Escribe: Alexander Benites (*)
Han pasado ya algunos meses desde la culminación de un largo y conflictivo proceso electoral, proceso que fue un ejemplo muy ilustrativo de las fragilidades que caracterizan al sistema político peruano. A lo largo de la campaña, se observaron los intentos de anular los votos de más de 100 mil ciudadanos y ciudadanas bajo la excusa del “fraude en mesa”, discurso que caló en un sector de la ciudadanía, junto con ataques exagerados contra las instituciones electorales a pesar de no haber prueba alguna de irregularidades en la competencia política. En paralelo, y sin haberse instalado el nuevo gobierno, ya las ideas de vacancia presidencial y cierre del Congreso rondaban la discusión pública, resonando hasta el día de hoy con una nueva administración ya en funciones. ¿Cómo entender estas manifestaciones? Parte de la explicación se encuentra en el bajo apoyo a la democracia en el país y el grado de legitimidad del sistema político.
El apoyo a la democracia refleja qué tanto la ciudadanía considera que las reglas que rigen el juego político son las mejores a pesar sus problemas. Esto último se refiere, centralmente, a la idea de que todas y todos los ciudadanos tienen el derecho y la posibilidad de escoger a sus representantes en elecciones libres, competitivas e institucionalizadas. Se configura, así, una apuesta colectiva: a la base, apoyar el régimen implica que cada individuo acepta que todos los demás miembros de su comunidad política tienen el mismo derecho a participar en la decisión colectiva de escoger quién debe gobernar. La igualdad como centro del apoyo al régimen.[1]
Si bien ninguna democracia del mundo cumple totalmente con esta premisa, Perú es un caso preocupante de apoyo al régimen democrático. Según los datos recopilados por el Barómetro de las Américas, el apoyo a la democracia viene a la baja en el país desde hace varios años, llegando a su punto más bajo en el 2019: menos de la mitad de las y los ciudadanos peruanos (49%) declaran apoyar al régimen democrático a pesar de sus problemas. En perspectiva comparada, el grado de apoyo se encuentra siempre por debajo del promedio regional y es uno de los más bajos de América Latina.
Fuente: Barómetro de las Américas (2019). Elaboración propia.
En números gruesos, solo tres de cada diez personas en el país apoyan al sistema político, mostrando el valor más bajo en el año 2019. En ese marco, el discurso de la vacancia y el cierre congresal se ven amplificados.
Además, el caso peruano difiere de un patrón identificado a nivel regional: la asociación entre la expansión de libertades y participación política y el apoyo al régimen de gobierno.[2] Desde hace algunos años, varios indicadores muestran el avance del país en términos de expansión de libertades y garantías a la participación política. Por ejemplo, los resultados del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), para el año 2020, muestran cómo el caso peruano obtiene puntajes importantes en su índice de democracia electoral, poniéndose al nivel de Uruguay o Costa Rica, posiblemente las democracias más consolidadas de la región. No obstante, Perú se desvía de dicho patrón, mostrando buenos avances en el primer caso y bajos niveles de apoyo en el segundo. De ahí que algunos actores políticos puedan tratar de anular la decisión de algunos sectores de la ciudadanía y no aceptar los resultados electorales, atacando el principio de igualdad de esta apuesta colectiva sin una consecuencia política verdadera.
Fuente: Barómetro de las Américas (2019) y V-Dem (2020). Elaboración propia.
En un segundo nivel, se encuentra el grado de apoyo o legitimidad que posee el sistema político. Este tiene que ver con el grado de confianza y respeto que la ciudadanía tiene por los objetos que componen el sistema; es decir, las instituciones y los actores. Así, sistemas políticos que gozan de legitimidad y confianza tienen como principal característica que los individuos apuestan por ellos incluso cuando los resultados inmediatos no son favorables, y confían en que las instituciones y representantes operaran como es debido, en la medida que poseen cualidades que los vuelven actores u objetos fiables.[3]
Sobre ello, los resultados son aún más alarmantes en Perú. El apoyo al sistema político,[4] según los datos del Barómetro, muestra bajos resultados de un año a otro. En números gruesos, solo tres de cada diez personas en el país apoyan al sistema político, mostrando el valor más bajo en el año 2019. En ese marco, el discurso de la vacancia y el cierre congresal se ven amplificados. Un contexto en el cual los objetos y actores políticos carecen de legitimidad y soporte social es terreno fértil para difundir estas narrativas.
Fuente: Barómetro de las Américas (2006-2019). Elaboración propia.
En consecuencia, entender por qué discursos como los del supuesto fraude electoral, la vacancia presidencial y el cierre congresal calan rápidamente en algunos grupos ciudadanos implica, al menos en parte, analizar los bajos niveles de apoyo a la democracia y la poca legitimidad que posee el sistema político en el caso peruano. Los resultados de estos indicadores dan luces sobre cómo ciertas reglas del juego democrático aún no son aceptadas por sectores no minoritarios, y cómo las instituciones son vistas con crítica y desconfianza. Es en este contexto que se entiende cómo ciertos actores políticos llaman a la ruptura institucional o claman fraude electoral sin mayor reparo ciudadano.
(*) Politólogo y asistente de investigación en el Área de Relaciones Institucional y Proyectos del IDEHPUCP
