Escribe: Ana María Vidal, abogada experta en derechos humanos
Las medidas de emergencia que está tomando nuestro gobierno frente al avance del Covid19 son necesarias. Sin embargo, lo grave aún está por venir.
Este shock global nos puede golpear muy fuerte porque nuestro sistema de salud es demasiado precario. Debido a la corrupción, a la pobreza, a la discriminación que aún se perpetra contra miles de personas, a la informalidad y a muchos factores más, el derecho a la salud (artículo 7° de la Constitución Política) en el Perú para miles de personas es aún inalcanzable. Por eso es necesario tomar todas las previsiones posibles, porque nuestro sistema ni siquiera se da abasto para la situación actual, pero cuando se desate la pandemia el número de personas que necesitará camas y respiración asistida podrá hacerlo colapsar.
Cuando termine esta situación tendremos que evaluar cómo está nuestro sistema de salud, mejorarlo desde sus estructuras. Y sí, también exigir rendición de cuentas. Sin embargo, ahora estamos ya en emergencia y estamos en una crisis que nos obliga a pensar de manera colectiva para proteger la salud de todas y todos los peruanos, ya que solo de manera colectiva podremos frenar el avance del virus.
Después de múltiples insistencias fallidas desde el gobierno para que nos quedemos en casa, este domingo 15 de marzo, con un decreto de supremo en mano (DS N° 44-2020), el gobierno salió a anunciar que entrabamos en estado de emergencia por 15 días.
Sobre los estados de emergencia, la Constitución (artículo 137°) establece que se pueden decretar solo en 4 supuestos: 1) perturbación de la paz, 2) del orden interno, 3) de catástrofe, o 4) graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.
¿Estamos en alguno de estos supuestos? Sí, es una pandemia que puede originar una catástrofe que ya está afectando de manera grave la vida de nuestra nación.
«Si se incumple el estado de emergencia pueden retenerte hasta por cuatro horas, pero bajo ningún motivo pueden hacer un uso desmedido de la fuerza ni violentar otros derechos, ejercer malos tratos o tortura, ni pueden agredirte sexualmente. Las agresiones de la policía o de los militares no están permitidas.»
Y también la Constitución señala que solo pueden restringirse cuatro derechos: 1) la libertad y la seguridad personales, 2) la inviolabilidad del domicilio, 3) la libertad de reunión y 4) la libertad de tránsito en el territorio. En el texto del decreto supremo se señala que se han suspendido los cuatro. ¿Pudo haber suspendido menos? Sí. Por ejemplo solo tres derechos o dos. Pero dada la gravedad el gobierno ponderó entre el derecho a la salud de miles de personas y estos cuatro derechos, y optó por la suspensión. Sin embargo, solo se han restringido esos cuatro derechos. No se han suspendido derechos tales como la integridad, el derecho a una vida libre de violencia, el debido proceso o el acceso a la justicia, solo por poner unos ejemplos.
Dos días después, debido a que las restricciones impuestas no eran del todo cumplidas, el gobierno dictó, dentro del estado de emergencia, el aislamiento social obligatorio, es decir no se puede salir entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Como todo en el derecho, la norma siempre tiene sus excepciones y están también están detalladas en el nuevo decreto.
Un punto importante a resaltar sobre el estado de emergencia en el que nos encontramos, es que la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas están autorizadas a intervenir para hacer efectiva la restricción de estos derechos. Sin embargo, es imperativo señalar que estas dos instituciones no están facultadas a ir más allá de la restricción de estos 4 derechos y, además, están obligadas a actuar siempre bajo las reglas del uso debido de la fuerza y de la Constitución. Así, si se incumple el estado de emergencia pueden retenerte hasta por cuatro horas, pero bajo ningún motivo pueden hacer un uso desmedido de la fuerza ni violentar otros derechos, ejercer malos tratos o tortura, ni pueden agredirte sexualmente. Las agresiones de la policía o de los militares no están permitidas dentro del estado de emergencia.
Si se cometen abusos o se violentan otros derechos en estado de emergencia, las garantías nunca se suspenden (artículo 200° de la Constitución) y sí se puede interponer un habeas corpus, proceso constitucional para defender los derechos relacionados con la libertad ante un juzgado penal, no se necesita abogada ni abogado, e incluso se puede interponer verbalmente. Si hubiese abuso de autoridad, si te golpean o y si ejercen malos tratos o tortura, también acudir a una comisaría para denunciar, y si sientes que no te da seguridad la comisaría, puedes acudir al Ministerio Público, ya que las fiscalías de turno también están trabajando en estos tiempos.
Hay que entenderlo, se trata de cumplir las restricciones. Es decepcionante ver que el primer día de la inmovilización obligatoria hubo 462 personas detenidas, si bien es un número insignificante, da cuenta de que las medidas no son acatadas. Sin embargo, también preocupa por el lado del gobierno, ya que las detenciones masivas aseguran un contagio masivo del Covid19. Vemos que urgen medidas más persuasivas y efectivas; la prepotencia, el golpe, el maltrato, la tortura y el hacinamiento, no solo violan derechos humanos, si no que nuestra historia reciente ya nos ha demostrado que no son eficaces. Y necesitamos de manera urgente medidas eficaces.
Estamos en un círculo vicioso, mientras no se cumplan todas las restricciones dadas, mayores serán las restricciones que se impongan. Y si el aislamiento social no funciona todo el esfuerzo será en vano. Será en vano el esfuerzo de la gente que sí está cumpliendo con la restricción y será en vano el esfuerzo de un país entero que está frenando de manera drástica su economía, que la está arriesgando incluso, para afrontar esta pandemia.
«Necesitamos unas nuevas reglas de juego de todo el país que protejan más a la ciudadanía y que garanticen un Estado que proteja de manera efectiva el derecho a la salud de las personas más vulnerables.»
Mientras escribo estas líneas, acaban de confirmar la muerte de tres peruanos. Lamentablemente, conforme pasan los días podrán haber muchas más muertes. Frente a esta pandemia ningún país en el mundo estuvo preparado. Tampoco el nuestro.
Si nos damos cuenta, nuestra Constitución (la norma que reconoce los derechos fundamentales de la ciudadanía y que organiza la conformación del Estado) no preveía este tipo de catástrofes. En realidad, ninguna Constitución del mundo lo hacía. Por eso, cada día nuestro gobierno publica nuevas normas tratando de afinar y mejorar las anteriores. Lo bueno es que el gobierno está haciendo un esfuerzo por brindarnos información. Y esto, no solo es asegurar un derecho humano, sino que genera confianza y nos hace sentir como lo que en verdad somos en medio de toda esta crisis mundial: parte de la solución.
Sin embargo, también persiste la incertidumbre. Solo por citar uno de los ejemplos más graves, a la fecha no queda claro como protegerán la salud de los pueblos indígenas. En el caso de los pueblos de la Amazonía, ya su derecho a la salud era violentado desde mucho antes, algunas comunidades incluso, como es el caso de las comunidades de San Pedro y Cuninico en Loreto que por su gravedad, tienen hace tres años medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; lamentablemente, a la fecha el Estado no solo no les ha garantizado acceso a agua limpia, sino que ni siquiera tienen un centro de salud en su comunidad. Solo estas dos comunidades para trasladarse al centro de salud más cercano tiene que navegar dos horas. Esta lejanía de los centros de salud se repite para miles de comunidades amazónicas, y la gravedad se potencia debido a los metales pesados que acumulan en la sangre producto de décadas de derrames de petróleo impunes. ¿Cómo hará el gobierno en esos casos? Hasta ahora no lo sabemos, ¿Cómo aplicará en las comunidades la cuarentena obligatoria? El gobierno aún no lo dice.
Saldremos muy golpeadas y golpeados de esta pandemia. Y al salir, el Cambio Climático está a la vuelta de la esquina (o mejor dicho, ya está acá). Nuestra actual Constitución tampoco está preparada para afrontarlo. Necesitamos unas nuevas reglas de juego de todo el país que protejan más a la ciudadanía y que garanticen un Estado que proteja de manera efectiva el derecho a la salud de las personas más vulnerables.
Hoy que andamos sobresaturadas con las cifras de lo que se nos viene, sabemos que con menos de 700 camas de cuidados intensivos en todo un país de 32 millones de habitantes, y sabemos también más que nunca que la salud pública nunca fue la prioridad de nuestros gobiernos, por el contrario lucraron con esta. Y las consecuencias de esa desprotección de un derecho humano primordial arrastrada por décadas, las vamos a ver de la manera más cruenta en los próximos días.
