Fuente: Alexandre Dulaunoy
Por Jacqueline Fowks (*)
Desde que empezaron las manifestaciones en regiones y en Lima para pedir el pronto adelanto de elecciones generales y la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia, la coalición conservadora que asumió el poder el 7 de diciembre ha desplegado una operación de desinformación para estigmatizar y discriminar a los ciudadanos que protestan, en simultáneo con la desproporcionada violencia de la fuerza pública que ha causado la muerte de 48 civiles por disparos de la Policía Nacional y del Ejército, y alrededor de 1.250 heridos. La mala noticia para el Perú es que aunque los contenidos desinformadores no tienen sustento y se desbaratan fácilmente, un sector de líderes de opinión y de la población los da por ciertos y los usa para defender su posición.
La guerra mediática de desinformación que protagonizan la clase política y los medios que respaldan al gobierno sirve para justificar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden, las detenciones arbitrarias, los operativos sin debido proceso -como la ilegal intervención policial en la Universidad Nacional de San Marcos- y el exceso de la fuerza durante manifestaciones pacíficas, como ha ocurrido el 9 de febrero en Juliaca nuevamente, pero ocurre cotidianamente desde diciembre en cada lugar donde hay paros o manifestaciones. El jueves, cuando miles de personas recorrían los alrededores del aeropuerto de Juliaca -en memoria de las víctimas de la masacre del 9 de enero perpetrada en esos espacios- la policía volvió a disparar pese a que nadie los confrontaba. 23 personas quedaron heridas, entre ellos un niño de 11 años.
El gobierno, sus aliados políticos y mediáticos, y miembros de la policía y del Ejército señalan desde diciembre que quienes protestan están financiados por negocios ilegales o están azuzados o que son “terroristas y violentistas” que quieren tomar el poder. También mencionan una supuesta injerencia extranjera y balas bolivianas en las protestas. Sin embargo, la canciller ha dicho al diario New York Times que no tienen ninguna prueba de ello. El internacionalista Farid Kahhat ha explicado que la única incautación de munición boliviana fue en 2020 en Cochabamba, a 500 km. de la frontera con el Perú. El funcionario boliviano de Interior de entonces dijo que quizá estaba destinada al Chaparé, la zona productora de coca en Bolivia. Y era calibre 22. Nada de balas “dum dum”, como repetía hasta esta semana un periodista de Radioprogramas.
Los grandes medios, la coalición gubernamental, policías y fiscales afirman que una organización criminal está detrás de las protestas. No conocen -o no quieren aceptarlo- que, en asambleas comunales en Puno, Cusco o -asambleas gremiales en otras regiones- han decidido exigir su derecho a elegir a otro gobierno, debido a que Boluarte se plegó a los intereses de quienes perdieron las elecciones en junio de 2021. Cientos de vídeos dan cuenta de las colectas solidarias para que decenas de miles de personas se transporten a las capitales de regiones o a Lima a manifestarse. También los medios locales y comunicadores independientes documentan las ollas comunes que alimentan a los manifestantes, y muchos reciben alimentos donados por ciudadanos en las calles y carreteras cuando están en ruta para ejercer su derecho a la protesta fuera de su lugar de residencia.
Boluarte repite que el sector que pide el adelanto de comicios y su dimisión es mínimo, pero todas las encuestadoras la rebaten. El Instituto de Estudios Peruanos señala que un 74% está de acuerdo con su renuncia y un 73% con prontas elecciones. Para Datum, el 71% quiere su dimisión y el cierre del Congreso. Según Ipsos, un 71% desaprueba su gestión; mientras que en una encuesta de febrero de CPI, el 63% pide su renuncia.
La desinformación no abarca solo la repetición de una falsedad. También la omisión de contenidos. Los grandes medios de comunicación no suelen presentar las primeras horas de manifestaciones pacíficas, ni las detenciones arbitrarias ni los golpes a manifestantes y a fotorreporteros y periodistas. La policía apalea en el cuerpo, dispara con perdigón o malogra teléfonos y cámaras de quienes documentan o transmiten en vivo el patrón de violencia que se repite en las protestas. Dicho patrón consiste en el lanzamiento de gas lacrimógeno a poca distancia o al cuerpo de las personas -sean manifestantes o transeúntes o vendedores ambulantes-, golpes a los ciudadanos por el solo hecho de manifestarse, sembrado de objetos sospechosos a las personas detenidas arbitrariamente, e incautación de materiales de protección como máscaras antigás, que sirven especialmente a los brigadistas voluntarios de primeros auxilios y a desactivadores de granadas de gas lacrimógeno. Y también hay infiltrados violentos en las protestas, coordinados en algunas ocasiones con la policía.
(*) Periodista, profesora asociada PUCP y corresponsal en el Perú de Reporteros sin Fronteras.
