14/06/2022

La necesidad de tener una gestión pública intercultural, ¿es solo incluir?

Por: Daniella López Lancho (*)

Más allá de la teoría, en nuestro país la gestión pública se expresa en un sinfín de códigos, normas y estructuras disímiles y complejas ante las necesidades urgentes de poblaciones diversas y con los mayores déficits de acceso a servicios básicos, como los pueblos indígenas u originarios. Ante esto, plantear una versión tangible, ejecutable, “monitoreable” de la gestión pública intercultural ya parece no ser solo un reto.

La complejidad puede llevarnos, como servidores y servidoras, como funcionarios y funcionarias y como parte de la sociedad civil en general, a pensar que se trata solo de incluir, de incorporar en un sistema preconcebido a las poblaciones diversas, a los pueblos indígenas y otros, para estandarizar esquemas de desarrollo y, con ello, “mejorar” indicadores de acceso.

Resulta ser que no solo el enfoque intercultural, sino también la evidencia obtenida en la implementación de políticas por diferentes instituciones públicas, nos han demostrado que la inclusión, estandarización y homogenización de conceptos, ideas, planes y mecanismos de desarrollo, genera un efecto contraproducente en la atención de demandas urgentes.

Es ya sabido que la pandemia por la COVID19 ha incrementado significativamente las brechas estructurales de la población indígena en nuestro país, sobre todo en el caso de los pueblos amazónicos, como lo sugerían las tendencias de años atrás. Sin embargo, los esfuerzos por avanzar en una gestión pública intercultural no han sido menores desde instituciones rectoras o con áreas específicas en la materia como el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo o el Poder Judicial.

Si bien queda mucho camino por recorrer, la aprobación de normas que en otros contextos de “no emergencia” habrían tomado meses (por mera burocracia y no por intención de perfeccionismo técnico), hoy existen gracias al destrabe que significó identificar lo urgente y distinguirlo de lo importante. Así, se cuenta con una Política Nacional para el Pueblo Afroperuano recientemente aprobada, con decretos supremos que permitieron implementar sistemas completos de seguimiento y monitoreo para casos de emergencia (Covid19 y otros) en comunidades de pueblos indígenas, normativas que coadyuvan al proceso de incorporación de la variable étnica en todos los registros administrativos y orientan a los y las servidoras en el proceso, actualizaciones en las estadísticas y datos de comunidades dentro de la Base de Datos Oficial y del propio Mapa Etnolingüístico como herramienta para la toma de decisiones.

“Que la interculturalidad sea una temática indispensable en cualquier política de Estado, de cualquier nivel de gobierno, no es solo deseable sino indispensable para que los esfuerzos de quienes diseñan, ejecutan y monitorean el presupuesto público sea eficiente.”

Es así como, finalmente, se logran ver de forma concreta algunas acciones que permiten trasladar la noción a veces etérea de la interculturalidad a la práctica y el quehacer de la gestión pública, que tiene también sus demandas y que muchas veces son incompatibles con las de los pueblos indígenas, específicamente. Sin embargo, aún existen una serie de retos por superar y que cada vez exigen una atención más urgente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del año 2020, la condición de pobreza monetaria en la población con alguna lengua indígena asciende al 38.5% a nivel nacional, mientras que la de la población no indígena es del 27.8%. Si bien este análisis no considera los factores de multidimensionalidad de la pobreza, que tienen un impacto significativo para la población indígena, sí evidencia una de las muchas brechas que persisten debido a una adecuación equívoca de lo intercultural en las políticas nacionales.

Pensar que traducir un material de difusión a las cinco lenguas más habladas o utilizar palabras típicas de la zona en un spot sobre medidas de cuidado de la salud para que nos entiendan todos, es -por decir lo menos- la visión más simplista de la interculturalidad o la pertinencia cultural. La adecuación implica un análisis transversal de lo que se quiere comunicar y de lo que hay detrás, sea esta una política de salud, una medida económica en particular o una obra de infraestructura; sean medidas de cualquier nivel de gobierno y cualquier autoridad. No por ello habremos de posicionar la interculturalidad en una caja de deseos anhelados e imposibles de cumplir, aplicable solo para medidas de gran envergadura o gran presupuesto o que requieren de más tiempo para planificar.

Considerar la interculturalidad en la identificación, creación e implementación de un proyecto o plan de política pública no es un plus al trabajo ya desarrollado, sino un paso indispensable para considerar un diseño correcto, sea cual sea la temática y sea cual sea la región, provincia o distrito de implementación.

Bajo esta lógica, algunas de las oportunidades de mejora más urgentes en la gestión pública con y para los pueblos indígenas es la adaptación a las metodologías orientadas a resultados, el uso de cadenas de valor en cada proyecto que se implemente, y el orden en las prioridades, porque no es posible atender todas las demandas y con la misma estrategia. Pero, así como las demandas indígenas tendrían que virar a esta mirada formal de la gestión pública, ésta también tiene que incorporar y redireccionar sus esquemas y patrones. El esquema que más urge mejorar a todas luces es la administración de la inversión social –el presupuesto público– que ya es complejo incluso para proyectos que no vieron dentro de sus prioridades el factor intercultural.

Para ello es necesario tener en cuenta índices e indicadores que reflejen la realidad de la población indígena, diferenciando los contextos de la población amazónica de la andina, tales como número de pueblos y comunidades (términos que se suelen confundir entre sí y deben ser tratados de forma individual), porcentaje de población que tiene como lengua materna una lengua indígena y porcentaje de población que se autoidentifica indígena (otras dos variables que deben ser analizadas de forma independiente), número de lenguas indígenas (porque un alto porcentaje de hablantes no necesariamente refleja la diversidad de una población), número de traductores e intérpretes registrados en el ámbito de intervención o de las lenguas identificadas, tasa de desnutrición infantil, tasa de partos institucionales (que nos dan una idea del acceso de la población indígena a los servicios de salud, distinto de la cifra de población asegurada que es imprecisa respecto del acceso como tal), índice de deserción escolar (como indicador de priorización para implementar planes y proyectos de educación), número o porcentaje de población indígena que accede a becas del Estado y culmina sus carreras profesionales (como Beca18 o las becas específicas para comunidades nativas), entre otros.

Que la interculturalidad sea una temática indispensable en cualquier política de Estado, de cualquier nivel de gobierno, no es solo deseable sino indispensable para que los esfuerzos de quienes diseñan, ejecutan y monitorean el presupuesto público sea eficiente. No se cumplirá objetivos de largo plazo o de alto impacto en zonas donde afloran los conflictos y la ilegalidad, si se concibe la interculturalidad como algo accesorio o simplemente interesante para incluir a los otros. Muchas veces, en muchos territorios del Perú, en realidad los otros son la población no indígena, mientras que los indígenas son un nosotros constituido desde antes de la colonización.

(*) Politóloga y magister en Gestión de Inversión Social. Especialista en interculturalidad y gestión pública.

Deja un Comentario:

Nombres:

Correo electrónico:

Mensaje: