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10 de mayo de 2022

Escribe: Pablo Quintanilla (*)

La Sunedu se ha convertido en un jugoso botín político y económico, lo que la tiene en estado agonizante. La palabra “agonía”, sin embargo, no alude al proceso de abandonar la vida sino a cualquier lucha en la que lo más importante está en juego.

Pero entender su estado nos obliga a hacer algo de historia. En el año 1996, durante la dictadura de Alberto Fujimori, el Congreso aprobó el decreto legislativo 882 que facilitaba la creación de nuevas universidades, prácticamente sin restricción ni supervisión alguna, con el pretexto de que la oferta educativa llegara a más personas a nivel nacional. Ese decreto no previó, empero, que se crearían instituciones sin mínimos niveles de calidad pues asumió, en una lógica neoliberal, que el mercado las regularía, algo que nunca ocurrió. En la práctica, aquella ley tuvo como efecto el que ciertos grupos empresariales descubrieran dos cosas: (i) El mejor negocio del mundo es una mala universidad; mientras que el peor, una buena. (ii) Al amparo de la autonomía universitaria, algunos grupos acostumbrados a hacer negocios oscuros crearían universidades para enmascarar sus actividades delictivas. Ciertamente el país necesita muchas más universidades, pero si no tienen estándares mínimos de calidad, agudizan los problemas en vez de resolverlos.

Aparecieron algunas instituciones con auténtico interés en fomentar la vida educativa y académica del Perú, pero la mayor parte de las fundadas en esos años tuvieron como objetivo el lucro. De esta manera, dando una pésima educación y cobrando mucho más de lo que ella valía, estafaron a cientos de miles de jóvenes peruanos y a sus familias, haciéndoles creer que habían obtenido una formación que jamás alcanzaron. Esas universidades introdujeron en el país miles de licenciados que no estaban capacitados para ejercer su profesión, convirtiéndose en peligros públicos para la sociedad.

Adicionalmente, muchos de los grupos que se enriquecieron con aquellas falsas universidades eran auténticas mafias que descubrieron que podían ingresar a la vida institucional del país disfrazadas de partidos políticos, no solo para proteger sus intereses económicos sino también para influir en las decisiones nacionales con objetivos rastreros. Así, pues, las consecuencias de la Ley 882 fueron catastróficas, en varios niveles, para la sociedad peruana en su conjunto.

Ante este panorama, durante el gobierno de Ollanta Humala, en 2014, se promulgó la Ley Universitaria N° 30220, creándose la Sunedu. Este órgano nació para supervisar la calidad del sistema universitario nacional, estableciendo exigencias mínimas para que las universidades pudieran tener licencia de funcionamiento. Aquella ley no es perfecta, aunque sí perfectible. La Sunedu tuvo algunos problemas, pero se desempeñó apropiadamente en su tarea de exigir niveles de calidad aceptables para que las universidades pudieran operar. La consecuencia fue que muchas universidades, que realmente eran solo máscaras de mafias económicas asociadas a partidos políticos, perdieran el licenciamiento.

«Si las mafias logran su propósito, tendremos a un país capturado y a un presidente que terminó aliándose con aquellas por temor a una vacancia que, ante su debilidad, igual terminaría produciéndose».

Aquellos grupos de poder, enquistados en el Congreso, se aplicaron a desmontar a la Sunedu para que sus negocios informales pudieran seguir operando. El 4 de mayo de este año, esos grupos establecieron alianzas con la mayoría de partidos políticos y forzaron una modificación a la Ley Universitaria para debilitar a la Sunedu y permitir que las universidades que deben ser supervisadas tengan el control de esta. En el extremo del conflicto de intereses, algunos congresistas dueños de universidades no licenciadas votaron en contra de la Sunedu. Si el proceso se consuma, la Sunedu se convertirá en un nuevo instrumento de poder de aquellas mafias, cuyo objetivo es lucrar y controlar la vida política del país.

Dos días después, modificando todo el escenario político, el presidente Castillo anunció que observará la ley. Durante todo su gobierno, Castillo ha actuado movido por el temor a la vacancia, pero en esta ocasión ha mostrado claridad de principios éticos o, por lo menos, buenos reflejos políticos. Si el Congreso llegara a vacarlo, casi con certeza la población presionaría para convocar a elecciones generales, pues el Congreso está aún más desprestigiado que el presidente. Por ello, lo más probable es que las mafias enquistadas en el legislativo no se atrevan a dar ese paso ante el temor a perder el poder que han obtenido. Por otra parte, enfrentarse al Congreso en defensa de la universidad peruana podría reportar al presidente réditos políticos inesperados, poniéndolo en ventaja frente a un Congreso que es visto por la ciudadanía como un mercado de negocios turbios.

Aún es temprano, no obstante, para saber cuál será el destino de la Sunedu. Si las mafias logran su propósito, tendremos a un país capturado y a un presidente que terminó aliándose con aquellas por temor a una vacancia que, ante su debilidad, igual terminaría produciéndose. Si Castillo logra doblegar al Congreso es posible que salga fortalecido, en poder e imagen. Aunque es improbable, es todavía posible que esa decisión presidencial marque el inicio de un cambio en el estilo de gobierno: más decidido y valiente, menos obsesionado por cálculos políticos de corto plazo y más concernido con principios éticos.

A estas alturas Castillo no tiene nada que perder. En el escenario de un adelanto de elecciones, por lo menos pasaría a la historia como un presidente que –aunque poco eficiente– no se dejó someter por las peores mafias que nuestro país ha visto en su vida política, ciertamente durante los tiempos actuales, pero tal vez incluso en toda nuestra historia republicana.

(*)  Profesor principal de filosofía en la PUCP.