Escribe Irene Palla (*)
Nunca se ha necesitado tanto como ahora un plan para gestionar integralmente la acogida de personas refugiadas y la integración de migrantes. Ahora, como nunca antes, las campañas políticas instrumentalizan el miedo y alimentan la xenofobia hacia la población venezolana.
No es novedoso ni inesperado que en un periodo de extrema desesperación, inestabilidad y desconfianza política -signado por el cierre del congreso, una crisis económica y sanitaria mundial, dos gobiernos de transición, un golpe institucional y casos de corrupción entre las máximas autoridades estatales-, la mayoría de las campañas presidenciales del 2021 no apunten a una propuesta constructiva para la resolución de los problemas estructurales que enfrenta el país, sino más bien al cómodo y reconfortante discurso securitista1[1] de odio contra un enemigo externo inexistente. Se distrae a las y los votantes para que miren al agujero de al lado mientras se excava un abismo en su camino.
Como explicó el sociólogo Zygmunt Bauman[2], cuando la identidad de un grupo es débil, fragmentada y cuestionada en su interior, como la ciudadanía peruana, la forma más antigua y conocida para crear unión y cohesión es la lucha en contra del otro, visto como amenaza para la existencia misma del nosotros. El nosotros en este caso existe por diferenciación del Otro: se cierra en sí mismo erigiendo fronteras, incapaz de pensar a un nosotros abierto y universal. Por lo cual, en este caso, el sentido identitario no se desarrolla a través de un proceso positivo de reconocimiento interno, compartido y común entre sus miembros, sino por contraposición negativa a lo que se percibe como alteridad, yuxtapuesta y antagónica.
No importa que dicha alteridad sea real o imaginada. La propaganda en la era del espectáculo y globalización puede, en el corto plazo, fomentar falsos temores y alimentar miedos desproporcionados, hasta convertir un niño extranjero en pañales en un peligroso enemigo de la nación contra el cual movilizar tanques de guerra, en lugar de ayuda y protección. En la sociedad del miedo y del odio, los valores y los principios fundacionales que deberían constituir la matriz identitaria de un país, y en parte contenidos en sus leyes y compromisos internacionales, pueden ser derrocados e invertidos gracias a la manipulación de la información y su perversión. Es así que la población venezolana, el segundo país con más desplazados[3] y solicitantes de asilo en el mundo[4], que debería gozar del derecho al refugio y a una protección especial por su situación de vulnerabilidad, desde los últimos cuatro años viene siendo transformada por los medios y discursos políticos en una espantosa avalancha de criminales, sin que esta especulación sea comprobada con datos e informaciones ciertas por ningún canal oficial.
«En los últimos años se ha retrocedido desde una política de acogida y bienvenida a una gestión securitista y criminalizadora, que refleja la debilidad y dificultad de un país que ha necesitado culpar al otro vulnerable e inofensivo para esconder su profunda crisis».
Parece que nada se ha aprendido de los siglos de sufrimiento y reivindicación contra la discriminación y criminalización de la alteridad, que es siempre representada por una minoría débil, en estado de pobreza y fácilmente aislable (mujeres, indígenas, quechuahablantes, afroperuanos, LGBTQ+, etc.). Menos aún parece que han servido las leyes y las políticas públicas para promover la igualdad, integración y cohesión social. En el año del bicentenario queda claro que las y los migrantes y refugiados venezolanos son la encarnación de aquel connubio entre racismo, clasismo y aporofobia que sigue siendo un problema profundamente entramado en el tejido social y en el aparato estatal, así como un fácil recurso para canalizar la frustración o un hipócrita sentimiento de unión frente a un peligro inerme.
Dicha incompetencia se evidencia también en las pocas propuestas sobre el tema, que en su mayoría son genéricas, securitistas, criminalizadoras y de total desconocimiento y contraposición con la normativa estatal o internacional. Ello obliga a estar alertas porque, frente a este panorama es evidente que no se respetarán las leyes peruanas y los tratados internacionales, y tampoco se utilizarán enfoques apropiados como el de derechos humanos, el de interseccionalidad y el de atención a los niños, niñas y adolescentes (NNA), entre otros. Igualmente aterradora es la casi total falta de mención de la voluntad de garantizar el derecho a solicitar refugio, que desde hace más de un año es peligrosamente vulnerado.
¿Qué imagen de los doscientos años de independencia se observa frente a planes de gobierno y campañas presidenciales tan deshumanizantes? En los últimos años se ha retrocedido desde una política de acogida y bienvenida a una gestión securitista y criminalizadora, que refleja la debilidad y dificultad de un país que ha necesitado culpar al otro vulnerable e inofensivo para esconder su profunda crisis. En este marco, con la excepción de un par de partidos, resulta claro el uso del fenómeno migratorio venezolano como un chivo expiatorio de las ineptitudes y carencias de partidos que fallan en garantizar e imaginar políticas integrales para sus ciudadanos y los ciudadanos extranjeros que se encuentran bajo su jurisdicción y protección.
Pueden revisar el informe completo aquí.
(*) Investigadora principal en Movilidad Humana en IDEHPUCP.
