Fuente: Wambra.
Por Valeria Reyes (*)
El alcance del concepto “soberanía” es uno que constantemente se trastoca cuando corresponde que el Estado rinda cuentas por sus acciones. En reiteradas oportunidades distintas autoridades han apelado de manera imprecisa a esta noción para sostener el argumento de que hay algunos asuntos que solo corresponde sean tratados al “interior de casa”, y que todo intento de interpelar al Estado peruano constituye, más bien, un acto intervencionista. Sin embargo, es cuando menos “distraído” esperar que en un mundo globalizado y de constante diálogo, la comunidad internacional no tenga posibilidad de reaccionar ante indicios que sugieran que en un país se cometen violaciones a los derechos humanos y/o se resquebrajan las instituciones del estado de derecho.
En la medida en que el Perú forma parte de una sociedad internacional, la actual situación de crisis que enfrentamos internamente no podía ser inobservada por otros pares. Si bien el Derecho Internacional está estructurado de manera tal que permite la activación de mecanismos jurisdiccionales y quasi-jurisdiccionales para la investigación y sanción de vulneraciones a los derechos humanos, existen también otras alternativas de naturaleza no procesal por las cuales los Estados pueden poner los reflectores sobre situaciones de emergencia que demandan de reacciones inmediatas.
Precisamente en los últimos días de enero, el Perú tuvo que participar de al menos tres espacios multilaterales en los que otros Estados de la región de América Latina y del mundo tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre la crisis y demandar acciones urgentes o proponer recomendaciones. El 24 de enero, la canciller Ana Gervasi intervino en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Buenos Aires, y que congregó a representantes de 33 naciones. Al día siguiente, la partida fue doble. El 25 de enero, la presidenta Dina Boluarte se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA, órgano integrado por representantes permanentes de los 35 Estados que pertenecen a dicha organización. En paralelo, ese mismo día, otros representantes del Ejecutivo, como el Ministro de Justicia, José Tello Alfaro, y el representante permanente del Perú ante la ONU en Ginebra, Juan Luis Chuquihuara, participaron como miembros de la delegación peruana en la sesión plenaria del 4º ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Presentar el detalle de las intervenciones de nuestras autoridades en cada uno de los espacios señalados superaría el propósito de esta breve nota. Sin embargo, lo que sí se puede destacar son las narrativas que de modo transversal han delineado tales participaciones. En líneas generales, el Estado peruano ha señalado a sus pares: (i) que en el marco de las protestas se han desatado acciones delictivas que socavan la convivencia pacífica, (ii) que el gobierno no ha autorizado la represión violenta de quienes ejercen su derecho a la protesta; (iii) que las autoridades tienen un compromiso con el restablecimiento del orden; y (iv) que cualquier vulneración o exceso será investigado por la Fiscalía para la determinación de responsabilidades y sanciones conforme a ley. De modo particular, Boluarte manifestó al Consejo Permanente de la OEA su compromiso con el adelanto de elecciones generales.
A diferencia del modo solitario en que el gobierno difunde las mismas premisas en sede interna, los espacios multilaterales tienen la enorme ventaja de permitir el intercambio de ideas y, en consecuencia, la interpelación. Puesto de otro modo, lo que diga el Estado dará pie a otros comentarios, preguntas y/o reacciones de seguimiento, de manera que corresponde a sus representantes estar en condición de sustentar sus afirmaciones, asumir compromisos concretos de mejora y aceptar posibilidades de monitoreo de tales compromisos.
Por ejemplo, durante la Cumbre CELAC, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, intervino ante el plenario para sostener que el Perú venía enfrentando niveles inaceptables de violencia durante el último mes, lo que se reflejaban en el hecho de que “personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas”. El Consejo Permanente de la OEA, por su parte, emitió una resolución tras escuchar a Dina Boluarte, en la que expresó su preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y las violaciones de espacios académicos; exigió que la respuesta del Estado ante la crisis se guíe por los estándares de necesidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad; solicitó la adopción de medidas efectivas para la rendición de cuentas; y llamó a las autoridades peruanas a asegurar la gobernabilidad mediante la pronta realización de elecciones generales con observación electoral internacional.
En el marco del EPU, plataforma de naturaleza universal, 29 Estados tomaron la palabra para plantear recomendaciones al Estado peruano orientadas a la protección de los derechos de las personas y el destrabe de la crisis. Entre otras cosas, los Estados insistieron en la importancia de impulsar un diálogo nacional inclusivo y respetuoso para alcanzar consensos entre actores; exhortaron a adoptar medidas para evitar el uso desproporcionado de la fuerza y favorecer la investigación de las denuncias formuladas en ese sentido; recomendaron tomar acciones para proteger la libertad de expresión y resguardar a periodistas; e instaron, de manera general, a prevenir por todos los medios las violaciones a derechos humanos en el marco de las manifestaciones.
Aunque las recomendaciones que pueden surgir de los espacios multilaterales no solucionan de manera mágica una situación que es compleja en todos los sentidos posibles, su valor debe de todas maneras destacarse. En primer lugar, estos espacios permiten mantener la atención de la comunidad internacional en la situación que se desencadena en el Perú, haciendo notar al Estado que no tiene carta blanca para que sus acciones no traigan consecuencias. En segundo lugar, permiten alcanzar respuestas inmediatas frente a una crisis que se agudiza prontamente, lo que resulta ventajoso si se le compara con los límites – en términos de acceso y tiempo – que se presentan al buscar una sentencia o decisión de un órgano internacional de protección de derechos humanos. Finalmente, estas plataformas favorecen el diálogo y el compartir otras experiencias y/o buenas prácticas que pueden servir de orientación en un contexto tan desafiante.
(*) Abogada por la PUCP y máster en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. La autora agradece de modo especial a Daniela Pulido por la sistematización de las intervenciones del Estado peruano en los espacios multilaterales descritos en esta nota.
