Escribe: Andrea Carrasco Gil [1]
A 15 días de iniciado el estado de emergencia nacional a raíz de la COVID-19, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), integrada por asociaciones de Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, San Martín, Piura y Lima, denunció ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la falta de información sobre la pandemia en sus comunidades y la no provisión de productos de prevención y cuidado por parte del estado. AMPAEF también denunció la escasez de productos de primera necesidad para su alimentación y subsistencia en el marco de distanciamiento social obligatorio, así como la exclusión y discriminación en la que se mantienen luego de más de 20 años desde que se pusiera en marcha el programa de esterilizaciones forzadas en el país, que marcó sus vidas para siempre.
Ante esa marginación, solicitaron la entrega del Bono de 380 soles para todas las víctimas de esterilización forzada, no solo las que se encuentran en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas-REVIESFO, sino también a aquellas personas incluidas en la denuncia fiscal vigente y en los propios registros de las organizaciones de víctimas. Asimismo, solicitan acceder a canastas de productos de primera necesidad, campañas informativas de prevención y cuidado frente a la pandemia, acceso a servicios de salud adecuados y la atención a situaciones de violencia de género y salud mental de las mujeres que fueron víctimas de unas graves violaciones a los derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas, y que siguen siendo afectadas por violencia de género, pobreza, discriminación, entre otras situaciones que se intersectan.
Ante la falta de respuesta del Estado, el 28 de mayo reiteraron su pedido ante ambos ministerios. Solo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondió e indicó que el pedido debía canalizarse al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de los subsidios monetarios entregados en el marco del estado de emergencia por la COVID-19.
Frente a ello, Melania Canales, Presidenta de ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Amazónicas y Andinas del Perú afirma que:
Las mujeres víctimas de esterilización forzada, la gran mayoría mujeres indígenas, han sido olvidadas en esta pandemia. Ellas lograron que en el año 2015 se cree un registro, el REVIESFO, mediante el cual se les debiera brindar atención prioritaria en salud; sin embargo, sabemos que muchas de ellas a pesar de tener síntomas de COVID no tienen atención alguna en salud, incluso dos hermanas han fallecido y otras se encuentran graves, y muchas de ellas ni siquiera conocen si pueden recibir los bonos del gobierno. El gobierno no solo les continúa negando una política integral de reparaciones, sino que ahora en plena pandemia no cumple con las obligaciones a las que se comprometió al crear el REVIESFO.
Los bonos universales, no han tenido nada de universales, no llegaron ni siquiera a las víctimas que están en situación tan vulnerables. Estos bonos deberían ser mensuales y llegar cuanto antes a las mujeres que realmente lo necesitan.
Hace un par de semanas, el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas- GREF llamó la atención sobre el grave estado de salud e incluso el fallecimiento de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas, la pobreza, el olvido y ahora por la COVID-19. Rosa Agustina Tapullima, mujer indígena de El Dorado, San Martín, murió en mayo de este año a causa del virus sin haber recibido ningún bono del gobierno y sin haber obtenido justicia y reparación tras haber sido esterilizada contra su voluntad hace más de 20 años.
En sus cartas, las mujeres de AMPAEF señalan que su pedido de atención y acceso a bonos no debería sustituir la Política Integral de Reparaciones que vienen demandando por largo tiempo. En ese sentido, realizan una distinción importante entre las reparaciones administrativas que deben recibir por haber sido afectadas por la política sistemática de esterilizaciones forzadas, la cual también constituye un delito de lesa humanidad, y los programas sociales a los que deben acceder por encontrarse en situación de pobreza.
«El Estado peruano debió y debe adoptar medidas integrales, que no homogenice injustificadamente la situación de todos y todas las peruanas, y que permita tomar en consideración el impacto diferenciado que la pandemia causa.»
Esta combinación de afectaciones debe ser entendida de manera complementaria a fin de tener una comprensión real de la complejidad de la situación en la que se encuentran. Esto debe llevar a pensar en la urgencia de implementar reparaciones transformadoras que les otorguen la condición de ciudadanas con la posibilidad de ejercer sus derechos en equidad y justicia social, y también -y más importante debido al contexto- debe conducir a brindarles finalmente algún tipo de apoyo, cualquiera sea el nombre o naturaleza que tenga.
Es claro que existe una relación entre la violación de derechos humanos de las que fueron víctimas durante el gobierno de Alberto Fujimori y su situación actual de vulnerabilidad, pobreza, de no inserción en la sociedad.
Podría decirse que la COVID 19 afecta a todas las personas por igual, pero eso no es exacto. Podría decirse que afecta derechos humanos como el derecho a la vida y la salud, que no tienen relación directa con violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante regímenes no democráticos, por lo que la prioridad no es la atención de las personas víctimas de dichas violaciones. Sin embargo, el Estado peruano debió y debe adoptar medidas integrales, que no homogenice injustificadamente la situación de todos y todas las peruanas, y que permita tomar en consideración el impacto diferenciado que la pandemia causa, sobre todo en personas sobre las cuales recaen distintas afectaciones que se intersectan, tales como la pobreza, la desinformación, la afectación a la salud y proyecto de vida tanto a nivel personal como familiar, la violencia basada en el género y la discriminación.
El pedido de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas no solo es justo y necesario; también es urgente, pues se trata de un asunto que involucra el derecho a la vida y a la salud de miles de personas cuya vida y salud ya habían sido perjudicadas. Muchas de ellas temen morir de hambre antes que a causa del virus. Muchas de ellas temen ser, una vez más, víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres. Muchas de ellas temen seguir viviendo en el olvido.
