Escribe: Marcela Huaita Alegre [1]
Las consecuencias de la pandemia en la vida cotidiana de las mujeres son y siguen siendo graves, muy graves. No sólo ha significado la pérdida o reducción sustantiva de sus ingresos por la crisis económica subsecuente, sino que además las ha confinado nuevamente en casa al cuidado de hijos/as, enfermos/as y personas adultas mayores, lo cual puede generar un impacto en su salud, tanto física como psicológica.[2]
El aislamiento ha significado también un rebrote de la violencia en el entorno familiar dado que la convivencia expone a las mujeres a mayores oportunidades de agresión. Esta situación que se repite en las diferentes realidades de nuestro país, puede aún ser peor cuando pensamos en nuestras adolescentes. En efecto, las adolescentes han sufrido un impacto brutal que aún no dimensionamos en el marco de esta pandemia.
Sabemos que la violencia basada en el género busca asegurar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el sistema social, asegurando la subordinación de lo femenino mientras que otorga dominio y poder a una masculinidad tradicional presente en la familia, la comunidad o el propio Estado.
Así, en setiembre de 2020 la Defensoría del Pueblo informaba que entre enero y agosto de ese año se reportaron como desaparecidas 2557 niñas y adolescentes, más del doble de las mujeres adultas (1011) reportadas en dicha condición. Más aún, de los 521 menores de edad reportados como desaparecidos, el 88% eran de sexo femenino, es decir 457, lo que equivale a un promedio de 15 niñas o adolescentes diariamente desaparecidas[3]. Esta problemática guarda estrecha relación con el ejercicio de violencia física, psicológica y sexual contra ellas en su entorno más cercano. Al respecto, de acuerdo al MIMP[4], entre enero y noviembre de 2020 el número de casos de denuncia en los Centros Emergencia Mujer descendió en un 40.7% respecto del período equivalente del año anterior. Sin embargo, cuando analizamos el porcentaje de denuncias por violencia contra NNA justamente el de violencia sexual es el que se ve incrementado. Así para el 2020, las denuncias por violencia sexual contra NNA fueron el 42% respecto del total de denuncias, mientras que en el período enero-noviembre del 2021 fueron 44%.
«Nuestras niñas y adolescentes están en riesgo severo –riesgo de salir del sistema educativo, de no acceder a los servicios de salud en particular de los de salud sexual y reproductiva, de que se les rechace en el sistema de justicia, etc.– especialmente cuando las familias no son el entorno seguro y protector que la sociedad espera.»
Si bien el informe del MIMP evidencia que todos los porcentajes de denuncias de violencia sexual han crecido durante el 2020, es difícil concluir si eso se debe a que aumentaron efectivamente las agresiones de este tipo o si más bien refleja que, siendo tan grave el hecho de la violencia sexual, se prefirió buscar ayuda en estos casos más que en otros. Lo que sí se sabe, en todo caso, es que mensualmente durante el año 2020, cerca de 30 niñas indígenas fueron víctimas de algún tipo de delito sexual (violación, acoso o explotación sexual). Peor aún, se estima que en zonas rurales cada día 1 niña indígena de 10 a 14 años, es forzada a ser madre[5]. Esto último se suma a esa otra realidad que son las uniones precoces alentadas por el propio entorno familiar, que afecta sobre todo a nuestras niñas indígenas y de áreas rurales, y que son exacerbadas en escenarios de crisis y pobreza como el que venimos enfrentando. Pero la violencia también llega a las adolescentes de otros segmentos sociales, cuando por ejemplo acceden a la internet[6] y son expuestas a sospechosas ofertas de trabajo[7], aprovechando el contexto de crisis, o directamente al cyberbullying que también se ha potenciado junto con la mayor exposición de ellas a las redes sociales.
A esta violencia se suma sin duda la que es de responsabilidad del propio Estado a través de sus agentes. Esto se da, por ejemplo, cuando los servicios públicos de salud[8] no proveen de consejería, ni métodos anticonceptivos ni siquiera anticoncepción oral de emergencia frente a un riesgo de embarazo no deseado de una adolescente[9]. A eso se añade que muchas veces esa misma adolescente no puede ni sentar la denuncia de agresión sexual dado que para algunos operadores de justicia, ellas no pueden acudir por sí mismas, sino que deben estar acompañadas para poder ser atendidas, lo que constituye claramente una barrera en el acceso a la justicia, como lo reconoce la Defensoría del Pueblo[10].
Este panorama sin duda es desalentador y requiere claramente de respuestas integrales desde la sociedad y el Estado. Nuestras niñas y adolescentes están en riesgo severo –riesgo de salir del sistema educativo, de no acceder a los servicios de salud en particular de los de salud sexual y reproductiva, de que se les rechace en el sistema de justicia, etc.– especialmente cuando las familias no son el entorno seguro y protector que la sociedad espera. No les neguemos sus derechos porque al hacerlo no sólo estamos condenando su presente sino también su futuro.[11]
