Escribe: Bruce Barnaby (*)
El difícil contexto que hemos tenido durante este año 2020 nos ha permitido observar de una manera trágicamente clara la gran precariedad de los servicios públicos, de las condiciones laborales, de los mecanismos de diálogo y coordinación con las comunidades indígenas y de la cooperación con las entidades privadas frente a situaciones de emergencia, entre muchos otros asuntos de política pública, que deberán ser mejor atendidos si queremos tener un país moderno y justo. Sin embargo, también nos ha enseñado que nada de esto es posible si no se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas de nuestros poderes del Estado y de las decisiones políticas que adoptan.
Desde hace algunos años, gracias a los escándalos mediáticos y judiciales sobre temas de corrupción, la Fiscalía y el Poder Judicial se han convertido en los principales contrapesos a los partidos políticos, al sector privado, y a los otros poderes del Estado. La lucha contra la corrupción ha dado avances muy importantes en nuestro país, pero también ha aportado a la judicialización de la política, y ésta, a su vez, ha fortalecido la lucha imaginaria entre buenos y malos, corruptos y no corruptos, o, como vemos en el actual congreso, corruptos menos mediáticos contra corruptos más mediáticos.
De esa manera, mientras los interlocutores se descalifican entre sí de manera antojadiza usando el discurso de la corrupción, y los tantos procesos judiciales abiertos por ello, la distancia entre los llamados a representar y aquellas personas que deben ser representadas se vuelve cada vez más grande.
Sin embargo, el uso de descalificativos para eludir el diálogo político no es nuevo en el Perú. Al menos en los últimos 20 años, el debate político ha estado marcado por expresiones como terrorista, caviar, derecha bruta y achorada, población manipulada, mafiosos o tantos otros. Sin entrar a discutir sobre el contenido o pertinencia de cada una de estas categorías, tenemos que ser conscientes que estas tienen connotaciones muy negativas y evitan consensos o acercamientos.
«Las manifestaciones masivas ocurridas en noviembre de este año han dado algunas luces sobre las posibilidades que se tiene cuando incrementa la atención ciudadana y esta se convierte en propuestas claras, directas y mediáticas.»
Asimismo, el desinterés en la política tampoco es un fenómeno nuevo en el imaginario social. Según el latinobarómetro[1], la confianza hacia el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no ha pasado del 35% y el 20%[2] respectivamente, desde el 2002 hasta el 2018. Asimismo, según la última encuesta del IEP[3], el nivel de insatisfacción con la democracia en el Perú está alrededor del 81%[4], y el interés por la política no supera el 60%[5].
Frente a ello, las manifestaciones masivas ocurridas en noviembre de este año han dado algunas luces sobre las posibilidades que se tiene cuando incrementa la atención ciudadana y esta se convierte en propuestas claras, directas y mediáticas. La movilización social no es nueva en nuestro país como lo evidencian las cifras de conflictos sociales que han existido en el Perú en los últimos 15 años. Pero la solidaridad entre actores de las distintas regiones y de distintos espacios sociales, la cobertura sin estigmatización de parte de los medios de comunicación de señal abierta, y el rol de los políticos de turno para canalizar los pedidos y convertirlos en propuestas dentro de los espacios de decisión, son una combinación novedosa que ha demostrado ser efectiva.
En ese sentido, las elecciones generales del siguiente año constituyen una oportunidad. Nos toca como ciudadanía elegir entre lo que los diferentes partidos políticos nos ofrecen, y sólo un voto responsable, consciente y atento nos permitirá mejorar los canales de rendición de cuentas de nuestros políticos, y no sólo sobre los delitos que puedan o hayan cometido, sino sobre las decisiones que nos atañan.
Es hora de pensar que este 2020 no ha sido solo un año que nos ha mostrado lo peor de nuestras instituciones, sino que es una oportunidad de pensar en lo que sí queremos como país. Por ello, es una chance de buscar partidos que sean responsables con los y las candidatas que colocan, que eviten discursos de odio o de descalificación generalizante, que prioricen el fortalecimiento de los servicios públicos a través de mecanismos de coordinación y diálogo, y que estén realmente interesados en fortalecer la autonomía y pertinencia de los mecanismos de control judicial.
