectó y recomendó al estado corregir dos de los principales problemas que señalan las organizaciones indígenas en el manejo de la pandemia: la falta de información adecuada, con pertinencia cultural; y las carencias en la participación de los pueblos indígenas a través de sus autoridades representativas en las campañas de vacunación.
En relación con el acceso a la educación, como se sabe, las clases presenciales en todo el territorio fueron suspendidas por la emergencia sanitaria y se creó un sistema público de educación a distancia, es decir, se han trasladado de las aulas a las pantallas de computadoras u otros equipos electrónicos. La falta de acceso a medios de comunicación e internet en comunidades impidió a los niños y niñas acceder a dicha educación a distancia, así como a la información en general por parte del resto de la población. Asimismo, la falta de una política específica a su realidad los alejó de un acceso a un sistema de educación pública pertinente.
De otro lado, en relación con sus derechos territoriales, los pueblos indígenas debieron tener un mayor control sobre las actividades que se realizan dentro de su territorio, sobre todo en el marco de una crisis sanitaria como la actual[8]. Por ello, las denuncias de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú– ONAMIAP[9] sobre la continuación de las actividades extractivas, y la ocurrencia de conflictos y derrames de petróleo durante la crisis sanitaria. Estos, además del daño ambiental que implican, aumentan los riesgos de contagio de las comunidades indígenas por la presencia de terceros cerca de dichas comunidades.
En relación con la consulta previa, durante la pandemia, se propuso que las consultas se realicen de manera virtual. Esto ha sido rechazado por la CIDH y por las mismas comunidades indígenas[10] por considerar que un proceso de ese tipo sería poco adecuado, ya que la conexión por los canales virtuales en sus territorios es muy deficiente o nula. Consideraron, además, que una consulta de este tipo quebraría varios fundamentos esenciales de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT, ya que las poblaciones nativas necesitan del contacto directo para establecer un diálogo intercultural adecuado y fiable con el Estado y otros actores. Además, han señalado que las reuniones virtuales no son un mecanismo tradicional de deliberación y menos de toma de decisiones de los pueblos indígenas u originarios, por ello carece de pertinencia cultural.
En suma, la emergencia por el coronavirus ha puesto sobre la mesa muchos de los problemas que históricamente enfrentan las comunidades indígenas: la falta de atención de salud, la demora en la solución de los problemas ambientales y sociales causados por los derrames de petróleo u otros impactos de la actividad empresarial, las economías ilegales, las brechas digitales, la falta de coordinación del Estado con las organizaciones representativas, y los problemas en la implementación de la consulta previa.
(*) Máster en Desarrollo Local y Global en la Universidad de Bologna (Italia). Colabora con la línea Pueblos Indígenas en Idehpucp.
