Escribe: Hugo Cahueñas (*)
El primer caso de COVID-19 se detectó en la ciudad de Wuhan, China, el 1 de diciembre de 2019; sin embargo, otros Estados no tomaron medidas eficaces de prevención y preparación frente a una amenaza porque se la veía lejana. Hoy, 31 de marzo de 2020, el riesgo se convirtió en una realidad y se improvisan varias acciones, mientras los contagios y el número de víctimas mortales siguen aumentado. En este escenario, se debe tener un enfoque de derechos humanos y se debe recordar que la salud es un derecho humano reconocido en diversos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual determina que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para la “prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas […] y la lucha contra ellas” (art.12.c). Además, para lograr progresivamente la plena vigencia de los derechos reconocidos en el PIDESC, los Estados deben “adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga” (art. 2.1). Consecuentemente, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y tratar el COVID-19, incluyendo la cooperación internacional.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 como pandemia global. Para evidenciar a nivel operativo la cooperación internacional frente al COVID-19, se describirá las acciones realizadas hasta el momento en Ecuador. El mismo día que esta enfermedad infecciosa se declaró como pandemia, la Ministra de Salud declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en Sistema Nacional de Salud. Luego de la primera víctima mortal en Ecuador (13 de marzo) se activó el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE-N). Como parte del COE-N, a partir del sábado 14 de marzo, se activó la Mesa Técnica de Trabajo de Cooperación Internacional (MTT8). Como una de sus primeras acciones, la Cancillería ecuatoriana trabajó junto a la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para la activación del Equipo Humanitario de País (EHP).
«Estas primeras acciones, a nivel operativo en Ecuador, evidencian la necesidad de contar con un marco institucional para garantizar el derecho a la salud por medio de la cooperación internacional.»
El EHP está integrado por agencias del sistema de Naciones Unidas, agencias de cooperación internacional, la Cruz Roja y organizaciones de la sociedad civil. El miércoles 18 de marzo, el EHP fue activado por la Coordinadora Residente de Sistema de las Naciones Unidas en co-liderazgo con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Dentro del EHP, los Sectores activados fueron: Salud, Educación, Alojamientos Temporales, Logística y Agua, Saneamiento e Higiene. Además, la MTT8 canaliza “las demandas y ofertas de la cooperación internacional”. Sumado a ello, el EHP prepara el Plan de Respuesta al que se unirán los pedidos de otras mesas técnicas de trabajo. En el marco de la MTT8, la Cancillería “coordina el apoyo de unas 5 ONGs extranjeras al grupo de trabajo de apoyo psicosocial del [Ministerio de Salud Pública] y el [Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias] (SNGRE)”; adicionalmente, “5 ONGs apoyan en la entrega de kits alimentarios en territorio a personas vulnerables”. Por otro lado, el Ministerio de Finanzas trabaja en la priorización de los recursos provenientes de las líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de desarrollo de América Latina, (antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento-CAF).
Los requerimientos priorizados fueron insumos médicos, ambulatorios y similares de la red primaria de salud pública, incluyendo estrategias de comunicación. Además, se prioriza los requerimientos de la red primaria de salud pública. Para la ayuda económica o en donaciones de insumos/equipos, Cancillería estableció el mecanismo de implementación de la Cooperación Internacional, mismo que cuenta con el apoyo del EHP y coordina con el COE nacional y las MTT. En el último informe de situación del 28 de marzo se detalla que la OPS donó “un total de aproximadamente 19 mil reacciones”. Además, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) gestiona recursos para atender las necesidades de alimentación, a través de una tarjeta para compras a proveedores locales. Cabe mencionar que a partir del informe de situación del jueves 26 de marzo, se señala que el SNGRE tiene “una propuesta de Decreto Ejecutivo para normar de forma específica la Asistencia Humanitaria Internacional”. Finalmente, a nivel bilateral, China es el único país que ha respondido a la solicitud de asistencia internacional.
Estas primeras acciones, a nivel operativo en Ecuador, evidencian la necesidad de contar con un marco institucional para garantizar el derecho a la salud por medio de la cooperación internacional. También en la necesidad de contar con un marco legal para regular la Asistencia Humanitaria Internacional, por lo que resulta imperioso que se adopte el decreto que propone el SNGRE. En referido documento se debe incluir un marco normativo para la cooperación con organizaciones internacionales que no tienen personalidad jurídica en Ecuador, como aparentemente sería el caso de las 5 ONG’s extranjeras que trabajarán en apoyo psicosocial.
Después de esta pandemia, la humanidad no será la misma; sin embargo, los estándares de derechos humanos deben seguir encaminando las acciones estatales para proteger a las personas. Como parte de esos estándares, la comunidad internacional debe cooperar para garantizar los derechos humanos. Debe cooperar para garantizar la salud y la vida frente a la amenaza del COVID-19.
Ante una amenaza global que no mira líneas territoriales, donde los países (irónicamente, pero como una medida necesaria) han cerrado sus fronteras, se requiere aún más la cooperación internacional. Una colaboración que comparta los avances científicos y técnicos, una cooperación económica que busque proteger a las personas y sociedades que se encuentren en mayor vulnerabilidad. Esta necesidad se hace más imperiosa porque se evidencia que el COVID-19 nos afecta a todos, y mientras todos no tengamos control de la situación y garantizados nuestros derechos, la humanidad seguirá en riesgo.
(*) Profesor de la Universidad San Francisco de Quito.
