Escribe: Paola Velarde Cáceres (*)
La noche del domingo 7 de febrero arribaron al país 300 mil vacunas de laboratorio Sinopharm y se espera que a finales de esta semana se complete el lote de un millón de vacunas que se había anunciado a inicios de este año. Sin embargo, tomando en cuenta los cambios de fecha previos y otras acciones relacionadas con la emergencia sanitaria, en la población aún existe una imagen negativa respecto del gobierno de transición durante esta segunda ola, debido a la poca credibilidad que transmite al momento de establecer las distintas medidas para hacer frente al coronavirus. Según una encuesta del IEP[1], la gestión de Francisco Sagasti tiene un 67% de desaprobación y solo un 9% considera que el gobierno viene manejando muy bien o bien la crisis sanitaria.
Existe cierto consenso en que uno de los factores principales de esta situación es un problema de comunicación por parte del gobierno. Son ejemplo de ello las desorganizadas conferencias de prensa y declaraciones del presidente, que en repetidas ocasiones confundían a la población en lugar de informarla.
De otro lado, un efecto indirecto, que, sin embargo, no deja de tener graves consecuencias, es que no se ha podido contrarrestar la gran ola de desinformación presente desde la primera cuarentena inclusive, la cual parece canalizarse en un movimiento antivacunas a nivel local (algo que ya se había visto desde años anteriores en la zona del hemisferio norte[2]).
De esa manera, desde que se puso en la agenda pública la necesidad de importar vacunas y las negociaciones con distintos laboratorios a finales del año pasado (sin omitir la relevancia de la crisis política de noviembre), se omitió la importancia de una comunicación efectiva que combata las teorías conspirativas y aquellos prejuicios que se han suscitado recientemente ante el hecho de que sea una vacuna proveniente de China la primera en aplicarse en el país. Aunque cabe reconocer también que este es un fenómeno mundial que excede a las capacidades de un solo gobierno.
«Resulta bastante perjudicial que candidatos y candidatas fomenten la desinformación con datos falsos e inexactos sobre las vacunas o, igual o más grave aún, incentiven la automedicación»
El resultado de todo esto es inquietante. La encuesta realizada por IPSOS el mes pasado muestra un escenario preocupante en cuanto a la confianza de la población hacia a las vacunas: un 48% de los encuestados refirieron que no se vacunarían, cifra mucho mayor en comparación con agosto de 2020 (22%)[3]. Y de manera más específica, un estudio del IEP[4] muestra que un 55% de las personas encuestadas no confían o confían poco en la vacuna de Sinopharm. Al mismo tiempo, la incertidumbre colectiva en cuanto a la llegada de más vacunas está siendo aprovechada por parte de algunos representantes, autoridades y personajes políticos que, en busca de aumentar su popularidad, han mostrado intenciones de realizar al margen del Ejecutivo sus propias gestiones para poder conseguir vacunas, aun cuando el mismo Ministerio de Salud advierte que los laboratorios solo negocian con los gobiernos nacionales.
Aún más grave, en contextos de competencia como lo es una campaña para las elecciones presidenciales y congresales de abril próximo, resulta bastante perjudicial que candidatos y candidatas fomenten la desinformación con datos falsos e inexactos sobre las vacunas o, igual o más grave aún, incentiven la automedicación y el uso indiscriminado de sustancias como la ivermectina o la hidroxicloroquina, sin tomar en cuenta el sistema de salud colapsado por la segunda ola de contagios.
Al ser la salud uno de los principales ejes de discusión entre las y los candidatos, por un lado, es necesario que el Ejecutivo emprenda una campaña informativa sobre la vacuna y la importancia de continuar con las medidas sanitarias complementarias; asimismo, debe explicarse de forma clara el significado del porcentaje de eficiencia que varía entre las distintas vacunas y la mayor importancia que se le debería dar al concepto de efectividad[5], de tal manera que se pueda incentivar a un mayor compromiso de la población para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y los protocolos de bioseguridad. En esa línea, si bien urge una posición clara del Ejecutivo en cuanto a este tema, desde la ciudadanía también se puede luchar contra la desinformación y presencia de las fake news en el país. Sin quitar responsabilidad a grupos y personas que priorizan sus intereses personales y persiguen objetivos poco democráticos, en un contexto en el que diariamente surgen nuevas noticias sobre los avances de estudios científicos y la dinámica geopolítica en relación a la vacuna[6], sería erróneo asumir que las personas que creen las fake news necesariamente buscan ser desinformadas. Aspectos como la brecha generacional, el acceso a internet e incluso el conocimiento de otro idioma pueden limitar o favorecer la búsqueda y acceso a información actualizada y veraz.
En ese sentido, en escenarios adversos y complicados como el presente, la ciudadanía debe asumir, de manera responsable, un rol en contra de la campaña de desinformación que gira en torno a las vacunas, con énfasis entre los que tenemos las herramientas y posibilidades de acceder a información confiable. Sin dejar de lado una actitud vigilante hacia el accionar del Ejecutivo, el éxito de las medidas que implementen para disminuir los efectos de la pandemia, incluyendo una futura campaña de vacunación, depende de la confianza que tiene la ciudadanía en sus instituciones y autoridades. Ser vigilantes y legitimar nuestras instituciones, en contextos tan difíciles como el que estamos atravesando, deberían ir de la mano, y ahora también, con la esperanza que nos trajo la llegada de las primeras vacunas.
