El nuevo Plan de Derechos Humanos aborda cuatro problemas que enfrentan en la actualidad las mujeres peruanas: i) violencia, ii) poca participación en cargos de toma de decisión, iii) ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, y iv) acceso al trabajo. En términos generales, el nuevo plan presenta algunos avances respecto de su antecesor. No obstante, existen aspectos que pueden ser perfeccionados y mejoras a realizar.
Las cifras respecto de los problemas que enfrentan las mujeres peruanas son poco alentadoras. En 2017, fueron registrados 121 feminicidios por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Según una encuesta de 2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 68.2% de mujeres había sido víctima de violencia por parte de su pareja. Esa misma encuesta mostró que solo 38.9% de mujeres utilizaba métodos anticonceptivos modernos. Otro estudio del INEI evidenció que, para el 2017, la tasa de participación de mujeres en cargos de importancia política continuaba siendo baja, llegando a 2.8% en el caso de las Alcaldías. Además, dicho estudio mostró que 31.5% de mujeres no tenía ingreso propio en el 2016 y ganaban 29.2% menos que sus pares masculinos.
Frente a este panorama, el Plan Nacional ha adoptado los siguientes objetivos:
- Reducción de la violencia contra la mujer: A diferencia de su antecesor, que se concentró sobre todo en temas normativos, el nuevo plan se propone reducir la tolerancia social respecto de la violencia contra la mujer y promover la implementación de servicios estatales de calidad para la atención de mujeres víctimas de violencia. El problema, respecto al primer punto, es que no especifica cuáles serán en concreto las “estrategias preventivas” para reducir el nivel de tolerancia. En cuanto al segundo punto, no incluye dentro de sus acciones para mejorar la atención de este tipo de casos a dos actores esenciales en ellos: los fiscales y los jueces. No obstante, resulta positivo la inclusión dentro de sus acciones de otros actores, como la policía y el personal de salud. También es positivo que se plantee un indicador como el número de feminicidios para medir al 2021 los avances respecto de este objetivo.
- Participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones: En esta materia, se propone fortalecer las capacidades de las mujeres en participación política e implementar acciones afirmativas para garantizar su presencia en cargos de decisión en el sector. Esta última acción ya estaba prevista en el anterior plan de derechos humanos. El problema es que solo se orienta al Poder Ejecutivo, pues solo respecto de este poder plantea la elaboración de una propuesta normativa de cuota de género. Ello a pesar de dentro de sus indicadores de evaluación están los porcentajes de participación no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso, Gobiernos Regionales y Alcaldías. Sin embargo, el sector público no se limita a estas instituciones. La pregunta es: ¿dónde quedaron las acciones para el resto.
- Ejercicio de derechos sexuales y reproductivos: Probablemente, esta es la sección donde se plantean mayores mejoras, pues se propone garantizar a las mujeres el acceso del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) y de anticonceptivos modernos, y garantizar el acceso al aborto terapéutico. En contraste, el plan antecesor solo proponía consultas a la Organización Panamericana de la Salud sobre la AOE, determinación de métodos anticonceptivos y monitoreo de la guía de atención en casos de aborto terapéutico.
- Ingresos propios para las mujeres: A diferencia del anterior plan, que limitaba su objetivo a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, este plan tiene un objetivo más amplio. En efecto, plantea como acción mejorar las condiciones para el acceso de las mujeres al mercado laboral, entre las que se encuentra reducir la brecha salarial. No obstante, preocupa que las medidas en concreto que se propone (programas de inserción laboral y capacitaciones a mujeres) solo se orienten a la inserción laboral.
Los objetivos que se plantean en el Nuevo Plan de Derechos Humanos sí pueden constituir en un futuro algunos avances en relación a los problemas que enfrentan las mujeres peruanas. Como ya señaló, uno de los principales aspectos positivos de este es la inclusión de acciones para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos y aborto terapéutico. Sin embargo, medidas positivas como esta reducen su impacto cuando tienen metas muy pequeñas. Por ejemplo, en el caso del acceso a anticonceptivos modernos, la diferencia entre el porcentaje de acceso de la línea de base y el de la meta al 2021 es de solo 2.7%. En otras partes del plan se evidencia el mismo problema.
Finalmente, cabe señalar que existen aspectos en los cuales se puede mejorar. En algunos casos, se debe concretizar más las medidas para lograr los objetivos. Ese es el caso de las “estrategias preventivas” para reducir el nivel de tolerancia de violencia contra la mujer. En otros, se debe ampliar las instituciones a las que se dirige la medida. Ese es el caso de las medidas para mejorar la atención de casos de violencia contra la mujer, que deben incluir también a operadores de justicia, y el caso de las medidas para garantizar la participación de mujeres en el sector público, que deben ir más allá del Poder Ejecutivo.
*Claudia Lovón, es integrante del área Académica y de Investigaciones del Idehpucp.
