26/07/2022

La involución de las políticas anticorrupción en el Perú de hoy                                                     

“Un pueblo sin piernas, pero que camina” (Calle 13)

Por: Yván Montoya (*)

Desde el Virreinato y todo el periodo de la República, el Perú ha vivido permanentemente una situación inercial de corrupción y ciclos recurrentes de corrupción sistémica que ha involucrado al poder político y público en el Perú. Sin embargo, también hay que decir, que los mismos historiadores de la corrupción han reconocido la actuación de personajes históricos que, muchas veces solos o con poco apoyo, han remado contra la lacerante corriente de la corrupción. A estos últimos va mi reconocimiento y mi esperanza de que la nación y en especial la próxima clase política reafirme y extienda ese camino.

La corrupción que vivimos hoy, la que se aprecia en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, parece tener algunas particularidades que la diferenciarían en parte de la de últimos años. Efectivamente, la corrupción hoy aparece como especialmente depredadora pero dispersa en múltiples intereses particulares, menos estratégica y más advertida. Especialmente en el caso del presidente Castillo, los indicios que se vienen acopiando ante la Fiscalía de la Nación revelan sospechas relevantes de actos de corrupción grave y permanentes o reiteradas.

Pero más allá de los casos graves en los que está siendo investigado el presidente y su entorno y de los intereses particulares que prevalecen gravemente en las iniciativas legislativas, nos preguntamos qué han hecho este régimen y este Parlamento para combatir la corrupción desde el rol fundamental y más importante que les corresponde: la prevención de la corrupción.

Semanas antes de la segunda vuelta electoral escribíamos sobre los retos que le correspondía al que accediese al poder del estado. En ese texto señalaba que 4 eran, y aún son, los grandes pilares de políticas públicas para prevenir, reducir o erradicar y sancionar la corrupción en nuestro país. El primero, y tal vez más importante, es el de las reformas institucionales. Nos referimos, específicamente, a la reforma del sistema político-electoral y a la reforma del sistema de justicia. El segundo, está marcado por el fortalecimiento y especialización del sistema sancionatorio de la corrupción, es decir, el sistema penal anticorrupción y el sistema sancionatorio administrativo-funcional. El tercero, se refiere al proceso, aún en fase de desarrollo, para contar con un cuerpo de funcionarios y servidores públicos que acceda, ascienda y permanezca en base al mérito, sus competencias y probidad. Y finalmente, el cuarto pilar, relacionado con las políticas de inclusión de marcos de transparencia e integridad institucional en todos los estamentos del estado, añadiendo en este punto el fortalecimiento del sistema nacional de control interno y externo, éste último a cargo de la CGR.

Pues bien, al gobierno y al Parlamento les corresponden, como hemos señalado, roles fundamentales en la prevención de la corrupción y estos se relacionan esencialmente con las reformas institucionales, las reformas meritocráticas y las políticas de integridad. Las reformas del sistema sancionatorio, especialmente penal, solo competen directamente a los propios órganos del sistema de justicia (PJ-MP-JNJ), los cuales, en este momento, se han convertido en los casi únicos espacios institucionales de contención de la gran corrupción.

En relación con las reformas institucionales, aquellas que incidirían en la transparencia y la prevención de la gran corrupción (la captura del Estado), si bien se evidenciaron ciertos avances importantes en el periodo 2018 y 2019[1], el actual parlamento, lejos de profundizar las reformas, ha empezado a desmantelarlas, por ejemplo mediante una ley que modifica las reglas de plazos y sabotea la democracia interna en los partidos para las elecciones regionales y locales ya en marcha; así mismo ha emitido leyes que responden, en esencia, a sus intereses particulares como la ley que desmantela la SUNEDU o la Ley 31498 y la ley que sabotea la política pública de educación sexual integral y enfoque de género.  En esta línea, ellos son los únicos responsables del empeoramiento cada vez mayor de la calidad, competencia y probidad de la clase política en el Perú, de la progresiva captura del Estado por los intereses particulares y de la ausencia de voluntad política del más alto nivel para el éxito de las políticas anticorrupción.

“El daño que el actual Parlamento y el gobierno del presidente Castillo les hacen a los pilares fundamentales de la lucha contra la corrupción es inconmensurable”

En cuanto a las reformas meritocráticas, directamente vinculadas con la prevención del clientelaje político o familiar que históricamente ha dañado el Perú, se sabe que desde 2013 se empezó un proceso lento de tránsito al régimen del Servicio Civil, el mismo que supone la formación de un cuerpo de funcionarios y servidores públicos que accedan, asciendan y permanezcan en la función pública en base al mérito, sus competencias y probidad. Pues bien, el actual gobierno, lejos de fortalecer e impulsar dicha política, la ha saboteado desde los más altos niveles de la función pública. Efectivamente, más alla del DS 180-2021 PCM que aprueba la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo emitido durante el premiarato de Mirtha Vasquez y otros esfuerzos modestos de SERVIR, el presidente Castillo se ha dedicado a designar ministros, y estos, a su vez, viceministros y otros altos funcionarios, no sólo con un perfil inidóneo e incompetente, sino que en varias ocasiones con antecedentes de investigaciones penales por delitos graves y corrupción. El primer ministro Valer, los ministros Silva, Arce o Condori, entro otros, son una pequeña muestra de lo que afirmamos. Con estos actos cualquier esfuerzo que se pretenda hacer desde los niveles intermedios no sólo están condenados al fracaso sino a la imposición (de facto) de una política del favor, del clientelaje o el compadrazgo.

Sobre las políticas de integridad y transparencia, que son transcendentales para inmunizar a los funcionarios públicos contra la provocación corruptora y permiten construir una cultura de integridad institucional, se puede decir lo mismo. Las incipientes medidas impulsadas normativamente en los gobiernos anteriores (DS 092-2017 PCM o Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y DS 044-2018 PCM o Plan Nacional de Integridad y lucha contra la Corrupción) no solo no se han retomado con la importancia que les corresponde (el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción ya caducó el año pasado y no se ha defino uno para los próximos años), sino que además han sido resquebrajadas desde el vértice del poder. Como hemos anotado en su momento, alcanzar las metas anteriores requiere una voluntad polìtica del más alto nivel y la implementación de una serie de medidas (creación de oficinas de integridad institucional en cada una de las entidades públicas, implementación de planes sectoriales  o regionales de integridad, adopción e implementación de un modelo de integridad, códigos de conducta, y rendición de cuentas, entre otras) que el Presidente y los funcionarios de su gobierno se han encargado de desconocer y demoler. Esa actitud se expresa en la actual situación del presidente Castillo, quien enfrenta en este momento 5 investigaciones abiertas por casos de graves actos de corrupción sobre los cuales no rinde cuentas al país. En efecto, no ha habido ninguna explicación pública sobre sus reuniones funcionales y clandestinas en la casa de Sarratea, sobre los 50 mil dólares encontrados a su secretario general, sobre haber mantenido tanto tiempo en su cargo al ministro más investigado (Silva) o sobre la salida súbita de su ministro del Interior, entre otras denuncias serias.

Como se puede observar, el daño que el actual Parlamento y el gobierno del presidente Castillo les hacen a los pilares fundamentales de la lucha contra la corrupción es inconmensurable. Se sabe que retomar un verdadero impulso de estas reformas requiere, necesariamente, la integridad y voluntad de los funcionarios que están en el vértice de la función pública, comenzando por el presidente de la República. Y mientras permanezcan en sus cargos ello resulta impensable. Estamos en una etapa de sobrevivencia o resistencia en las políticas fundamentales de prevención de la corrupción y ello plantea la necesidad de un adelanto de elecciones. Tal vez sea un sueño, pero creer en que eso es posible es un imperativo de la lucha contra la corrupción.


(*) Asesor en Idehpucp. Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España) y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

[1] Pueden destacarse la Ley que modifica la ley de organizaciones políticas sobre inscripción afiliación, suspensión, integración y renuncia a las organizaciones políticas, la ley de elecciones internas y generales dentro de los partidos para elegir a sus candidatos, la ley de impedimentos para personas sentencias en primera instancia por delito doloso, la ley de paridad, entre otras reformas vinculada a la democratización e institucionalización de los partidos políticos. Igualmente, corresponde resaltar la reforma de la ley de financiamientos de partidos políticos que establece topes al financiamiento privado y multas a su incumplimiento, así como la introducción de un delito de financiamiento ilegal de dichos partidos.

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