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23 de enero de 2018

Los últimos días han removido al país con la visita del representante de la Santa Sede. Durante su estadía en el Perú, el Papa Francisco, visitó, además de Lima y Trujillo, la ciudad de Puerto Maldonado. Así, el pasado 19 de enero, se reunió con 2000 miembros de pueblos indígenas en el coliseo regional Madre de Dios, donde mostró su compromiso con el reconocimiento de los pueblos indígenas, la defensa de sus territorios y sus culturas, así como su preocupación por el medio ambiente y la importancia de un modelo de desarrollo alternativo. Durante sus palabras de reflexión, se refirió también a la problemática de la trata de personas que afecta de manera particular a esta región, haciendo un llamado a la acción dirigido a la sociedad civil y las autoridades.

“[E]xiste otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas, la mano de obra esclava o el abuso sexual. La violencia contra las adolescentes y las mujeres es un clamor que llega al cielo. (…) No nos hagamos los distraídos ni miremos para otra parte. Hay mucha complicidad.”

Las palabras del Sumo Pontífice visibilizan una problemática que hasta el momento solo ha sido atendida parcialmente. En Perú, según el Sistema Estratégico sobre Trata de Personas (SISTRA) del Ministerio Público, se han registrado 3911 víctimas de trata de personas entre los años 2009 y 2014. De esta cifra, 79.6% (3114) eran mujeres y 16.7% (653) hombres; así como el 56.4% (2208) corresponde a menores de edad y el 30.8% (1204) a población adulta[1]. Asimismo, Madre de Dios es la tercera región con más denuncias registradas por el Ministerio Público entre los años 2010 y 2016, después de Lima (1040) y Loreto (377), teniendo 354 denuncias. En ese sentido, es especialmente simbólico que este discurso se haya llevado a cabo en dicha región.

La problemática de trata de personas en Madre de Dios ha sido propiciada por diversos factores como la minería y la tala ilegal, la poca presencia estatal y corrupción de las instituciones, así como la débil regulación del transporte y el trabajo. Esto ha generado que no se respeten derechos laborales, que se realicen trabajos en situaciones riesgosas para la salud, e incluso que se priven derechos como la libertad. En la región, los hombres jóvenes víctimas de trata suelen dedicarse al proceso de extracción y recolección de oro, mientras que las mujeres mayormente son captadas para trabajar en bares, prostíbulos y el negocio de venta de comida que se generan en torno a la extracción[2]. En estas condiciones, se han generado tres focos donde se concentra el delito de trata de personas en la región: Huepetuthe, La Pampa y Puerto Maldonado, a los que se accede a través del puerto de Mazuko[3].

Si bien el estado ha tomado acciones para enfrentar la problemática de trata de personas, siguen existiendo grandes retos. Tal como el Idehpucp señaló en su Informe frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 165º periodo de sesiones, la falta de medidas de protección a las víctimas, la falta de presupuestos adecuados para combatir la trata de personas y la impunidad contribuyen a la persistencia de este problema[4].

Asimismo, como es reconocido en el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 (el “Plan Nacional”), no existen servicios especializados para víctimas de trata de personas y tampoco hay servicios de reintegración. Los pocos servicios que hay son dirigidos hacia niñas y adolescentes, dejando de lado a víctimas mujeres adultas, varones y personas LGTBI, entre otras[5].

En tanto a la falta de presupuestos adecuados, cabe mencionar que para el año 2016, el Estado peruano redujo a la mitad el presupuesto destinado al Plan Nacional. Para el 2017, el presupuesto público asignado para la lucha contra la trata de personas solo representó 0.0023% del presupuesto nacional[6]. Además, la mayoría de instituciones estatales carecen de presupuestos específicos para combatir la trata de personas. Tal es el caso del Ministerio de Salud, donde la falta de un presupuesto especializado impide que el ministerio pueda atender víctimas de trata en una manera adecuada[7].

Estas problemáticas son agravadas por la impunidad en torno a este delito. De cada 100 procesados por trata de personas, menos de 3 reciben sentencias condenatorias en el Poder Judicial[8]. Un caso emblemático es la sentencia del 28 de enero de 2016 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de una niña de catorce años explotada en Madre de Dios. La sentencia determina que no hubo ni explotación sexual ni explotación laboral. Uno de los argumentos usados es que el hecho de haberse podido dedicar ocasionalmente a realizar prácticas sexuales con los clientes a cambio de dinero no constituiría un supuesto de explotación sexual ya que no fue la finalidad por la cual fue trasladada (fundamento n°8). Cabe mencionar que se presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) contra los jueces supremos el cual fue archivado en septiembre 2017.

Este alto nivel de impunidad desalienta a las víctimas a denunciar los casos de trata de personas, y genera que los y las tratantes sigan desarrollando la explotación de personas sin ser investigados ni sancionados. Sin acceso a la justicia las víctimas no pueden obtener reparación y seguir con sus vidas.

Frente a ese escenario, cobra especial relevancia la mención en la visita del Papa del tema de trata de personas. El Estado peruano debe seguir sus acciones contra la trata de personas en sus diversas formas. Como se ha visto y como se ha visibilizado en varios momentos[9], el Estado debe tomar medidas integrales contra la trata de personas buscando entender y erradicar sus causas estructurales así como atender a las víctimas tanto desde su recuperación psicosocial como su derecho a acceder a la justicia y que sus perpetradores sean sancionados.

*Escriben: Ariana Jáuregui, Emily Button y Cécile Blouin, miembros del Área Académica y de Investigaciones del Idehpucp.


[1] Fuente: INEI (2017). Denuncias de Trata de Personas: Presuntas víctimas y presuntos(as) imputados(as), 2010-2016 [informe]. Lima. Consulta: 22 de enero de 2018.

No se tiene información sobre el sexo y edad del 3.7% (144) 12.8% (499) de víctimas, respectivamente.

[2] CHS Alternativo (2012). La trata de Personas en la región de Madre de Dios. Lima: CHS Alternativo. Consulta: 22 de enero de 2018. http://www.chsalternativo.org/informes-y-estudios/372-informe-la-trata-de-personas-en-la-region-de-madre-de-dios/file

[3] CHS Alternativo (2016). Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana [informe]. Lima. Consulta: 22 de enero de 2018. http://www.chsalternativo.org/trata-de-personas-en-el-peru/418-rutas-de-la-trata-de-personas-en-la-amazonia-peruana/file

[4] IDEHPUCP (2017). Trata de Personas en América Latina y el Caribe: 165º Periodo de Sesiones Comisión Interamericana de Derechos Humanos [informe]. Lima. Consulta: 22 de enero de 2018. https://idehpucp.pucp.edu.pe/noticias-destacadas/conoce-informe-regional-trata-personas-presentado-ante-la-cidh/

[5] Ídem.

[6] CHS Alternativo (2016) IV Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2015-2016. Lima. Consulta: 22 de enero de 2018.

[7] IDEHPUCP (2017).

[8] Ídem.