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26 de abril de 2022

Foto: Reuters

Por Andrea Carrasco Gil[1]

Existe una arenga feminista que reza “no son monstruos, son hijos sanos del patriarcado” al referirse a los perpetradores de violencia machista. Esto con la finalidad de alejarnos de la afirmación casi generalizada que existe respecto a la condición no humana de los violadores y feminicidas. Un grueso de activistas feministas ha señalado los riesgos de llamar monstruos a los agresores de género, pues se postula que el problema subyace a los individuos y radica en la estructura del sistema patriarcal en el que estamos inmersos.

En los últimos días, hemos sido testigos de un caso de violación sexual de una niña de apenas tres años en Chiclayo. La respuesta social y mediática no se hizo esperar. Se realizaron distintas movilizaciones a nivel nacional exigiendo justicia para la niña y su familia, así como los titulares de la prensa se ocuparon casi en su totalidad del caso. En este vaivén de información, el perpetrador ha sido calificado de “monstruo” y “enfermo”, incluso por la propia familia de la víctima.

Frente a ello, con el fin de esbozar más preguntas y debate que certezas, quisiera presentar algunos de los problemas que supone denominar deshumanizar a los agresores sexuales al denominarlos “monstruos” y “enfermos”, desde la perspectiva de lo social y político, y en el marco de la búsqueda de justicia.

De ningún modo mi planteamiento académico- como feminista y abogada- trata de deslegitimar la rabia y dolor de la familia de la víctima al llamarlo “monstruo” y al exigir las sanciones más severas contra el agresor, más allá de todo raciocinio legal. Decirles a las víctimas que el problema es el sistema patriarcal, tras usar una serie de conceptos creados desde la academia para pensar en sus causas, y no atender a sus demandas inmediatas y necesarias, no es una bandera que enarbola el feminismo.

No obstante, resulta necesario hacer esta precisión, como herramienta más política que académica, para que el problema sea solucionado a nivel individual y colectivo desde las esferas del poder y lo jurídico.

¿Cuáles son los problemas de llamar monstruos o enfermos a los agresores?

  1. Se estaría incentivando a que otros agresores imiten el delito mediatizado.

Rita Segato, antropóloga y activista feminista, ha señalado en más de una ocasión que al dar difusión mediática, de manera exacerbada, a una noticia sobre violencia sexual, e incluso al llamar “monstruo” al violador, se genera la reproducción de la violencia, la imitación del acto por otros hombres consumidores de esta información. El espectáculo o, incluso, glamorización de la noticia sobre violencia sexual serviría como aliciente para que más hombres cometan actos de la misma naturaleza.

En ese sentido, el espectáculo y mediatización de las violaciones sexuales envía una mensaje de potencia a los hombres[2]. Es decir, sería una forma de reafirmar o incluso potenciar esa masculinidad que necesita exhibirse a través de actos violentos como los de connotación sexual.

Asimismo, podríamos preguntarnos si es que la impunidad que existe en nuestro sistema de justicia que beneficia a los agresores sexuales también serviría como incentivo para que más hombres cometan estos actos pues se saben “intocables” frente a un sistema que es esquivo a los reclamos de las víctimas. Tanto la imitación del monstruo que despliega toda su crueldad al agredir y violentar a mujeres como el despotismo en el sistema de justicia que ampara a los victimarios son peligros a los que estas se enfrentan.

  1. Reduce el problema a la salud mental y lo individual cuando sobre todo es un problema colectivo, social y político.

Reducir el problema de la violencia sexual a la salud mental de los perpetradores es una aproximación bastante limitada del asunto. La violencia sexual es un problema generalizado de grande escala, de naturaleza política y cultural. Y las cifras no pueden engañarnos: de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en adelante, MIMP), más de 21 mil niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) han sido víctimas de violación sexual entre los años 2018 a 2022, generando un promedio de 15 NNA agredidos sexualmente por día[3].

Asimismo, según el Portal Estadístico del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora) del MIMP, 22 456 casos de violencia sexual fueron atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional en el periodo de enero a diciembre de 2021, siendo que el 94.5% de las víctimas son mujeres y el 69.6% de las víctimas agredidas se encuentra entre los 0 a 17 años[4].  Así también, de acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en sus cifras sobre población penitenciaria, hacia diciembre del 2021, hay 4,087 reclusos procesados y sentenciados por violación sexual; 10,074 por violación sexual de menor de edad; 700 por violación sexual de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, resultando en un total de 14, 861 casos de violación sexual, representando el 17% del total de población penitenciaria[5].

El problema es entonces de gran alcance, sin duda alguna. Es un problema colectivo y generalizado, no se trata de la salud mental de cada individuo de manera aislada. Si quisiéramos pensar las agresiones sexuales desde la salud mental podríamos empezar por cuestionar la poca o nula atención del Estado a la salud mental de hombres y mujeres en nuestro país y como este problema serviría para seguir manteniendo un sistema de violencia machista.

  1. Abona a la impunidad: los “monstruos” son inimputables por lo que no podrían ser responsables penalmente.

Desde el Derecho, calificar a un agresor como “monstruo” o “enfermo” implica restarle la conciencia que los hace cometer delitos que contravienen el pacto de convivencia social que existe y las normas legales de obligatorio cumplimiento para todos. Esto pues, no podría tener responsabilidad penal un ser al que se le ha despojado de su naturaleza humana y capacidad de tomar decisiones.

El artículo 20 del Código Penal Peruano presenta los supuestos en los cuales una persona está exenta de responsabilidad penal, siendo inimputable-entre otros supuestos- el que padece de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de realidad[6].

Esto nos muestra el peligro de calificar a un violador como alguien que no era consciente del delito que cometió pues le quita culpabilidad o capacidad penal para responder por los hechos, sin que pueda recibir una sentencia, ni la sanción penal que tanto las víctimas como la sociedad en conjunto demandan frente a casos de violencia sexual. El peligro de reproducir este calificativo a nivel mediático puede extrapolarse al ámbito judicial, y podemos encontrarnos ante operadores de justicia que decidan darles este tratamiento a los agresores, alimentando la impunidad.

  1. Avala las propuestas de impartir justicia a través de medidas populistas y aleja al Derecho de su derecho humanización.

Mucho hemos escuchado sobre reconsiderar la pena de muerte para los violadores de niños, niñas y adolescentes, así como la propuesta de la castración química para los agresores. Estas medidas populistas lejos de atacar las raíces del problema, solo alientan a quitarle la mirada desde los Derechos Humanos a la justicia y a las políticas del Estado para erradicar la violencia sexual y otras manifestaciones de la violencia de género.

En los últimos años se ha dado un gran avance para derecho humanizar al Estado, sobre todo al encontrarnos en una sociedad post conflicto que ha buscado superar la crueldad y violencia, el trato inhumano contra los otros, lo que ha permitido una mejor protección de las víctimas de todo tipo de violencia y la concepción de que todas las personas, sin excepción, son sujetos de derecho. Sin embargo, las exigencias de implementar pena de muerte y otras medidas cruentas y deshumanizantes, nos alejan de esta evolución, de ver el problema de manera holística, y, sobre todo, de atacar las causas sin detenernos en soluciones líquidas.

En ese sentido, dado que el Derecho ha cambiado para darle paso a estándares de protección para las víctimas de violencia sexual, es importante que el sistema de justicia y todos los niveles del Estado también adopten esta nueva mirada.

Reflexiones finales:

Quedan cortas estas líneas para problematizar el tratamiento jurídico y mediático que ha tenido el caso, el cual presenta muchas fallas que perjudican un mejor abordaje de la situación con la finalidad de obtener mejores soluciones, a nivel individual y colectivo. Resulta irreal pretender e incluso pensar en exigirle a las víctimas y a sus familias que aborden de mejor manera la situación para que el Estado y la sociedad se responsabilicen por la violencia machista, y garanticen la justicia y reparación adecuada.

El problema no nace en ellas, pero se reproduce ahí, y en todas las pantallas a través de las cuales vemos estas noticias y cada vez que llamamos “monstruo” a un agresor sexual. La solución empieza por determinar el papel de cada uno de los actores de esta puesta en escena y dejar de mirar a un costado cuando se hable de violencia machista pues ésta nos atraviesa. La solución debe tener una mirada colectiva y política, alejada de lo meramente individual y la moral.

Para ello, es importante dejar de entender a los delitos contra la libertad sexual como hechos aislados, como un asunto de individuos con enfermedades mentales, sin noción de la realidad. Claro está que echarles la culpa a seres fantásticos es más fácil que asumir la propia responsabilidad que como sociedad tenemos. Pero es importante, y sano, enfrentarnos a nuestra propia “monstruosidad”, desmenuzarla y hacernos cargo de manera conjunta, pues no es un tema que solo nos compete a las mujeres.


[1] Abogada y maestranda en Derecho con mención en política jurisdiccional por la PUCP. Estudiante de la Especialización en Migración y Asilo desde una Perspectiva de Derechos Humanos en la Universidad de Lanús, Argentina. Actualmente se desempeña como Abogada de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.

[2] El País. Entrevista a la antropóloga Rita Segato “El problema de la violencia sexual es político, no moral” (18 de diciembre de 2018). En: https://www.pagina12.com.ar/162518-el-problema-de-la-violencia-sexual-es-politico-no-moral

[4] Portal Estadístico del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora). En: https://portalestadistico.aurora.gob.pe/formas-de-la-violencia-2021/

[5] Sistema de Información de Estadísticas Penitencias. En: https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html

[6] Artículo 20 del Código Penal Peruano.